Coronavirus, dengue y represión, las tres plagas de Cuba

A inicios de marzo de este año, Sacramento José Acebo pernoctó en una celda en su ciudad de residencia, Victoria de Las Tunas, al oriente del país. Hoy sigue a la espera de un juicio, que le han suspendido en dos ocasiones para mantenerlo en permanente tensión.

El tratamiento que recibió por pedir a un agente sanitario que no rompiera la cuarentena de su familia «es altamente sospechoso» para Sacramento. Pero no es de extrañar. Desde que comenzó a propagarse el coronavirus en la Isla, las citaciones e imputaciones se han vuelto comunes.

Sacramento es escritor, artista plástico, fue maestro de la Academia Provincial de Bellas Artes, y en 2019 suscribió la Carta de los Siete, iniciativa que pedía, entre otras cosas, libertad de prensa y descentralización del sistema estatal de enseñanza. Cree que esa firma fue el motivo por el que, desde hace semanas, vive bajo una gran incertidumbre por el asedio de las autoridades.

«Un inspector de la campaña contra el mosquito Aedes Aegypti (transmisor del dengue) pretendía inspeccionar mi vivienda durante la cuarentena por el coronavirus —contó—, pero mis padres ancianos son vulnerables al Covid-19, sobre todo mi madre, cardiópata extrema y que recién salía de una neumonía».

El Partido Comunista teme que «pudieran coincidir en Cuba dos enemigos potenciales muy poderosos»: el Covid 19 y el dengue. Gran humedad, lluvias y altas temperaturas; condiciones ya presentes y favorables para que el Aedes Aegypti, agente transmisor, se reproduzca en ciclos cada vez más cortos.

Según el doctor Soumaya Swaminathan, de la OMS, la mitad de la población mundial está en riesgo de padecer dengue. Datos de esa entidad afirman que en la década de 1970 el mal afectaba a nueve países, hoy es endémico en 128. Cuba es uno de ellos, pero el Ministerio de Salud Pública no ofrece suficientes detalles al respecto.

A inicios de este mes, solo en la provincia de Villa Clara aumentaron «los focos del insecto con un registro de 174, en la primera semana de mayo y un ascenso de 140 en relación con los siete días anteriores», informó en la televisión local Neil Reyes, director provincial de Salud.

Aunque en Las Tunas los números deben ser parecidos, Sacramento reprochó al inspector que no llevara ningún medio de protección, «ni siquiera un par de guantes». Y a continuación propuso inspeccionar él mismo la vivienda, documentarlo con su celular y mostrar al inspector que no existía foco alguno en su casa.

El agente sanitario se negó a dialogar y llamó a la Policía. «Al llegar la patrulla, expliqué nuevamente todo —relató el artista—, pero dijeron que debían hacer las cosas a su manera, y acabé en una patrulla hacia la estación», afectando así la cuarentena de la vivienda.

En la unidad, un oficial le informó que estaba acusado del delito de desobediencia: «Le expliqué que no he desobedecido, y que ofrecí, incluso, una solución viable para todos». Sacramento pasó más de 24 horas en una celda «para cuatro personas, donde había cinco detenidos». Sufrió hipotermia y deshidratación sin recibir asistencia médica alguna.

A su novia y a una amiga les dijeron, más tarde, que otro delito pesaba sobre él: propagación de epidemias. De tres meses a un año de privación de libertad o multa de 100 a 300 pesos, indica el Código Penal. Al día siguiente, fue liberado con medida cautelar. Policías auguraron que caería «todo el peso de la ley» sobre él. Incluso, un nuevo encarcelamiento.

Los calabozos «están llenos»

Laritza Diversent, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, alerta que, si bien los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos indican menor represión en el primer cuatrimestre de 2020 respecto al mismo periodo de años anteriores, pues recoge principalmente arrestos, «un seguimiento de lo publicado en redes sociales arroja que sí creció la represión».

«Han bajado las detenciones arbitrarias, quizás porque sectores históricamente reprimidos de la sociedad civil han disminuido las actividades con tal de mantener aislamiento social; pero han aumentado las citaciones, imposiciones de multa, levantamiento de actas de advertencias, interrogatorios, amenazas», explica la directiva de Cubalex, ONG de asesoramiento legal.

«También se observa que la represión en estos dos últimos meses se ha generalizado a casi toda la ciudadanía —apunta Diversent—. Activistas detenidos hablan, por ejemplo, de que los calabozos están llenos de personas».

En lo que va de 2020, Cubalex documentó 45 incidentes, reportados por 34 personas. Casi la mitad ocurridos en abril. Ese mismo mes fueron aplicadas 12 multas en virtud del Decreto Ley 370.

El 11 de marzo se dieron a conocer los primeros casos del nuevo coronavirus en Cuba —en el momento de publicar este artículo, había 1.963 personas contagiadas y 82 muertos—, y ese mismo día la joven periodista Camila Acosta tuvo que presentarse en la estación de Zapata y C, municipio Plaza. Allí fue interrogada por su trabajo por un agente del Departamento de la Seguridad del Estado (DSE). Los riesgos de ser periodista en un país que admite el oficio solo desde la oficialidad.

El 27 de marzo Camila fue interrogada en otra unidad. La esperaba un oficial del DSE, Alejandro, junto a inspectores del Ministerio de Comunicaciones que impusieron a la reportera del diario Cubanet una multa de 3.000 pesos (120 dólares, en un país donde el salario medio ronda los 30 dólares) por «violar» el Decreto Ley 370, que, entre otras cosas, castiga a los ciudadanos por sus comentarios en redes sociales.

«Ese mismo día, Alejandro ordenó ponerme un acta de advertencia por el falso delito de violación de domicilio. Y sin tener pruebas o testigos, el oficial de la Policía así lo hizo», relata.

Días después, cuatro médicos llegaron a su casa pasadas las 10:30 de la noche, por la presunta denuncia de un vecino porque «yo presentaba síntomas respiratorios agudos o coronavirus. Eran tres hombres y una mujer, que tenían mi nombre, dos apellidos, número telefónico y dirección exacta».

«Ningún vecino me conoce y menos sabe tantos datos míos, pues en ese momento llevaba viviendo acá pocas semanas», dice Camila y recuerda que ni siquiera le aplicaron pruebas físicas para saber si presentaba los síntomas denunciados. Camila no fue con ellos; cree que la intención era aislarla en un centro médico.

A la semana siguiente, un Policía llegó a su casa con una citación, pero la periodista no aceptó el documento. Para ese entonces, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) pedía a los ciudadanos mantenerse en casa y romper así la cadena de transmisión del Covid-19; sin embargo, el acoso arreciaba.

El Decreto-Ley 370, un arma de «planificación bien detallada y silenciosa»

Michael Kozak, encargado para el Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense, ha dicho en más de una ocasión que el Gobierno cubano usa la pandemia para aumentar la represión. Laritza Diversent cree lo mismo. «La imposición de multas, de ser una de las agresiones menos utilizadas, pasó a ser de las más empleadas», especialmente por el Decreto-Ley 370, que contempla también decomisos de celulares o computadoras por postear en redes sociales contenido «contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

Tal amplitud conceptual permite que las autoridades actúen discrecionalmente. La disposición legal entró en vigor en julio de 2019 y comenzó a aplicarse el 13 de enero de 2020, pero se firmó en diciembre de 2018, cuando el Gobierno abrió el acceso a internet mediante la tecnología 3G en la telefonía móvil.

«El 370 impacta negativamente en el ejercicio de la libertad de expresión a través de internet. Este Decreto Ley no es solo una norma puesta en vigor deliberadamente, sino parte de una planificación bien detallada y silenciosa», considera.

Aunque Cuba cuenta con poca penetración de internet, el aumento paulatino de ese indicador ha provisto a la ciudadanía de una suerte de «plaza pública» en las redes sociales para verter sus denuncias, como reemplazo de los inútiles mecanismos «reales» de rendición de cuentas del poder. Y, cada vez más, ante dificultades para hacer su trabajo en el terreno, muchos medios optan por nutrir su parrilla de cuestiones visibilizadas en Facebook, la red más usada en Cuba.

«Lo hemos visto en las largas colas de las tiendas, por ejemplo, donde hay policías que multan a los ciudadanos por tirar fotos —asegura Camila—. Para mí, se trata de un momento de decadencia, de asfixia total del sistema y, como hemos solido ver en los casos de los regímenes totalitarios, en circunstancias como esta, aumentan la represión como forma de sostenerse en el poder».

En Facebook se han desarrollado campañas exitosas. Contra la vigencia del Decreto Ley 349, que limitaba la creación artística, sobre las opciones de voto en el referendo constitucional de 2019 con el #YoVotoNo o #YoNoVoto, para el cierre de fronteras ante el contagio del nuevo coronavirus en marzo.

Igualmente, el virtual ha sido un medio para convocar acciones en el espacio físico, como los trashchallenge en el litoral habanero o el movimiento contra al sacrificio de perros callejeros por la visita de los Reyes de España a la capital en 2019. Algo sin precedentes en las últimas seis décadas, y el Gobierno ha reaccionado.

Desde ahí también surgieron iniciativas para enfrentar el Decreto Ley 370. El #Challenge370 llenó por días los perfiles de Facebook de muchos cubanos dentro y fuera del país. Se fotografiaban con un cartel donde manifestaban su rechazo al 370 y lo posteaban.

En un interrogatorio al que fui sometido el pasado 22 de abril, el primer teniente Alexander, del DSE, afirmó que el 370 «es una normativa para toda la ciudadanía». Sin embargo, los números no mienten: de los más de 20 multados, 18 son periodistas y activistas opositores.

La aplicación a esos sectores es estratégica, dice Diversent. Crea el efecto ejemplarizante para el resto de la sociedad cubana. «En ese sentido, sí puede decirse que es una normativa para toda la ciudadanía, por el efecto inhibitorio y de autocensura que genera la aplicación de esta norma».

Laritza Diversent sabe que la libertad de expresión es un derecho imprescindible para el ejercicio de otros; por ejemplo, la libertad de asociación o la participación en la formulación de políticas públicas o educativas. En el espacio virtual el ejercicio de estos derechos se magnifica.

«Una persona en redes sociales amplía sus contactos, puede interactuar en tiempo real con quienes están en otros lugares —afirma—. Es decir, las redes sociales ayudan a las personas a asociarse, reunirse y manifestarse, y entre ellas difunden mensajes que impactan en el Gobierno y pueden trascender al espacio físico».

Y es en ese espacio físico, precisamente, donde además de la pandemia de Covid-19 y la amenaza del dengue, los cubanos tienen que convivir con la renovada plaga de la represión, que no mengua hace seis décadas.