El ancestro chavista del proyecto «40 horas» de Camila Vallejo
Solo dos países en América Latina tienen una jornada de trabajo semanal de 40 horas: Ecuador y Venezuela. Actualmente en Ecuador se discute una reforma al Código del Trabajo y el gobierno ha dejado claro que no va a cambiar su jornada ordinaria de lunes a viernes de 8 horas diarias. En Venezuela, por su parte, los constantes cortes eléctricos que ha sufrido el país durante el 2019 han obligado a reducciones coyunturales de los horarios de trabajo y estudio. Sin embargo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en vigencia desde el año 2012, redujo la jornada semanal de trabajo de 44 a 40 horas diurnas, con la obligación de dos días continuos de descanso.
La discusión en la Cámara de Diputados de un proyecto para reducir la jornada laboral en Chile de 45 a 40 horas semanales, promovido por las legisladoras comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, hizo que revivieran en las redes sociales los discursos de dirigentes políticos venezolanos en los momentos en que se aprobó el tiempo de trabajo, encabezados por el fallecido Hugo Chávez.
“Se reduce la jornada laboral a 40 horas diurnas, con la obligación y el derecho de los trabajadores de dos días continuos de descanso. Carlos Marx lo dijo, mucha gente lo ha dicho, pero Marx, uno de los más grandes pensadores socialistas: ‘el capitalismo termina convirtiendo al trabajador en un esclavo’, de forma tal que esta es una ley liberadora, ley justa. Ahora vendrá la lucha para que se cumpla”, anunció Chávez desde el Palacio de Miraflores el 30 de abril de 2012, meses antes de que en Venezuela hubiese una elección presidencial, en la que el Mandatario se postularía para su tercer período consecutivo.
La norma no apareció en Gaceta Oficial (símil del Diario Oficial) hasta el 7 de mayo de 2012. Chávez firmó la reforma antes de partir a Cuba, donde era tratado por el cáncer que padecía. La nueva ley no pasó por la Asamblea Nacional (el Congreso). Chávez aprovechó que en diciembre de 2010 el Parlamento con mayoría oficialista le otorgó plenos poderes para gobernar por decreto durante 18 meses.
La llamada Ley Habilitante permitía al ex Presidente legislar en áreas tan diversas como infraestructuras, transporte y servicios públicos, vivienda, ordenación territorial, desarrollo integral y uso de tierras urbanas y rurales, en el campo financiero y tributario, seguridad ciudadana y jurídica, defensa, cooperación internacional y sistema socioeconómico. Esto debido a unas inundaciones, causadas por las fuertes lluvias de ese año que causaron más de 40 muertes y el desalojo de más de 140.000 hogares.
La oposición, por su parte, criticaba la falta de debate público, que rayaba en el “secretismo”. El entonces gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles y quien retaría a Chávez en las presidenciales cuestionó que se aprobara la ley “sin consultar a nadie, sin abrir un debate en el país” y por difundirla a solo cinco meses de las elecciones.
«Solo eso -en alusión a los comicios- y la necesidad de aparecer como un gobierno ‘obrerista’ antes del 1 de mayo, explica que se vengan a acordar ahora de una norma que según la Constitución debieron aprobar hace diez años», declaró a BBC Mundo José Vicente Carrasquero, politólogo y profesor de Universidad Simón Bolívar, en la oportunidad.
«Dicen que ha sido la norma más debatida, pero no se conoce el texto. No se hizo con la debida discusión, ni con la participación del empresariado o de los trabajadores no alineados con el gobierno. La hizo el Presidente con una finalidad electoral», agregó Carrasquero.
Los empresarios, por su parte, manifestaban su preocupación por la desaparición de los empleadores, pues, argumentaban, en una década de chavismo desaparecieron 170.000 empresas. “La ley configura una especie de alianza entre el Estado y los trabajadores, excluyendo a los empleadores, hecho que incrementará la conflictividad entre empleadores privados y trabajadores”, opinó el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, al ejercer su derecho de palabra ante la Organización Internacional de Empleadores (OIE) durante la 101ª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) en mayo de 2012.
Los dichos del Partido Comunista venezolano
En su defensa el chavismo argumentó que habían elaborado la ley luego de recibir más de 19 mil propuestas y decían que había sido «la más debatida en la historia del país».
«No se hizo con la cúpula (empresarial), pero sin embargo tuvimos reuniones con las diferentes cámaras de trabajadores» y se desarrollaron «más de 1.200 asambleas de base», defendió el diputado Oswaldo Vera, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.
Una de esas propuestas las entregó el Partido Comunista de Venezuela (PCV). En un comunicado de prensa de febrero de 2012, sugirió la reducción de la jornada laboral a seis horas diarias, “como fue propuesta por el Presidente Hugo Chávez Frías en la Reforma Constitucional del 2007 -que fue rechazada por los venezolanos en un referéndum consultivo- y que forma parte del Programa histórico de las y los comunistas venezolanos”.
Pedro Eusse, integrante del Buró Político del PCV, alegaba entonces que el propósito de reducir la jornada era generar nuevos “puestos de trabajo dignos y permitir una calidad de vida superior para las y los trabajadores”.
Para el mes de marzo siguiente, los comunistas habían afinado su proyecto: jornada laboral de seis horas, 30 días de vacaciones, retroactividad de las prestaciones y la obligación de las empresas de distribuir entre sus trabajadores por lo menos el 50% de sus beneficios anuales.
En su argumentación explicaban que esto permitiría crear más fuentes de trabajo, pues los empleadores se verían en la obligación de habilitar nuevos turnos.
En ese entonces Nicolás Maduro era canciller de Venezuela. En los días previos a la promulgación de la ley, declaró que la “tendencia” en el mundo laboral y en la Constitución de Venezuela dirige a la reducción de la jornada de trabajo; sin embargo, sostuvo que en la nueva Ley este ámbito se adaptará a “situaciones específicas de los sectores” laborales del país. También afirmó que la nueva ley es “para el socialismo” y busca que “se cumplan verdaderamente” los derechos y protecciones a todos los trabajadores.
En las redes sociales también apareció un video de la entonces ministra del Trabajo en Venezuela, María Cristina Iglesias, en asamblea con los trabajadores del Metro de Caracas, en la que habla sobre la reducción de la jornada “racionalizando el uso del tiempo de los trabajadores, para que puedan, además, disfrutar más tiempo con su familia, descansar” y lo comparan con los argumentos que entrega la diputada Vallejo.
Para los entendidos en el tema, la modificación de la ley del trabajo en Venezuela fue uno de los factores que contribuyó al deterioro del Metro de Caracas, pues el encarecimiento de la jornada nocturna hizo que la compañía no tuviera suficientes recursos para ejecutar la limpieza y los mantenimientos preventivos del sistema en los horarios en que este permanece cerrado.
La Declaración Final del XIX Encuentro del Foro de São Paulo, del año 2013, replica la crítica que hizo Chávez del capitalismo y hablan de la “crisis” del sistema. “No se vislumbra una salida de esta crisis en el corto plazo y tampoco está claro cuál será su desenlace. Sin embargo, estamos seguros que la humanidad no puede y no debe aceptar el costo de la superación de esa crisis poniéndolo sobre las espaldas de los trabajadores, la creciente concentración de ingreso, la profundización de las diferencias entre los países desarrollados y países en desarrollo y las guerras inherentes a la tentativa de retomar la acumulación capitalista”, dice el documento.
También plantean que “la agenda económica neoliberal del imperialismo”, entre otros puntos, “están eliminando una serie de derechos sociales y castigando a los trabajadores con altas tasas de desempleo”.
Este año, Fedecámaras emitió un informe titulado «Cómo relanzar el aparato productivo venezolano» en el que indican que el “cerco” al sector industrial, sufrió una caída de 70% en el número de empresas existentes, si se compara con comienzos de la década pasada. Uno de los puntos que sugieren para mejorar es la revisión de la LOTTT.
“Esta normativa continúa teniendo dificultades en su aplicación. La misma compromete la productividad de las empresas y debió ser sometida, sin excusa, a una consulta tripartita, conforme al Convenio No. 144 de la OIT dejando espacio a la libertad sindical y a la libre negociación entre las partes conforme a los convenios 87 y 98 de la OIT, para acordar la escogencia de los días de descanso dentro de la norma general, tomando en cuenta los aspectos técnicos de cada rama de producción y la conveniencia para el trabajador”, afirma el texto.
En la región, de acuerdo con el Sistema de Información sobre Normas Internacionales del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Brasil, Chile, El Salvador, Honduras y República Dominicana tienen jornadas de 41 a 45 horas. Mientras que en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay trabajan entre 46 y 48 horas por semana.