Contra la criminalización del movimiento feminista en Nicaragua
Ana Quirós, agredida durante las protestas del pasado abril.
“Lo que buscan es callarnos, apagar una lucha que no se va a apagar, tratar de silenciar el feminismo, tratar de silenciar a quienes exigimos libertad y justicia y a quienes queremos que todos esos presos y presas puedan volver con sus familias, que los que están exiliados por la fuerza puedan regresar en paz a Nicaragua”.
Quien habla así es Ana Quirós, lideresa del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, expulsada del país el pasado 26 de noviembre, un día después de que el gobierno de Daniel Ortega prohibiera la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer porque, según un comunicado de la Policía “no autoriza ni autorizará”movilizaciones públicas “a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado”. Prohibición que Quirós denunció por ser contraria a la Constitución. Quirós, que tiene nacionalidad nicaragüense y costarricense, fue expulsada de manera arbitraria bajo el falso pretexto de que no podía tener doble nacionalidad.
A 25 de noviembre, “46 mujeres permanecen encarceladas y menos de la mitad han sido acusadas por crímenes de terrorismo en juicios ilegales y espurios” según declara el Movimiento Autónomo de Mujeres. Además, denuncia la impunidad con la que actúan policías y paramilitares, que han llegado a agredir a 272 defensoras en sus comunidades. 60 de ellas se han visto forzadas a desplazarse para poner a salvo sus vidas y las de sus familias. Las feministas recuerdan que numerosas mujeres que piden la liberación de sus hijos e hijas o reclaman justicia por su asesinato son hostigadas y amenazadas para que guarden silencio.
La represión del movimiento feminista por parte de Daniel Ortega no es nueva. Desde que llegó al poder en el año 2007 ya había negociado con los partidos conservadores y la jerarquía eclesiástica la derogación de la ley del aborto terapéutico. También ha tratado de impedir las manifestaciones feministas con contramarchas y ha limitado la movilidad en su recorrido. Durante su mandato ha eliminado las Comisarías de la Mujer, fundamentales para la aplicación de la ley 779 -Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres- y ha limitado las garantías de éstas al establecer una figura de mediación entre el maltratador y la mujer víctima de violencia machista.
Este año, la represión está alcanzando nuevos límites. Además de la expulsión de Quirós, al menos otras cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos están amenazadas de ser intervenidas por el Gobierno Nicaragüense, acusadas de “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país”. Algunas de estas organizaciones son socias de ONGD españolas y gestionan proyectos con fondos de la Cooperación Española.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensores de Derechos Humanos también ha denunciado que las defensoras Ana María y María Jesús Ara Sorribas, de nacionalidad española y residentes en Nicaragua desde 1985, y Beatrice Juber, de nacionalidad suiza y residente en Nicaragua desde 1996, fueron citadas el 26 de noviembre en la Dirección General de Migración y Extranjería para ser interrogadas e informadas de que debían volver a iniciar el proceso de solicitud de residencia. Las tres son parte del Colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Un mes antes, el 14 de octubre, fue detenida Haydee Castillo, conocida defensora de los DDHH, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias y que ya gozaba de medidas cautelares extendidas por la (Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de las amenazas y violencia con que el gobierno de Ortega responde a la movilización pacífica, la sociedad civil nicaragüense no cesa de reclamar sus derechos desde la noviolencia. Las críticas a un estado autoritario no disminuyen y tratan de encontrar nuevas formas de expresarse.
Los diferentes movimientos feministas nicaragüenses reclaman el cese de todas las violencias contra las mujeres, de la represión, la persecución política, la criminalización de las defensoras, la liberación de todas las presas y presos políticos así como la anulación de todos los juicios ilegales. También piden la investigación por expertos internacionales de los asesinatos cometidos desde el 18 de abril. Desde otros lugares del mundo es imposible no sentir preocupación ante este panorama y no sumarse al llamado de las nicaragüenses organizadas. Nicaragua, la población nica, merecen nuestra solidaridad internacional. El Gobierno de España no puede permanecer impasible ante las graves vulneraciones de derechos de las mujeres nicaragüenses y la represión del movimiento feminista. Debe mostrar su rechazo ante las autoridades del país y promover la condena de los organismos internacionales al gobierno de Ortega hasta el cese de las violaciones de los derechos humanos de su población.
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Rafaela Herrera: Coordinadora Española de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo. Grupo de Trabajo sobre Nicaragua – En Público.es 19/12/2018
