‘El dinero se iba a un agujero negro’: el esquema de corrupción que compromete al gobierno de México
Petróleos mexicanos (PEMEX) es una de las empresas vinculadas en el esquema de fraude revelado en la reciente investigación periodística de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Credit Daniel Becerril/Reuters
Una nueva investigación periodística publicada el lunes reveló un esquema de corrupción usado por el gobierno mexicano para desviar fondos públicos a través de distintas universidades del país y de una red de empresas ilegales. El trabajo realizado por periodistas de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) estudió las cuentas públicas de los años 2013 y 2014, en las que detectaron el establecimiento de contratos ilegales por un monto de 7670 millones de pesos (428 millones de dólares, aproximadamente), de los cuales no se conoce el destino de 3433 millones de pesos (unos 192 millones de dólares).
“El resultado: 3433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados”, explica un fragmento del reportaje que ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación.
La investigación señala que los recursos fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de esas compañías no estaban capacitadas para recibir recursos públicos porque no poseen la infraestructura ni la personalidad jurídica necesaria para prestar los servicios para los que fueron contratadas. En algunos casos las firmas ni siquiera existen.
“Muchos recursos de los programas públicos terminaban en empresas que no tenían equipos, empleados o nómina. Nos parecía que el dinero se iba a un agujero negro”, explica Miriam Castillo, periodista de MCCI. “Terminamos persiguiendo gente que no existía; nos decían: ‘Sí he escuchado su nombre pero no lo conozco’ o ‘No conocemos a las empresas’. Nunca llegamos a confrontar a alguien y, cuando nos acercábamos a alguno de los accionistas, nos dimos cuenta de que solo habían sido intermediarios”.
Estas revelaciones complican el panorama político del país, que se ha visto azotado por los escándalos de corrupción, el aumento de la violencia y las amenazas contra la libertad de expresión y los derechos humanos. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas y la mayoría de los homicidios sigue sin resolverse; además, la violencia por el narcotráfico ha alcanzado su punto más crítico en 20 años.
“Creo que logramos demostrar que se trata de un sistema de corrupción, ya no se trata del caso aislado de un político”, señala Nayeli Roldán, reportera de Animal Político, medio que publicó la investigación sobre corrupción en el estado de Veracruz que provocó el juicio y encarcelamiento de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. “El gobierno federal creó ese sistema y lo mantiene, eso explica por qué la corrupción permea todas las estructuras gubernamentales y la clase política”.
El reporte explica que diversas dependencias del gobierno federal le asignaban fondos públicos a ocho universidades que servían como filtros para contratar a empresas que, de otro modo, nunca podrían recibir proyectos del gobierno porque no cumplen con las condiciones técnicas requeridas. Entre las instituciones educativas vinculadas destacan universidades autónomas de estados como Morelos, Tabasco y México, entre otras.
“Nos llamó la atención la cantidad de universidades involucradas y cuando empezamos a analizar la forma en que se asignaban los recursos vimos que era exactamente igual en todos los casos”, explica Roldán. “La Secretaría de Desarrollo Social y Pemex fueron los entes que más utilizaron este mecanismo. A partir de entonces vimos que se trataba de un sistema de fraude y no solo era el desvío de una universidad”.
Muchos se preguntan por qué era necesario usar a las instituciones educativas para esta operación. La respuesta aparece en el trabajo que explica que en México los convenios entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “Pero la legislación establece requisitos —como no subcontratar más del 49 por ciento o realizar una investigación de mercado— que fueron violados en este esquema de fraude”, se asevera en la investigación.
Además se señala que las universidades recibieron comisiones de entre el 10 y el 15 por ciento de los montos asignados y luego se transfirió el resto de los montos a las empresas fantasma, lo que constituye “una doble violación a la ley”.
Fraude a la nación mexicana
Esta investigación parte de diversas denuncias ya efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una institución independiente que se dedica a fiscalizar los recursos públicos; para ello analiza cómo es que las dependencias del gobierno federal y los estados ejercen sus presupuestos. Desde 2013, la ASF advertía que las dependencias incurrían en violaciones a la ley al contratar a las universidades para proyectos que no podían realizar, por lo que debían subcontratar a otras empresas.
“Las universidades están para enseñar y para investigar, no para hacer de intermediarios. Podrían prestar servicios para los que sí tienen facultades, pero no para comprar bienes que sirven para hacer promoción de programas sociales, eso ya es otra cosa; o para la adquisición de computadoras. No existe la justificación para hacerlo”, declaró Juan Manuel Portal, auditor Superior de la Federación, en la investigación periodística.
Por su parte, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que se recalca que la información recabada en el reportaje corresponde a los resultados de la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, y afirma además que la ASF ya notificó esas irregularidades e incluso presentó denuncias penales que están en proceso. En el documento se especifica que la Secretaría de la Función Pública inició procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de diez funcionarios públicos de tres dependencias federales además de cursar investigaciones contra “cuarenta servidores públicos federales relacionados con estas observaciones”.
Sin embargo, el gobierno mexicano es muy conocido por la lentitud de sus procesos indagatorios y jurídicos. Por eso es que periodistas como Roldán esperan que la procuraduría mexicana realice las investigaciones con mayor premura: “Aunque la auditoría ya había hecho denuncias penales ante la procuraduría, simplemente no avanzan: no hay ningún caso resuelto y luego de analizar toda la información no queda duda de que es un fraude enorme contra el país”.
