El chavismo inhabilita a Juan Guaidó para ejercer un cargo público en Venezuela

El chavismo le dejó muy claro al Grupo de Contacto de la Unión Europea y América Latina qué piensa sobre su principal objetivo, conseguir unas elecciones libres y creíbles en Venezuela. En el preciso momento que cancilleres, ministros y embajadores discutían en Quito cómo avanzar en su misión, Elvis Amoroso, contralor de Nicolás Maduro, dio la noticia al mundo: la inhabilitación de Juan Guaidó, presidente del Parlamento y presidente interino del país, se prolongará durante 15 años. La misma sanción que ya sufrieron en su día los líderes opositores Leopoldo López y Henrique Capriles.

«Ha usurpado funciones públicas y cometido acciones con Gobiernos extranjeros que han perjudicado al pueblo de Venezuela y al patrimonio público», acusó el polémico funcionario de Maduro, nombrado por la Asamblea Constituyente pese a que la Constitución dictamina que es el Parlamento el encargado de dar su visto bueno. Amoroso también incriminó a Guaidó por «falsear» su declaración de patrimonio y por sus gastos durante sus viajes y giras, una acusación rocambolesca cuando la revolución bolivariana encabeza el ránking histórico de desfalcos públicos: entre 400.000 y 500.000 millones de dólares desde su acceso al poder, según investigaciones del Parlamento y denuncias del vicepresidente económico de Hugo Chávez.

«Falsa inhabilitación. Sí, viajé por el mundo y sí, me reciben. Y no solamente a mí», se defendió el líder opositor, en referencia a su mujer, Fabiana Rosales, quien el miércoles se reunió con Donald Trump en Washington.

Un sistema de inhabilitaciones a medida de la revolución, sin jueces ni sentencias, con el cual ya impidieron al preso político Leopoldo López participar en elecciones durante la última década. «No es contralor, no existe una Constituyente, no hay inhabilitación. Lo que hay es un pueblo determinado a recuperar su libertad. La Asamblea Nacional (Parlamento) es el único órgano para designar al contralor», remachó el «inhabilitado» Guaidó.

La decisión del chavismo sirve para estrechar el cerco en torno al hombre que lidera el desafío contra la cúpula civil y militar de la revolución, pero sin llegar a detenerle. Han atacado a su círculo más íntimo con el encarcelamiento de Roberto Marrero, su mano derecha, y ahora le castigan con una inhabilitación que no afecta directamente a sus planes: Guaidó no tiene pensado participar en unas elecciones bajo condiciones del poder bolivariano ni tampoco el Parlamento le va a sustituir como presidente.

Si el Grupo de Contacto ya lo tenía difícil antes de empezar sus deliberaciones en la Cancillería de Quito, éstas se complicaron con el paso de las horas. El optimismo inicial del ministro español Josep Borrell se topó con una realidad que ya sabían de antemano: ni el Gobierno ni el Parlamento se plantean unas elecciones inminentes. Eso sí, los motivos son muy distintos: el Gobierno perdería cualquier contienda (las encuestas apenas le otorgan un 14% de apoyo) y la oposición mantiene una hoja de ruta, que pasa por celebrar unas elecciones libres después de que Maduro abandone el poder para que estas puedan ser libres y creíbles.

CONTACTOS CON LA UE

Con Federica Mogherini, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al frente, el Grupo de Contacto impulsado por Bruselas y que incluye a ocho países del continente (España, Alemania, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia) y a cuatro latinoamericanos (Ecuador, Uruguay, Costa Rica y Bolivia) celebró ayer su segunda reunión. Los cancilleres y embajadores no pasaron por alto la noticia del día, incluyendo en su resolución final su repulsa por la detención de Marrero («exacerba una situación ya de por sí tensa»), y su protesta por la inhabilitación de Guaidó. «Es una demostración más de la naturaleza arbitraria de los procesos judiciales en el país», señaló en su comunicado final, que no fue firmado por la representante de Bolivia y sí por el canciller de Uruguay, Nin Novoa.

La zancadilla contra la mesa de diálogo que apoya España provino de Caracas, todo un clásico en el historial de estas negociaciones. Ya en 2016, con el Vaticano y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero como facilitadores, se firmaron varios acuerdos que Maduro nunca cumplió, incluida la liberación de los presos políticos, 112 en aquella fecha, 864 en la actualidad.

«La inhabilitación de Guaidó demuestra que Maduro no quiere elecciones libres. No se permitan caer en la trampa del usurpador, sólo busca ganar tiempo para permanecer en el poder a punta de represión, miseria y muerte», contrastó Julio Borges, ex presidente del Parlamento.

Pese a la contundencia del mensaje bolivariano, la canciller Mogherini adelantó que «continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos con la intención de ayudar al pueblo venezolano y encontrar una solución pacífica, democrática y venezolana a la crisis en el país, a través de unas elecciones libres y creíbles».

Lo mismo en términos políticos a lo ya hablado en la primera reunión en Montevideo, pero eso sí, pequeños avances en cuanto a la ayuda humanitaria, a la que la UE ha sumado 50 millones de euros para apoyar a venezolanos de dentro y de fuera del país. El «rápido deterioro» obliga a que la ayuda se organice de forma urgente bajo parámetros de la ONU y sin «interferencias políticas«, con «respeto a la independencia y neutralidad de la ayuda humanitaria».

Los derechos humanos siguen preocupando al Grupo de Contacto, sobre todo tras el contundente informe Bachelet. Los países europeos y americanos volvieron a exigir la libertad de los presos políticos que existen en el país.

En el aire quedan los avances de cara a la próxima reunión, que se celebrará en Costa Rica en mayo, cuando está a punto de expirar el plazo de 90 días que la propia Moguerini impuso al iniciar las reuniones. El chavismo no piensa recurrir a los europeos mientras situación no se torne desesperada, algo que no ocurre en la actualidad. Quien sí está desesperado hoy es el país, que vivió sin sorpresa cómo Maduro anunciaba el miércoles la puesta en marcha del nuevo «plan de administración de carga», que en el diccionario de los eufemismos bolivarianos significa racionamiento.

«Salvo en el tema de efectivamente concretar la entrada de la ayuda humanitaria a través de organismos de la ONU, el margen de acción actual del Grupo de Contacto es sumamente limitado. Pero eso podría cambiar si hay un quiebre dentro del régimen y al menos un grupo encuentre disposición a concretar una salida del poder a través de unas elecciones y garantías de convivencia», concluyó para EL MUNDO el internacionalista Mariano de Alba.