Corbyn apuesta por una última batalla legal contra el Brexit

Se acabó el verano de las conspiraciones alocadas y comienza el tiempo de la realidad urgente. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha dejado este martes de postularse para liderar un Gobierno de salvación que evitara el Brexit salvaje de Boris Johnson y ha aceptado explorar otras vías legales que puedan suscitar mayor consenso. El principal partido de la oposición inició conversaciones con los liberaldemócratas, nacionalistas escoceses e independientes para dar con el mecanismo parlamentario que tenga fuerza efectiva para frenar a los euroescépticos.

Resulta complicado diseñar una estrategia común contra el Brexit cuando el campo proeuropeo está plagado de desconfianzas mutuas. La nueva líder de los liberales demócratas, Jo Swinson, ascendió al mando a base de denostar el laborismo de Corbyn. Los corbynistas observan con recelo a esa joven defensora sin complejos de la UE que les puede robar parte de sus votantes tradicionales. Y los conservadores moderados saben que cavarían su propia tumba si su voto impulsara a Downing Street, aunque fuera temporalmente, a un político que, según el exagerado imaginario tory, pretende instaurar en el Reino Unido un régimen como el venezolano. Así que la propuesta-sonda lanzada por Corbyn este verano de presentar una moción de censura y encabezar un Gobierno provisional, con el único propósito de retrasar la fecha del Brexit (31 de octubre) y convocar elecciones, se deshizo antes incluso de tomar forma.

 “Lo que está claro es que la situación actual es de urgencia. No podemos perder el tiempo. Confiamos en poder actuar lo antes posible”, ha dicho Swinson después de la primera reunión con la dirección laborista, y con los nacionalistas escoceses y galeses, el Partido Verde y el Grupo Independiente por el Cambio, que lidera la diputada exconservadora Anne Soubry.

Corbyn accedió a reservar para más adelante la opción de la moción de censura y centrar en los próximos días los esfuerzos en una última batalla legal contra la promesa del primer ministro de sacar al Reino Unido de la UE en la fecha prevista, con o sin acuerdo. Es una estrategia parlamentaria ya ensayada hace meses, y que consiste en arrebatar al Gobierno la prerrogativa consuetudinaria de fijar el orden del día en el Parlamento. El pasado marzo sirvió para imponer, en contra de la voluntad de la entonces primera ministra, Theresa May, una serie de “votaciones indicativas” para elegir por descarte una alternativa al plan del Brexit. El mecanismo solo sirvió para demostrar lo dividida que estaba la Cámara.

En este nuevo intento todo podría resultar más complicado. En primer lugar, porque el tiempo apremia. Quedan apenas dos meses de maniobra, en medio de los cuales —a principios de octubre— está previsto un receso parlamentario para que conservadores y laboristas puedan celebrar sus respectivos congresos. Y Johnson dispone de un último as bajo la manga que nunca ha accedido a descartar, a pesar del conflicto constitucional que podría provocar y de la delicada posición en la que dejaría a la reina Isabel II: la posibilidad de imponer el fin del periodo de sesiones en Westminster y dejar fuera de juego durante semanas clave a los diputados británicos.

De momento, la opción más realista para la oposición es echar mano de la llamada Orden Permanente 24, el mecanismo parlamentario por el que se puede provocar un debate de emergencia en Westminster. Y aun así se trataría de una estrategia llena de condicionantes e incógnitas. En primer lugar, necesitaría de la complicidad del speaker (presidente del Parlamento), John Bercow, para darle vuelo. En segundo lugar, si lo que se pretende es pedir una extensión de la fecha del Brexit, los impulsores de la iniciativa deberían tener muy claro hasta dónde está dispuesta Bruselas a ceder, porque una postura inflexible de los Veintisiete le abriría a Johnson una vía de escape. Y en tercer lugar, confiar en que el nuevo primer ministro respete un convencionalismo tan británico como el imperio de la ley y no se salte a la torera una resolución parlamentaria que tendría fuerza legal. De lo contrario, la última palabra, contra el reloj, la tendrían los tribunales.

Aunque en la política británica, el Brexit hace ya tiempo que dejó de ser materia de discusión lógica para convertirse en un juego de apariencias, estrategia electoral, segundas intenciones y asignación de culpas. Y Johnson, quien en las últimas horas ha transmitido la idea de que Bruselas está dispuesta a contemplar sus exigencias, ha visto cómo los sondeos premian su estrategia de pretender representar la “voluntad del pueblo” frente a los intereses políticos.