El Consejo Superior de la Democracia Cristiana de Venezuela y la crisis del país

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA EN VENEZUELA Y LA CRISIS DEL PAÍS

Estamos en presencia de la implosión de un sistema que durante casi un cuarto de siglo ha destruido progresivamente al país. Ese estrepitoso derrumbe puede ocurrir en medio de un estallido social tendente al caos. Ante tal situación el Consejo Superior de la Democracia Cristiana (C.S.D.C) para Venezuela considera necesario hacer públicas las siguientes consideraciones:

1-El deterioro de la situación nacional hizo imposible la operación de cosmética política que pretendía vender una narrativa titulada “Venezuela se arregló”. Los últimos escándalos son el resultado de una gangrena que no pudo ocultarse por más tiempo. Las burbujas de opulencia con las que pretendieron simular una aparente recuperación de nuestra economía, explotaron ahora dejando al descubierto una realidad que desnuda a un sistema de poder basado en el fraude y el engaño.

Pero la lucha entre las facciones que cohabitan en el gobierno ha dejado al descubierto el verdadero origen de aquel sorpresivo boom. Y la conmoción que hoy sacude a todos esos sectores en pugna patentiza la más grave crisis que haya sufrido el régimen en todos sus años de presencia en la vida venezolana.

2-En torno a PDVSA, luego de la muerte de Hugo Chávez, afloran los desencuentros que aceleran aún más el proceso de destrucción de la industria petrolera. Ese proceso de destrucción fue puesto en marcha por Chávez desde el inicio de su gestión. Dirigió sus ataques a la meritocracia y orientó sus acciones hacia la conquista del petróleo como el botín que sería manejado a discreción para sus objetivos totalitarios. En 2002 despidió 18.000 trabajadores petroleros y 5.000 ejecutivos y gerentes, técnicos y obreros especializados. Esa medida fue considerada un “genocidio laboral” sin precedentes. Y en enero de 2003 los trabajadores que habitaban las viviendas cedidas mediante convenios con las empresas petroleras en las que laboraban fueron desalojados violentamente por la guardia nacional atropellando a ancianos mujeres y niños.

En julio de 2002 Rafael Ramírez es designado ministro de Energía y Minas, y el 20 de noviembre de 2004 presidente de Petróleos de Venezuela. En esta empresa permanece hasta el año 2014. Tuvo a su cargo la implementación de los planes que, tomando como base los cuantiosos recursos derivados del aumento de los precios petroleros, le permitieron a Hugo Chávez adelantar sus onerosas políticas populistas para controlar la vida política de Venezuela y para construirse la falsa imagen de líder mundial en el truculento socialismo del siglo XXI. Al anunciarse su muerte, en marzo de 2013, y asumir la presidencia Nicolás Maduro, surgen las inevitables presiones para separar de su cargo a quien durante una década manejó a su antojo el codiciado botín petrolero. Se nombra a Ramírez en la cancillería en septiembre de 2014, en ese ministerio permanece poco menos de tres meses y en diciembre lo designan embajador en Naciones Unidas. De esa posición es removido tres años después.

En agosto del pasado año Ramírez es acusado ante el Ministerio Público de haber cometido un “mega fraude” al haberse apropiado de 4.850 millones de PDVSA. Según la denuncia, presentada por el entonces ministro de petróleo Tarek el Aissami, Ramírez se quedó con ese dinero proveniente de un crédito otorgado a PDVSA que nunca fue recibido por la empresa. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Asamblea Nacional controlada por la oposición, el dinero desaparecido bajo la administración de Ramírez asciende a la suma de 11 mil millones de dólares.

El estallido de un nuevo escándalo, que abarca no sólo a la estatal petrolera sino también a todas las instituciones y sectores manejados por un gigantesco entramado de corrupción, deja en evidencian que las denuncias contra Rafael Ramírez, si bien son ciertas, no se corresponden a la intención de combatir la corrupción y son tan sólo la consecuencia de una confrontación entre quienes pugnan en el seno del régimen destruyendo lo poco que nos va quedando de república.

Ahora el señalado por el país es Tarek el Aissami, escondido y obligado a renunciar, mientras sus numerosos cómplices forman parte del elenco que sirve al régimen para montar el espectáculo de su falsa lucha contra la corrupción. El desfalcador de turno es él mismo que ayer junto a Maduro denunciaba a su antiguo compañero chavista, y que ahora es el responsable de un nuevo saqueo petrolero estimado, según el gobierno, en más de 4.000 millones de dólares, mientras que otros sectores independientes y del propio PSUV lo estiman en cerca de 20 mil millones.

De acuerdo a las denuncias formuladas por los voceros oficialistas, y a lo que por su cuenta algunos medios y sectores de la oposición han señalado, esta vez la corrupción abarca a encumbrados miembros de todos los poderes públicos. Se trata de ministros, jueces, embajadores, diputados, alcaldes, militares, seudo empresarios chavistas, testaferros, países cómplices y otro tipo de personajes que se han acoplado a vivir como disfrutantes del delito institucionalizado y protegido. Pero al abrirse el telón de este acto en el que los sectores agrupados en torno a Nicolás Maduro pretenden liquidar a la poderosa facción de Tarek el Aissami, el relato del régimen se atasca al no poder explicar dónde está Tarek y por qué no aparece entre los detenidos, cuando todos sus funcionarios de confianza y personas relacionadas han sido apresados y exhibidos al público en esa burda comparsa.

Mientras tanto los venezolanos saturados de escuchar falsos relatos, simplemente comprenden que el petróleo en las manos del régimen produjo la más gigantesca fuente de corrupción ocurrida en la historia de Venezuela y del mundo, que la dilapidación de nuestro principal recurso es la causa de la miseria que hoy sufrimos, y que efectivamente tanto Rafael Ramírez nombrado por Chávez, y Tarek el Aissami, designado por Maduro, han sido los destructores de PDVSA.

3-Paralela a la destrucción de la industria petrolera ocurre el saqueo de nuestras riquezas minerales (oro, diamante, coltán, torio, etc.) el ecocidio y la devastación del Arco Minero, la presencia de mafias en las zonas del sur del país, el control del narcotráfico por parte de la guerrilla colombiana en todas las zonas fronterizas, y el retorno al país de capitales corruptos que pretenden escapar de la persecución internacional. Aquellos factores explican la forzada dolarización “de facto” de nuestra economía, así como la proyección de una insana y falsa imagen de progreso que al romperse nos dejó retratada la verdadera realidad de la crisis venezolana.

Como consecuencia del colapso económico que sufrimos se incrementa la crisis humanitaria con 7.500.000 compatriotas refugiados y desplazados fuera del país, más del 80 por ciento en la pobreza, y una administración pública pagada con salarios de hambre. Por esas lacerantes razones crece una protesta social sin precedentes en nuestra historia, protagonizada por el vasto universo laboral que sale a las calles superando las divergencias políticas y sociales que habían caracterizado a la lucha entre el oficialismo y los tradicionales partidos de oposición.

En esas circunstancias el sistema imperante se encuentra en una etapa que ha sido calificada como “tormenta perfecta”, porque se presentan simultáneamente factores encontrados que impiden superar el terrible vendaval que todos los días adquiere mayor intensidad. La macro corrupción reconocida por el mismo gobierno es la causa de la ausencia de recursos para atender las necesidades básicas de la población, y la presencia perniciosa de factores internacionales como lo son cubanos, rusos, iraníes y chinos, que comparten espacios de poder en el país, hace más grave esta realidad. Hoy Venezuela es un país ocupado por fuerzas exteriores, con intereses aparentemente distintos pero que hacen a nuestro país parte de un ajedrez mundial contrario a lo que ha sido nuestra historia y pertenencia a la civilización judeocristiana.

Así las cosas, es muy difícil predecir cuáles serán las consecuencias para nuestro país del ya inocultable conflicto surgido entre las distintas fuerzas de ocupación en defensa de sus intereses, que no son precisamente los nuestros.

4-Sólo mirando estas realidades y comprendiendo la dimensión del drama nacional podrá la oposición al régimen asumir el impostergable reto de recuperar la democracia. El liderazgo que dice representar a la oposición sabe que, la población, si bien rechaza abrumadoramente a quienes detentan el poder, expresan igualmente su descontento con ellos, enfrascados en conflictos y torpezas que le hicieron perder la confianza ciudadana.

Por nuestra parte esperamos que la elección primaria sea propicia para corregir errores y recuperar la confianza de la ciudadanía en quienes van a conducirla. Pero debemos señalar que el éxito de las mismas dependerá de una participación masiva de la ciudadanía, incluyendo a los venezolanos que están en el exterior y que quien resulte triunfador obtenga un alto porcentaje de los votantes para que no haya duda sobre la legitimidad del proceso.

Creemos igualmente que ese proceso debe contar con la objetividad y transparencia de quienes han sido designados para conducirlo. Sin embargo, vemos con preocupación los intentos de establecer, tras bastidores, agendas distintas a las que internamente el organismo rector de esas elecciones ha anunciado en varias de sus declaraciones públicas.

Por esa razón, rechazamos cualquier intromisión del Consejo Nacional Electoral en esta elección primaria, porque su conformación mayoritaria de quienes gobiernan el país ha sido el principal instrumento fraudulento del régimen, y porque su presencia en un proceso que sólo pertenece a la ciudadanía liquida la confianza en tan importante consulta y produce la abstención que el gobierno necesita para intentar consolidar la usurpación.

5- Finalmente el Consejo Superior de la Democracia Cristiana (C.S.D.C), ante la reunión promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro a realizarse el 25 de abril en Bogotá con el fin de discutir sobre la situación de Venezuela, en la cual participarán representantes calificados de países democráticos de América, Europa y de la Unión Europea, debe ser un evento sin sesgos, conducido de una manera imparcial, y con una genuina representación de todos los sectores opositores y de la sociedad civil. Repetir la experiencia de los diálogos anteriores nos llevaría a un rotundo fracaso. El levantamiento progresivo de las sanciones debe estar acompasado con demostraciones concretas de buena voluntad por parte del régimen, tales como: la libertad de los presos políticos, civiles y militares, levantamiento de las restricciones de los ciudadanos para regresar al país y para salir libremente, levantamiento de las inhabilitaciones políticas y garantías de un proceso electoral libre, transparente y con supervisión internacional. La convocatoria puede ser útil si contribuye a darle a conocer al mundo cual es la verdadera realidad de la tragedia venezolana, y si esos países impulsan de manera eficiente la realización de elecciones y se logra la plena restitución de las libertades públicas.