Daniel Ortega, enquistado en el pasado
La tensión entre Managua y Washington ha entrado en hervor. El presidente Daniel Ortega ordenó a la Asamblea Nacional de Nicaragua —un órgano sin autonomía cuyos diputados obedecen directamente las órdenes del mandatario— que aprobara en un suspiro la denominada Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, con la que pretende revivir una vieja demanda ya caducada ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos y exigir a Washington una millonaria indemnización en compensación por los daños causados al país en la década de los ochenta del siglo pasado, cuando Estados Unidos financió una guerrilla que pretendía derrocar al Gobierno sandinista, iniciando una guerra civil que dejó miles de muertos y a esta pequeña nación en ruinas.
La decisión de Ortega se da como respuesta a la aprobación por parte del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de una iniciativa de ley que impone sanciones económicas al Gobierno sandinista, como una medida de presión para que Managua respete los derechos humanos, combata la corrupción y garantice elecciones libres y democráticas.
La iniciativa, conocida como Nicaraguan Investment Conditionality, o Nica Act, ha sido impulsada por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y su colega demócrata Albio Sires, y establece que Estados Unidos puede vetar préstamos que organismos internacionales otorguen a Nicaragua, aunque lo que más preocupa al Gobierno de Ortega, a decir de analistas consultados en Managua, es que la ley ordena al Departamento de Estado investigar a altos funcionarios del Gobierno nicaragüense involucrados en actos de corrupción y hacer públicos sus nombres, 90 días después de que se apruebe la legislación. Nica Act podría ser discutida por la Cámara de Representantes en septiembre, una vez que los legisladores estadounidenses regresen de vacaciones.
Al presentar la iniciativa de ley la semana pasada, Ros-Lehtinen dijo que «hasta que el Gobierno (de Ortega) comience a implementar algunas reformas, no debería haber ninguna razón para que Estados Unidos apoye al régimen de Ortega recibiendo más dinero, mientras sigue violando los derechos humanos, ignorando el Estado de derecho y perpetuando elecciones fraudulentas». La respuesta del Gobierno de Ortega fue inmediata y en un comunicado informó de que «rechazaba» y «condenaba» la iniciativa, considerándola una «injerencia imperial de Estados Unidos en Nicaragua». Además, anunciaba que había «iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a Estados Unidos, el pago de la indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales». Esos recursos, agregó el Gobierno, «se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo».
En los años ochenta del siglo pasado la CIJ aceptó una demanda de Nicaragua contra Estados Unidos por daños causados por actividades paramilitares y militares financiadas por Washington, que pretendía derrocar al Gobierno sandinista impuesto tras el triunfo de la revolución contra la dictadura de Somoza. Managua reclamaba reparaciones económicas, pero tras la apertura democrática de 1990, cuando Violeta Chamorro derrotó en las urnas a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, el nuevo Gobierno decidió «renunciar a todos los demás derechos de acción basados en el caso», no seguir adelante con el procedimiento y solicitó a la Corte descontinuarlo. El Gobierno de Chamorro necesitaba en ese entonces del apoyo internacional y de organismos financieros para levantar de las ruinas a una nación sembrada de cadáveres, destruida por la guerra civil y sumida en el caos. Al ser consultada por los periodistas sobre la reapertura de la demanda, la embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, dijo que el «caso terminó hace décadas», pero que «Nicaragua tiene el derecho de hacer lo que quiera».
A finales del año pasado el gobierno de Ortega contrató a la firma de cabildeo The Gephardt Group, con sede en Washington, para mejorar las relaciones de Managua con el gobierno estadounidense. El contrato tiene un valor de 35.000 dólares mensuales, se vence en diciembre, y establece que representantes de la firma mantendrán reuniones con congresista y representantes del Ejecutivo estadounidense para mejorar las relaciones económicas y políticas con Estados Unidos.
El Gobierno de Ortega también inició un acercamiento con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para mejorar el sistema electoral en Nicaragua y dar garantías mínimas de transparencia ante las elecciones municipales previstas para noviembre. Las negociaciones, sin embargo, no han dado frutos y el proceso está estancado. Así es que Ortega, en lugar de prometer una apertura democrática para enfrentar la amenaza de sanciones de Washington, ha echado mano de un discurso trasnochado para apelar al nacionalismo de los nicaragüenses. Mientras el país se sume en la incertidumbre, Daniel Ortega se queda enquistado en el pasado.
