El fin de la previsibilidad: política, poder y lucidez en tiempos de transición

Hay momentos históricos en los que el malestar no se explica por un acontecimiento concreto, sino por la pérdida de algo más difícil de nombrar: la previsibilidad. No se trata de una crisis puntual ni de un episodio aislado, sino de una atmósfera; una acumulación persistente de señales que transmiten la sensación de que las reglas que antes ordenaban el mundo ya no alcanzan para comprenderlo, y de que quienes ejercen el poder parecen moverse más por reacción que por proyecto.

En ese clima, la política estadounidense ocupa un lugar central. No solo por su peso material, sino por su peso simbólico: lo que ocurre allí se amplifica y se proyecta como indicador del estado general del sistema. Escándalos personales de gravedad inédita, conflictos institucionales permanentes, una retórica del poder que oscila entre la provocación y la amenaza, y una política exterior cada vez más errática ya no se perciben como anomalías corregibles, sino como manifestaciones de una transformación más profunda.

Pensar este momento exige resistir dos impulsos igualmente estériles: el catastrofismo inmediato y la normalización cínica. No estamos ante el fin del mundo, pero tampoco ante una simple turbulencia pasajera. Estamos, más bien, ante una transición histórica prolongada, y las transiciones no se viven con claridad, sino con ruido, contradicción y una inquietud persistente que se filtra en todos los planos de la vida política.

Venimos de un mundo que, con todos sus defectos, ofrecía cierto grado de previsibilidad. Durante gran parte del siglo XX, Estados Unidos funcionó como núcleo de un orden político y económico relativamente estable. La democracia liberal estadounidense no era perfecta ni justa para todos, pero contaba con algo decisivo: reglas compartidas. La alternancia en el poder, la legitimidad del adversario y la autoridad de las instituciones constituían un consenso de fondo que rara vez se cuestionaba de manera abierta.

La política se organizaba en torno a desacuerdos concretos. Se discutía el tamaño del Estado, la política fiscal, el rol del mercado, la proyección internacional. Existían tensiones raciales profundas, desigualdades estructurales y exclusiones persistentes, pero el sistema lograba procesarlas sin poner en duda su propia existencia. El conflicto era parte del orden; no una amenaza contra él.

Ese orden nacional se proyectaba, además, en el plano regional e internacional. Estados Unidos no solo era una potencia dominante: era el organizador del espacio occidental. Europa se reconstruyó bajo su paraguas de seguridad. América Latina orbitó en su zona de influencia, con márgenes variables de autonomía, pero sin capacidad real de cuestionar el marco general. La globalización se presentó como un proceso inevitable, más técnico que político, más destino que decisión.

En el plano internacional, el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial combinaba poder y normatividad. Instituciones multilaterales, acuerdos comerciales, alianzas militares y mecanismos de arbitraje ofrecían un marco relativamente estable. No era un mundo equitativo, pero sí predecible. Las crisis existían, pero tendían a estar contenidas. El futuro se pensaba como continuidad, no como ruptura.

Sin embargo, esa estabilidad descansaba sobre procesos de erosión silenciosa, la progresiva subordinación de la economía productiva a dinámicas financieras alteró el vínculo entre crecimiento y bienestar social.

La desindustrialización de amplias regiones produjo comunidades enteras desconectadas de los beneficios del progreso. La concentración creciente de la riqueza tensó la cohesión social y el endeudamiento estructural trasladó problemas presentes al futuro, y la distancia entre élites políticas y amplios sectores de la población fue debilitando el pacto implícito que sostenía al sistema. 

Hoy, esa fragilidad se manifiesta de forma abierta. No en un colapso súbito, sino en una ruptura progresiva del marco que hacía inteligible la política. La polarización ya no se organiza en torno a programas o políticas públicas, sino alrededor de identidades. La política deja de ser un espacio de negociación entre proyectos distintos y se transforma en un campo de batalla simbólico entre grupos que se perciben mutuamente como amenazas existenciales.

En este contexto, el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa y pasa a ser alguien cuya mera presencia en el poder se vive como una usurpación. La derrota electoral deja de entenderse como alternancia legítima y comienza a experimentarse como una pérdida del país. La lealtad al grupo pesa más que la coherencia de las ideas, y los hechos pierden relevancia frente a la pertenencia.

Esta transformación no surge de la nada. Se alimenta de cambios culturales profundos, del debilitamiento de los mediadores tradicionales —partidos, sindicatos, prensa— y de un ecosistema digital que premia la indignación por encima de la deliberación. La política se vuelve performativa: importa menos gobernar que ocupar el centro de la escena, menos resolver problemas que sostener la confrontación.

Las instituciones continúan funcionando en términos formales, pero los consensos que les daban sentido se han erosionado. Elecciones, tribunales, medios de comunicación y organismos de control existen, pero su autoridad simbólica está permanentemente cuestionada. Cada decisión se interpreta como maniobra; cada fallo, como conspiración. La institucionalidad ya no ordena el conflicto: se convierte en otro frente del conflicto.

El resultado es la normalización del estrés político permanente. El conflicto deja de ser excepcional y se vuelve cotidiano. Escándalos, declaraciones incendiarias, amenazas internas y externas se suceden sin pausa. El ruido ya no es un efecto colateral del sistema: es una de sus formas de funcionamiento. La política se vuelve reactiva e impulsiva, atrapada en el corto plazo y desprovista de horizonte.

A nivel regional, el debilitamiento del liderazgo estadounidense no ha sido acompañado por la emergencia de un nuevo centro organizador. Europa aparece fragmentada y defensiva, más ocupada en gestionar crisis que en proyectar futuro. América Latina, atravesada por inestabilidades recurrentes, ciclos económicos volátiles y sistemas políticos frágiles, carece de un horizonte común. Sus vínculos con Estados Unidos, China y otras potencias se definen cada vez más por la urgencia que por la estrategia.

Este escenario regional profundiza la sensación de intemperie. Los países medianos y pequeños se mueven en un entorno más competitivo, con menos reglas claras y mayores costos de error. La autonomía se vuelve más deseable, pero también más difícil de sostener en ausencia de capacidades materiales y consensos internos.

En el plano internacional, la hegemonía se erosiona sin ser reemplazada. El mundo se vuelve multipolar, pero no equilibrado. Surgen actores con capacidad suficiente para bloquear, desafiar o desestabilizar, pero sin legitimidad ni voluntad para sostener un orden común. Hay más poder distribuido y menos capacidad de arbitraje; más conflicto potencial y menos mecanismos eficaces de contención.

Las guerras regionales, las tensiones comerciales, la competencia tecnológica y la crisis climática se superponen sin un marco claro de gobernanza global. El resultado no es un caos absoluto, sino una inestabilidad crónica: un mundo en el que el conflicto no siempre estalla, pero nunca termina de resolverse.

En este contexto, la pregunta por el futuro no admite respuestas cerradas. Buscar un destino único es un error analítico y una fuente innecesaria de angustia. Los períodos de transición no conducen a un punto definido: abren trayectorias múltiples, parciales y a menudo contradictorias.

En el plano nacional estadounidense, esas trayectorias oscilan entre un reajuste institucional posible, un estancamiento polarizado prolongado y un deterioro democrático gradual. No se trata de alternativas excluyentes ni de desenlaces inmediatos. Pueden coexistir, alternarse y superponerse durante años. Lo decisivo no es cuál se impone de manera absoluta, sino cuál logra marcar la tendencia dominante.

A nivel regional e internacional, el mundo probablemente se vuelva más fragmentado, más competitivo y menos cooperativo. Habrá más conflictos localizados, menos consensos globales y una centralidad creciente de la tecnología como acelerador de tensiones. No un colapso total, pero sí un entorno más áspero, menos predecible y más exigente.

Para América Latina, esta transición se presenta en condiciones particularmente desfavorables. La región ingresa a un mundo más competitivo sin haber resuelto sus fragilidades estructurales: economías poco diversificadas, Estados con capacidades limitadas, sistemas políticos inestables y sociedades atravesadas por desigualdades persistentes.

En un contexto internacional con menos reglas claras y menor tolerancia al error, la volatilidad interna se traduce rápidamente en vulnerabilidad externa. La ausencia de una estrategia regional compartida, sumada a la tendencia a oscilar entre alineamientos automáticos y gestos de autonomía sin sustento material, reduce aún más los márgenes de acción.

En este escenario, la política exterior deja de ser un espacio simbólico y se convierte en un terreno de gestión de riesgos, donde cada decisión, o cada indecisión, acumula costos.

En tiempos como estos, la lucidez tampoco ofrece refugio ni consuelo a los Estados. No neutraliza el conflicto ni garantiza estabilidad, pero sí delimita márgenes de acción. Pensar con realismo implica aceptar un entorno más competitivo, menos normado y con mayores costos de error.

Implica priorizar capacidades antes que discursos, estrategia antes que reacción y autonomía antes que alineamientos automáticos. En un sistema internacional sin un centro claro de arbitraje, la supervivencia política dependerá menos de la adhesión a principios abstractos que de la habilidad para leer las transiciones, administrar vulnerabilidades y preservar intereses en escenarios adversos. No se trata de dominar el orden que emerge, sino de evitar quedar subordinado a él.