Crecen las detenciones a los activistas por el No a la Constitución
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos sitúa los arrestos de enero en 179 y la CCDHRN en 144
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, ha denunciado este lunes la «creciente agresividad de la policía contra los activistas que se manifiestan pacíficamente por el No a la Constitución» coincidiendo con la presentación del informe de detenciones arbitrarias correspondiente al mes de enero.
El número de este tipo de arrestos en el primer mes del año es de 179, una cifra superior que la proporcionada por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), que registra 144 en el mismo periodo de tiempo.
Según el Observatorio, la policía detuvo a decenas activistas que promovían el No a la Constitución o realizaban actos pacíficos para mostrar su desaprobación con el texto.
«El Estado está aplicando su poderosa maquinaria propagandística y policial para aplastar cualquier disidencia en torno a la nueva Constitución»
«El gobierno de Miguel Díaz-Canel ha prohibido cualquier alusión al No en los medios de comunicación y persigue policialmente a los activistas que intentan pedir el voto negativo en absoluta desventaja de medios y recursos», dice el organismo en una nota de prensa.
«El Estado está aplicando su poderosa maquinaria propagandística y policial para aplastar cualquier disidencia en torno a la nueva Constitución. Por tanto, reiteramos que el referéndum del 24 de febrero no cuenta con las mínimas garantías democráticas. Alertamos a la comunidad internacional sobre la inminencia de nuevos episodios represivos contra la sociedad civil independiente, en la medida en que se acerca el referéndum y a tenor de la crítica situación de la ciudad de La Habana, después del paso del destructivo tornado», denunció Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La red de observadores que proporciona datos a la organización desde la Isla contabilizó 94 acciones represivas contra mujeres y 85 contra hombres, siendo La Habana, Matanzas y Villa Clara las provincias más afectadas.
El OCDH también ha expresado su preocupación por la respuesta del Gobierno, dificultando o impidiendo el acceso de la ayuda humanitaria civil a las zonas afectadas por el tornado del domingo 27 de enero en La Habana.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional también hizo públicos sus datos de este enero hoy, y advierte, en su informe, de la permanencia del hostigamiento y las agresiones físicas contra los activistas cubanos, «orquestados por la poderosa y ubicua policía política secreta».
Este número de arrestos, «generalmente de corta duración», es inferior a la reportada en diciembre pasado, cuando la CCDHRN recibió denuncias de 244 detenciones arbitrarias. El informe incluye también «21 casos de hostigamiento y 4 agresiones físicas, que se achacan a la actuación de la Seguridad del Estado, «instrumento de control social e intimidación ampliamente utilizado por el régimen».
La organización transmite su preocupación por «el prolongado internamiento del líder político democristiano Eduardo Cardet, quien debió ser excarcelado, de manera anticipada, desde hace meses». El rostro más visible del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) forma partede los más de «cien prisioneros políticos sometidos a condiciones infrahumanas», precisa el informe.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado la ley cubana por castigar con penas de uno a cuatro años de prisión a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido
En el texto, la CCDHR también lamenta la condena contra Hugo Damián Prieto, quien fue encarcelado por un año por el delito de «peligrosidad predelictiva». La organización advierte que el opositor «sufre de diversas dolencias en su sistema digestivo, contraídas en diversos internamientos carcelarios» anteriores.
Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado la ley cubana por castigar con penas de uno a cuatro años de prisión a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido, según los artículos 73 al 84 del Código Penal.
A lo largo de 2018 la CCDHRN contabilizó 2.873 arrestos arbitrarios en la Isla, unos 240 al mes. La entidad independiente denunció además el acoso a los activistas que solo «trataron de ejercer elementales derechos civiles y políticos».