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Editorial: Un suceso lamentable

La muerte del ex presidente Alan García representa el episodio más trágico de la saga de Lava Jato en el Perú.

En apenas tres años, las réplicas locales del Caso Lava Jato –el entramado de sobornos operado principalmente por empresas brasileñas en múltiples países de la región durante las últimas décadas– han remecido fuertemente a la clase política peruana y le han dado a la ciudadanía algunas imágenes imposibles de olvidar. Entre ellas, la de conspicuos líderes políticos ingresados a una carcelería preventiva o la de un ex mandatario fugado del país y a la espera de una extradición desde Estados Unidos.

Solo en la última semana, además, asistimos a la detención preliminar de quien hasta hace poco más de un año llevaba encima la banda presidencial, Pedro Pablo Kuczynski. Como sabemos, el señor Kuczynski, sobre quien pesan las imputaciones de lavado de activos y de pertenencia a una organización criminal, está pasando por un trance legal bastante parecido al de varios de sus predecesores.

Toda esta reflexión, decimos, viene a cuento porque los peruanos acabamos de asistir al episodio más trágico y luctuoso de los que el Caso Lava Jato ha dejado en el Perú.

Ayer, el ex presidente Alan García se suicidó, disparándose en la cabeza luego de comprobar que representantes del Ministerio Público y de la policía habían llegado a su casa para detenerlo por un requerimiento fiscal que había sido autorizado por un juez. El señor García venía siendo investigado por los sobornos que la constructora Odebrecht prodigó durante su segunda gestión (2006-2011) por algunas obras de infraestructura y que han comprometido a varios de quienes fueron sus colaboradores más cercanos.

Ante un hecho tan desconcertante y aciago como el que representa todo suicidio, es natural que varias reacciones en torno al suceso estén teñidas principalmente de emociones antes que de razonamientos desapasionados. Ello, no obstante, no puede hacernos perder de vista que la responsabilidad de un acto así es, por definición, de quien lo ejecuta. Y harían bien tanto la clase política como la ciudadanía en recordar esto para no alimentar elucubraciones que no tienen el sustrato mínimo.

La cuestión no es baladí, pues no han faltado las voces que han tratado de ubicar la responsabilidad por el deceso del ex mandatario en diferentes personas, desde rivales políticos o el propio Gobierno hasta los medios de comunicación que han venido recogiendo las denuncias contra el señor García y su círculo cercano.

Y aunque desde estas páginas hemos criticado firmemente la vocación de algunos fiscales por convertir lo que debería ser la excepción –la detención preliminar o la prisión preventiva– en regla, no es sensato pretender que un exceso procesal pueda provocar la decisión de quitarse la vida en la persona sobre la que recae la medida. Ahí están los políticos que han atravesado o atraviesan actualmente por el mismo trance sin siquiera contemplar esa opción para demostrarlo.

Tampoco son postulables las hipótesis que quieren identificar el suicidio del ex presidente con una admisión de culpabilidad en los delitos por los que se lo estaba investigando.

Los hechos previos a este trágico deceso seguirán siendo lo que eran antes, y cualquier cosa de orden público que salga posteriormente a la luz sobre Alan García contribuirá al juicio que la historia habrá de forjarse de él. Mientras tanto, no debemos perder de vista la importancia de continuar con los procesos que hoy se están llevando a cabo. Es fundamental que la verdad se abra camino y la justicia se haga presente para romper con un pasado de impunidad y poder hablar de un futuro donde ningún ciudadano esté por encima de la ley. Ese es el objetivo.

 

 

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