Despliegue policial en la capital de Nicaragua el Día de los Derechos Humanos
(EFE).- La Policía Nacional se desplegó este lunes desde las primeras horas del día en el centro de Managua, capital de Nicaragua, país que no celebrará el Día Internacional de los Derechos Humanos, y que vive una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el Gobierno.
Agentes antimotines y de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) amanecieron este lunes en puntos estratégicos de Managua, un día después de que la Policía negó el permiso de celebrar el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
En noviembre pasado la Policía de Nicaragua prohibió cualquier manifestación sin su permiso, ante las críticas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advirtieron que la disposición atentaba contra la Constitución nicaragüense, que garantiza la libre expresión y movilización sin licencia.
La crisis de Nicaragua, que inició el 18 de abril, ha dejado entre 325 y 545 muertos y 610 «presos políticos», además de cientos de desaparecidos, miles de heridos, y decenas de miles de nicaragüenses en el exilio, según los organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que considera «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes»
El Gobierno reconoce 199 muertos y 273 reos, que considera «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
El presidente Ortega rechaza los señalamientos en su contra y se considera vencedor de un intento de «golpe de Estado».
La Acnudh y más recientemente la CIDH, han descartado la tentativa de «golpe de Estado» en Nicaragua.
Las manifestaciones contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años seguidos de Gobierno.
