Editorial: Intervención inoportuna

A este gobierno le ha tocado lidiar con una pandemia como las que pocas veces se han visto en la historia reciente. Al mismo tiempo, sin embargo, tiene que enfrentar a un viejo conocido: el afán de protagonismo –y consecuente proactividad– de algunos miembros del Legislativo.

En los últimos días han aparecido proyectos de ley que, a primera vista, pretenden aliviar los problemas causados por el impacto económico de la enfermedad y de las medidas tomadas para contener su avance. Así, Carmen Omonte (APP) propone retirar parte del fondo acumulado de AFP y CTS; Daniel Urresti (Podemos Perú) plantea la devolución total de los fondos de pensiones para quienes no hayan aportado durante los últimos 36 meses; César Combina (APP) apunta a suspender el pago de cuotas de tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas y otros, además de los intereses y los pagos de servicios básicos; y Guillermo Aliaga (Somos Perú) recoge casi todos los puntos anteriores y les suma otros tantos. Muy posiblemente vayan apareciendo más parlamentarios proactivos a lo largo de los días.

No se puede presumir necesariamente mala fe. En circunstancias tan difíciles para el país, es normal y entendible que algunos de los congresistas que recién se estrenan en funciones tengan la voluntad de colaborar. La situación económica de millones de familias y negocios se verá seriamente comprometida a menos que se adopten políticas públicas inéditas en la historia del Perú. Y los legisladores, después de todo, han sido elegidos para diseñar el marco en el que estas políticas podrían tomar lugar.

No obstante, estamos ante una situación excepcional. Los esfuerzos rápidos del Ejecutivo, liderados por el Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , son los que deben marcar la cancha. La velocidad y el tecnicismo con los que se tienen que tomar decisiones urgentes en las siguientes semanas acercan al país más a un escenario de guerra –en el que la línea de comando es vertical– que a la democracia deliberativa de ocasiones normales.

Aparte de la voluntad de colaboración, algunos parlamentarios parecen estar más bien motivados por la oportunidad de figuración que la situación ofrece. Pero una emergencia sanitaria no es ocasión para intentar atraer cámaras. Por un lado, muchas de las propuestas de ley, en realidad, pondrían en mayor vulnerabilidad a las empresas y al sistema financiero nacional, con lo que se correría el riesgo de profundizar una crisis ya existente. No todas las instituciones financieras, por ejemplo, pueden necesariamente sostener cuentas de balance sólidas si se les suspenden los pagos por varias semanas. Por otro lado, ciertas iniciativas crean precedentes peligrosos cuyos efectos irían mucho más allá de la circunstancia excepcional actual, como es el caso del retiro total del fondo de AFP.

Esto no significa que el Congreso no tiene un rol que jugar en este contexto. Acompañar al Ejecutivo y fiscalizar responsablemente su labor –exigiendo celeridad cuando haga falta, por ejemplo– son tareas que le competen. Pero en estos momentos difíciles lo último que necesitan los sobrepasados equipos de la administración es tener que lidiar, además del virus, con proyectos de ley que amenazan el tejido empresarial y financiero sin ofrecer soluciones serias a los trabajadores y sus familias.