Cuba: El restablecimiento de la sociedad civil, necesidad insoslayable
La sociedad civil existió en Cuba desde la época colonial, se desarrolló durante la República, desapareció después de 1959 y está en proceso de resurgimiento.
Si por sociedad civil se entiende un conjunto de asociaciones autónomas, espacios públicos, derechos y libertades mediante las cuales los ciudadanos intercambian opiniones, toman decisiones y participan en los asuntos políticos, económicos y sociales de su interés, sin más autorización que las que emanan de las leyes, entonces tenemos que convenir que esa institución existió en Cuba desde la época colonial, se desarrolló durante la República, desapareció después de 1959 y está en proceso de resurgimiento.
Desde la primera mitad del siglo XIX figuras ilustres como el padre Félix Varela, quien llamó a la Cátedra de Constitución del Seminario San Carlos «cátedra de la libertad, de los derechos del hombre» y se empeñó en la formación de virtudes; José Antonio Saco, que desde la Revista Bimestre Cubana generó un debate forjador de conciencia cívica; Domingo Delmonte, quien al clausurarse ese medio y otros espacios encontró en las tertulias la forma de continuar los debates sin permiso de las autoridades; y José de la Luz y Caballero, quien se consagró a la educación cívica como premisa de los cambios sociales, forjaron con su labor el terreno para la participación ciudadana. Sobre ese suelo, en 1878, cuando España en cumplimiento de los acuerdos del Pacto del Zanjón concedió a Cuba las libertades de prensa, reunión y asociación, brotó la sociedad civil cubana: partidos políticos, periódicos, sindicatos, asociaciones de negros, fraternales y de diversa índole.
Con el nacimiento de la República en 1902, la sociedad civil, extendida por todo el país, participó en las luchas sindicales, campesinas, estudiantiles y en los debates de la intelectualidad sobre los problemas que aquejaban a la nación a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. Su importancia fue destacada por Fidel Castro en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada en 1953 cuando al referirse a las limitaciones que la sociedad civil sufrió con el golpe de Estado de 1952 dijo: «Había una vez una república. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya solo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo».
Desaparición de la sociedad civil
La revolución de 1959 convertida en fuente de derecho, en vez de restablecer plenamente la Constitución de 1940, la sustituyó sin consulta popular por la Ley Fundamental del Estado Cubano e inició un proceso fatal para la sociedad cubana: la concentración de poder, la eliminación de la propiedad privada y el desmontaje de la sociedad civil.
Las organizaciones que lucharon contra el gobierno de Fulgencio Batista se fundieron en las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), que en 1963 se convirtieron en el Partido Unido de la Revolución y en octubre de 1965 en el Partido Comunista de Cuba (PCC). El diverso movimiento juvenil desapareció para dar paso primero a la Asociación de Jóvenes Rebeldes y luego a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Las asociaciones femeninas de todo tipo se convirtieron en la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Las asociaciones de estudiantes universitarios en la FEU y las de nivel preuniversitario en la Unión de Estudiantes Secundarios. El movimiento obrero fue intervenido, mientras la autonomía universitaria, que había sido refrendada en el artículo 53 de la Constitución de 1940 desapareció con la reforma universitaria de 1962. (Ese artículo rezaba: «La Universidad de La Habana es autónoma y estará gobernada de acuerdo con sus Estatutos y con la Ley a que los mismos deban atemperarse».)
Las asociaciones de empleadores corrieron la misma suerte. La Asociación de Hacendados de Cuba, la Asociación de Colonos de Cuba, la de Cosecheros de Tabaco y la Asociación Nacional Campesina fueron sustituidas por la Asociación Nacional de Colonos, la que luego pasó a denominarse Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
La prensa escrita, radial y televisiva, la enorme red de cines, la producción editorial y las instituciones culturales quedaron limitadas a la frontera establecida desde el poder con la intervención del jefe de la Pevolución en el Congreso de Cultura de 1961, cuando preguntó: «¿Cuáles son los derechos de los escritores y de los artistas revolucionarios o no revolucionarios?» Y se respondió así mismo: «Dentro de la Revolución: todo; contra la Revolución ningún derecho… Y esto no sería ninguna ley de excepción para los artistas y para los escritores. Este es un principio general para todos los ciudadanos»
Las organizaciones que integraron la sociedad antes de su desmantelamiento no eran subordinadas al Estado ni a los gobiernos de turno. Eran autónomas, condición ineludible sin la cual no habrían podido desempeñar el papel que tuvieron en la República. La subordinación se concretó con la Constitución de 1976. El artículo 5 estipula que el Partido Comunista «es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado». En correspondencia, el artículo 53 reconoce la «libertad de palabra y de prensa conforme a los fines de la sociedad socialista» y el 62 define que «ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista».
La sociedad civil resurge
El resurgimiento de la sociedad civil emerge del estancamiento y retroceso en la economía, de la generalización de la corrupción causada por la insuficiencia de los salarios, del éxodo creciente de los cubanos y del envejecimiento poblacional debido a la diáspora y a la negativa de las cubanas a parir en esas condiciones, al extremo de situar al país ante la disyuntiva de cambiar o estallar por medio de la violencia. Ello demuestra que la crisis estructural en que Cuba está inmersa tiene su causa fundamental en la ausencia de las libertades fundamentales, en el desmantelamiento de la sociedad civil autónoma y la ausencia del ciudadano.
Sin embargo, en el proceso de normalización de relaciones con EEUU y en víspera de la participación de Cuba por vez primera en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá, el Gobierno cubano en vez de reconocer el papel que paralelo al Estado le corresponde a la sociedad civil autónoma, insiste en demostrar lo obsoleto, absurdo e indemostrable: que cualquier asociación que no responda a los objetivos del PCC es una creación externa y sus miembros asalariados del enemigo.
En la III Cumbre de la CELAC, en Costa Rica, el 28 de enero de 2015, el presidente cubano, Raúl Castro, planteó que «La contraparte estadounidense no debería proponerse relacionarse con la sociedad cubana como si en Cuba no hubiera un gobierno soberano». Un planteamiento retrógrado dirigido a continuar negando la existencia de sectores de la sociedad civil que no están bajo el control del Gobierno. Y en la Novena Cumbre Extraordinaria del ALBA, celebrada el 17 de marzo, reiteró que: «La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones».
En correspondencia con esa conducta, el Partido y el Estado han movilizado en estos días a cientos de asociaciones oficialistas en el «Foro de la sociedad civil de la VII Cumbre de las Américas», y en el foro «La Juventud y las Américas que queremos», así como entre otros eventos, para defender un pasado indefendible, sin comprender ni aceptar que, incluso en esas asociaciones oficialistas —como se evidenció en los eventos mencionados— se escucharon voces plantear que era necesario «propiciar el debate y crear sitios donde puedan confrontarse los criterios de la sociedad civil para derivar en una construcción colectiva de los temas del país».
La normalización de las relaciones con EEUU no será suficiente para sacar al país de la crisis si la misma no se acompaña con el restablecimiento de las libertades fundamentales. De lo que no cabe duda es de que esas relaciones coadyuvarán al empoderamiento ciudadano y al restablecimiento de la sociedad civil autónoma y de la condición de ciudadano.