De Ortega a Bukele: Testimonios de cómo se esfuma la democracia

En buena parte de Centroamérica la democracia pende de un hilo o ya se perdió. Desde la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, hasta el autoritarismo de Nayib Bukele, quien busca quedarse en el poder. Desde la izquierda y la derecha, el patrón ha sido similar de persecución a jueces, fiscales y periodistas que han enfrentado el poder presidencial.

En Guatemala, la Sociedad Interamericana de Prensa destacó que a 2023, el uso desmedido del sistema judicial para silenciar a periodistas y disidentes, hizo que la intimidación y la censura aumentara.  El mismo informe reveló que Nicaragua quedó en el último puesto de países donde no hay libertad de expresión. En El Salvador, la Asociación de Periodistas de El Salvador y Humans Rights Watch, denunciaron más de 400 agresiones contra la prensa y la cooptación de las instituciones judiciales por parte del gobierno de Nayib Bukele.

Dos testimonios, de una fiscal y un periodista, muestran que independientemente de la ideología del régimen, la pérdida de libertad empieza con la pérdida de la información y la justicia.

Nicaragua: periodismo de catacumbas

En Nicaragua, el Presidente Daniel Ortega va en su quinta reelección luego de que  reformara la constitución para eliminar los límites a ser reelegido. El hijo del presidente ha tildado a los periodistas de “delincuentes, mercenarios y traidores a la patria” y los allanamientos a los periodistas no presentan órdenes judiciales ni justificaciones. 

En las protestas de 2018 contra el régimen más de 300 manifestantes antigubernamentales fueron reportados muertos, entre ellos niños y adolescentes. En 2022, La Unión Europea, sancionó a varios funcionarios de su gobierno y tildara a Ortega de responsable de socavar la democracia.

Víctor Manuel Pérez trabaja en el ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). También dirige su propio medio de comunicación llamado “Intertextual” que es un medio de diversidad sexual, pero también hace investigaciones sobre el exilio en el que están miles de nicaragüenses. Ésta es la historia que lo llevó al exilio.

Cuando me generaron una orden de captura todavía no existía la ley que se inventó Ortega que es la Ley de Ciberdelito. Es una ley que ahora están aplicando a opositores y periodistas. En mi caso fue una orden por una denuncia de difamación. La ley dice textualmente que cualquier daño moral o psicológico o personal que se haga a cualquier persona con la información que un periodista saque, puede ser denunciado y dar mínimo 8 años de cárcel. Así que antes del 2018, cuando se aprueba la nueva ley de ciberdelito por la Asamblea controlada por Ortega, se giraban órdenes de captura por delitos comunes. Pero ahora la persecución es mucho más directa.

Hoy en día, el periodismo nicaragüense se hace desde el anonimato. Los periodistas no marcan sus notas, no están en conferencias de prensa y si están lo hacen con seudónimos y no salen a la calle a dar cobertura. Nosotros le decimos periodismo de catacumbas, que es un término que se oía cuando estábamos en guerra. Volvimos a retomar esta forma de hacer periodismo lastimosamente en un contexto que no tenemos guerra, un contexto -y lo lo digo entre comillas- de “paz”.

Pero creo que después de 2018, como el estallido social fue tan masivo y los periodistas independientes salimos a dar cobertura, la población empezó a confiar mucho más en el periodismo independiente. Así el estado nos tachara de periodistas de derecha sencillamente porque no dábamos cobertura a sus propagandas o porque no nos permitían el acceso a conferencias de prensa.

Los medios sobrevivimos por la confianza de la población nicaragüense. En este momento, según nuestro conteo, somos más de 40 medios de comunicación independientes, completamente virtuales porque en Nicaragua no tenemos ni medios televisivos, ni medios radiales, ni medios impresos independientes. Incluso la misma población sandinista se informa con lo que nosotros decimos, porque saben que lo que dicen los medios oficialistas es solamente propaganda.

Otra realidad que se nos esfuma al periodismo nicaragüense es que no tenemos universidades que estén dando periodismo. La última universidad que tenía escuela de comunicación era la UCA que fue cerrada y en este momento no está dando clase. El resto de universidades que han sido despojadas de su personería jurídica eran en su mayoría universidades que tenían escuelas de comunicación. En este momento no se están preparando jóvenes periodistas.

Yo sí tengo miedo todavía. Ya el régimen nos tiene bien mapeados y se está yendo contra nuestros familiares que siguen dentro de Nicaragua. Hay persecución, hay vigilancia. También debo decirte algo que está pasando en Costa Rica, donde hay muchos exiliados, y es que el régimen tiene tentáculos en este país y conocemos de negociaciones por parte del gobierno de Rodrigo Chávez con la dictadura de Daniel Ortega para mantener sus alianzas económicas. Y eso es peligroso.

Nosotros hemos documentado al menos 20 periodistas que se encuentran en Costa Rica que han denunciado que llegan motorizados fuera de sus casas a tomarles fotografías, que se quedan horas o arqueados fuera de su casa. Tengo miedo de que nos pueda suceder. Tengo miedo por mi familia. A pesar de eso tengo la convicción de seguir informado de la verdad.

El Salvador: el autoritarismo cool

Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador, llegó en 2019. Y pese a su popularidad por el manejo de las pandillas salvadoreñas, su gobierno se ha convertido en la imagen de violaciones masivas de derechos humanos. Bukele decretó un  régimen de excepción el 27 de marzo, luego de un pico de homicidios presuntamente cometidos por pandillas, y lo ha extendido dos veces hasta la fecha. 

Según Amnistía Internacional, en el régimen de excepción el mismo estado acusa sin pruebas a periodistas e investigadores de tener vínculos con pandillas. Y no hay quien frene las medidas presidenciales porque los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos y reemplazados luego de intentar frenar medidas autoritarias. Así, el régimen demuestra que no son solo los periodistas y opositores quienes no están a salvo de las persecuciones, sino que los mismos empleados oficiales que cuestionen su manejo, son acallados. 

Ruth Patricia Ferrufino, fue coordinadora del Grupo Contra La Impunidad de la Fiscalía General de la República de El Salvador, hasta su destitución irregular. Actualmente está exiliada. Éste es el testimonio de cómo tuvo que dejar su país.

Fui fiscal desde el año 2005 en El Salvador. Inicié en la unidad de delitos contra la vida, fui jefa de la unidad de delitos sexuales y de 2018 al 11 de enero de 2022 me desempeñé como coordinadora del grupo contra la impunidad de la Fiscalía General de la República. Esa unidad especializada era la encargada de casos de alto impacto en temas relacionados con la corrupción y al lavado de dinero y activos.

Durante mi gestión se iniciaron procesos en contra del expresidente del Congreso, en contra del expresidente de la Corte de Cuentas, y contra la ex primera dama de la República en el periodo del presidente Antonio Saca.

La historia del deterioro de la democracia en El Salvador podríamos decir que ha tenido varias etapas. En la etapa de la pandemia recuerdo que inició una afrenta desde la presidencia de Bukele en contra de la Sala de lo Constitucional porque la sala estaba frenando algunas decisiones de medidas del Covid.

En el inicio del periodo del Congreso, en 2021, ya ese discurso contra la Sala era de bastante de odio y de rechazo. Y en la primera sesión se empieza a conocer la destitución de los magistrados de la sala de lo constitucional. Son destituidos en dos horas. Después de esas dos horas se sigue conociendo la destitución del fiscal general. Ya a esas alturas ya había investigaciones de compras anómalas que se habían realizado durante la pandemia. En la unidad en la que yo estaba había un expediente relacionado a esas compras.

Esa misma noche la Policía se toma las instalaciones de las dos instituciones y mediante la fuerza entran a las oficinas e instalan a los nuevos magistrados y al fiscal general quienes no siguieron el proceso de elección y en total violación al debido proceso. No hubo derecho a la defensa y nunca les explicaron los motivos por los cuales estaban siendo destituidos y lo mismo ocurrió con el fiscal general.

Se estaba transmitiendo en vivo el golpe y la imagen que recuerdo siempre, y me causa mucha tristeza es haber visto en la computadora la imagen del nuevo fiscal con todos los mandos policiales, con todos los oficiales. Para mí eso denotaba que iniciaba una persecución sobre todos aquellos profesionales que en algún momento estaban haciendo nuestro trabajo. Creíamos que habíamos pasado la época del militarismo entonces creo que esa imagen era muy importante porque representaba un retroceso.

A partir de esa fecha comienza dentro de la Fiscalía cambios organizacionales y una serie de retaliaciones hacía varios compañeros, incluída yo, que habíamos participado en algunas investigaciones que eran de interés del gobierno.

El 10 de enero yo fui notificada que era trasladada a la unidad de narcotráfico, que era en una ciudad diferente a la capital. Sin ningún debido proceso ni una justificación. Cinco minutos después de que recibiera ese memorando llegó un equipo de fiscales de la unidad anticorrupción a realizar un registro de allanamiento a mi oficina. Ese registro estaba sustentado en una decisión que había emitido un juez de los que habían sido nombrados luego de la reforma que había depurado a una parte importante de los jueces del Salvador.

El allanamiento fue además de ilegal, totalmente impactante porque mis compañeras con las que antes había trabajado algunos casos e investigaciones, ahora estaban procesándome a mí. No se me brindó más información sobre los hechos que me implicaban a mi para que pudieran retener mi equipo electrónico. Tampoco se me permitió ver el expediente. Esa fue la situación que me llevó a salir del país dos días después.

Debo decir además que la prensa está atemorizada y amenazada. Recordemos que después que se aprobó por primera vez el régimen de excepción en marzo del 2022, hubo una serie de reformas penales que tenían por objeto darle fuerza al régimen de excepción. Entre ellos penalizó hasta por 15 años la labor periodística, pero ese decreto fue derogado hace dos meses sorpresivamente. No sabemos la razón de la derogatoria pero pudo ser por exigencias internacionales o que le resta atractividad para volverse a reelegir, pero tenemos igual una prensa perseguida.

Yo tengo temor porque mis padres están ahí en El Salvador. Porque justo cuando salí del país me fueron a buscar a la casa de mis padres y yo eso lo tomo como un mensaje claro de que tengo que estar callada o al margen de la situación.