El «comunismo» chino y el coronavirus

Cuando en 1999 el filósofo político estadounidense John Rawls publicó El derecho de gentes, se pensó que serviría como una suerte de manual acerca de cómo organizar la vida política global, la convivencia entre diferentes tipos de Estados cuyas fuentes de legitimidad eran diferentes. Rawls dividió los Estados en cuatro grupos: los Estados liberales, las jerarquías consultivas, las sociedades agobiadas y los Estados fuera de la ley. (Una quinta categoría, la del «absolutismo benévolo», no tuvo incidencia en el libro).

Los Estados liberales eran las democracias liberales tradicionales. Las jerarquías consultivas correspondían a países, como Marruecos o Jordania, que no son democráticos pero cuyos parlamentos surgen de elecciones y donde no hay atroces violaciones de los derechos civiles. Las «sociedades agobiadas» eran países pobres cuya pobreza les impedía convertirse en sociedades liberales (por ejemplo, Somalia). Y los Estados «fuera de la ley» no formaban parte del orden internacional establecido por Rawls.

El libro reflejaba en buena medida el momento unipolar de la década de 1990, no menos que la famosa tesis de Francis Fukuyama sobre el «fin de la Historia». Pero el esquema de Rawls intentaba ofrecer una representación de la coexistencia de varios sistemas políticos más realista que la ofrecida por la llamada «teoría de la paz democrática», que sostiene que la paz es posible solo entre naciones democráticas que son similares. Rawls reconocía que es improbable que el mundo esté compuesto solo por ese tipo de naciones y que, sin embargo, es necesario que las diferentes comunidades políticas encuentren algún tipo de modus vivendi.

En consecuencia, consideraba que tanto las sociedades liberales como las jerarquías consultivas «se comportaban correctamente» entre sí, porque aceptaban los diferentes arreglos internos del otro sin tratar de imponer sus propias instituciones. Los «Estados fuera de la ley» quedaron, sin embargo, sin explorar. Esta es una de las principales debilidades de la clasificación de Rawls: estas sociedades no son ni siquiera sociedades, sino únicamente Estados. No obstante, sus instituciones internas representan, según Rawls, una auténtica amenaza para el resto del mundo.

Vale la pena explorar este punto en el contexto del Covid-19. ¿Cuándo constituyen una amenaza de este tipo las instituciones políticas propias de un país?

Efectos negativos

Supongamos que uno está en contra de la injerencia en los asuntos políticos de otro pueblo, y por ende en contra de aventuras desastrosas como la búsqueda de un «cambio de régimen». En un sentido abstracto, hay que admitir que las instituciones internas de un país pueden convertirse en una «externalidad», es decir, que pueden tener impactos negativos en otros países.

Durante la Primera Guerra Mundial, mucha gente pensó que el poder de los militares y la aristocracia terrateniente en Alemania llevaba a que las políticas del país fueran sistemáticamente agresivas. Algunos pensaban que la Unión Soviética y su poder sobre el Comintern tenían el mismo efecto. Y la mayoría pensaba que el nacionalsocialismo era malo no solo para Alemania sino también para el mundo. Pero estos son quizás ejemplos extremos: por fortuna, no vivimos en un mundo donde se hacen presentes «externalidades» similares. No obstante, ¿tiene que asumir responsabilidad por la pandemia el sistema político chino? En muchos aspectos, sí.

Más que evidente

La falla más significativa fue haber permitido siquiera que se produjera la infección. Luego del episodio del coronavirus que produjo el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés) de 2003, fue más que evidente que la transmisión de virus peligrosos de animales a humanos representaba un riesgo serio. Los mercados chinos al aire libre, con su mezcla de especies salvajes, fueron señalados por muchos especialistas como especialmente propicios para generar esos «saltos» de animales a humanos.

Un país que domina amplios recursos políticos e institucionales, como es el caso de China, debería haberlos usado para frenar cualquier tipo de comercio de animales salvajes o en peligro de extinción. No podemos, por ejemplo, criticar a la República Democrática del Congo por el mismo tipo de negligencia en el caso de la epidemia de ébola, que surgió en el este del convulsionado país en 2018, ya que la capacidad del Estado congoleño de hacer cumplir la ley es mínima. Pero la del Estado chino es enorme, y no la utilizó.

La segunda falla fue el ocultamiento de la epidemia, inicialmente, por parte de las autoridades provinciales de Hubei. Aquí se trata a la vez de una característica nueva y una antigua del sistema político chino. Chenggang Xu, profesor de la Universidad de Hong Kong, la llamó «autoritarismo regionalmente descentralizado»: los gobiernos provinciales y de menor nivel tienen una considerable autonomía y sus líderes son evaluados en función de lo bien que usan esa autonomía para promover ciertos objetivos nacionales, como el crecimiento económico y la reducción de la contaminación. En consecuencia, las figuras provinciales tienen gran interés en no informar sobre acontecimientos desfavorables, para no irritar al gobierno central y así poner en peligro sus propias carreras políticas.

Este no es un rasgo novedoso del sistema de gobierno chino. Como afirma Jacques Gernet en Daily Life in China on the Eve of the Mongol Invasion [La vida cotidiana en China en las vísperas de la invasión mongola] (Stanford UP, 1962), un libro sobre la China meridional bajo la dinastía Song, en el siglo XIII: «El principio subyacente a todo el sistema administrativo chino era que, por sobre todas las cosas, debía reinar la paz. No debía haber perturbaciones: aquel subprefecto que permitía que surgieran disturbios en su zona era un mal administrador, y él era el culpable, sin importar cuál hubiese sido el origen del disturbio».

El sistema actual no es diferente, y esto también contribuyó a la propagación descontrolada inicial de la epidemia. La pregunta entonces pasa a ser: si el sistema chino no logró responder en con eficacia a una amenaza que finalmente afectó no solo a China sino al mundo entero, ¿cuál debería ser el mejor enfoque para asegurar que esto no vuelva a ocurrir?

Revisión internacional

Idealmente, debería haber una revisión conjunta de las cosas que salieron mal. El error no es solo de China: Estados Unidos suspendió su investigación conjunta con China sobre virus apenas meses antes del brote. Una política permanente de expansión y restricción del financiamiento occidental de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debilitó a esta institución y la volvió más proclive a apoyar sin cuestionamientos la perspectiva china al inicio de la crisis, incluso cuando esta resultó haber estado equivocada o haber sido engañosa.

Idealmente, una comisión internacional compuesta por especialistas imparciales de diferentes áreas debería estudiar los antecedentes de la crisis y las reacciones de todos los involucrados. No debería poner a China en posición de acusada ya que no es el único país responsable de los efectos mortales de la crisis: muchos gobiernos, si no la mayoría, reaccionaron en forma muy deficiente. Pero debería poner el foco en la forma en que China manejó el origen de la crisis, con un objetivo explícito no de avergonzar o castigar a alguien sino de asegurar, en la medida de lo posible, que la situación no se repita.

Por supuesto, se puede ser escéptico respecto a que algo así pase, dada la poca disposición del otro superpoder a someter cualquiera de sus acciones, ya sean militares o de otra índole, al escrutinio internacional. Esto es muy lamentable, porque las reglas internacionales parecen aplicarse solo a los actores débiles y nunca a los fuertes. No obstante, quizás China podría encontrar algún beneficio en una investigación de este tipo: podría usarla para demostrar que incluso los actores grandes y poderosos pueden respetar las reglas internacionales, lo cual quizás, al avergonzar a otros, podría contribuir a que Estados Unidos, Rusia o la Unión Europea, en alguna instancia futura similar, acepten una supervisión extranjera de alguna de sus actividades.

Fuente: International Politics and Society y Social Euorpe

Traducción: María Alejandra Cucchi