El gobierno de Maduro desfalca el oro venezolano para financiar su régimen
Las mafias llamadas «sindicatos» son las encargadas de la extracción del metal precioso y de su venta en países como Dubai por miles de dólares
Cuando Venezuela atraviesa su peor crisis económica y humanitaria, los venezolanos se ven obligados a partir de hoy, por mandato de Nicolás Maduro, a ahorrar en oro comprando lingotes al Banco Central de Venezuela. Esta nueva medida tiene más sombras que luces, cuando se tiene en cuenta que el Gobierno chavista es el mayor cómplice del fraude para desfalcar el oro venezolano, según ha podido conocer ABC.
Es prácticamente imposible calcular la cantidad de oro que existe en el Arco Minero de Venezuela. Sin embargo, se infiere que hay más de 8.000 toneladas que representa aproximadamente 243.000 millones de euros, sin contar las reservas de coltán, bauxita, cobre y diamante que también reposan en el lugar.
Estos yacimientos abarcan el 12% del territorio venezolano, es decir, son mayor a la superficie de Portugal, y podrían ser el arma que utiliza el régimen para financiarse. Las mafias criminales llamadas «sindicatos» que operan en la región son los responsables de la extracción del metal precioso y la venta en el exterior en países como Dubai por miles de dólares.
«Cada vez llegan más personas a trabajar como mineros en Bolívar (estado al sur del país), es impresionante como han crecido los asentamientos cercanos a Upata y Tumeremo (dos localidades a pie de las minas) a raíz de la explotación ilegal de oro», dice Juan Sebastián dueño de una panadería en Puerto Ordaz, que además asegura que con la crisis económica hay quienes emigran al exterior y otros a Bolívar. A pesar de que no se tienen cifras oficiales, se cree que hay 40.000 personas involucradas en el fraude.
Un gobierno paralelo
En Venezuela, la ley reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales, por lo que cualquier actividad de minería sin el consentimiento del Gobierno es ilegal. Pese a la existencia de la norma, los «sindicatos» -con la total connivencia del régimen chavista– están al mando de la zona y han instalado una especie de gobierno paralelo con sus propias reglas.
Miguel Martínez, nombre ficticio para proteger su identidad, es un intermediario en la larga cadena de mando de este negocio ilegal. «Los jefes tienen laboratorios donde se analiza el oro por la ley (su pureza), lo funden en hornos y hacen lingotes de medio kilo o un kilo. Después se lo llevan en avionetas privadas hasta Aruba donde lo certifican y lo venden en el exterior por miles de dólares», relata a este diario.
El oro más puro se rige por la ley 999, es decir que tiene 99,9% de pureza. Según el intermediario, el oro de mina varía entre la ley 990 o 984 ya que tiene otros minerales. También explica que para analizarlo cuentan con unas pistolas portátiles adquiridas en Estados Unidos que identifican las impurezas y otras aleaciones preciosas. Cada pistola de estas tiene un valor aproximado de 25.000 dólares, en un país donde el sueldo mínimo de sus ciudadanos acaba de aumentar de 1,5 a 30 dólares. Martínez asegura que la «movida» es para Dubai porque es donde mejor pagan el oro venezolano disfrazado como arubano. «Producir un lingote puede costar alrededor de 20.000 dólares y se venden por 30.000 al mejor postor», explica. La ley venezolana dice que el Gobierno tiene una participación no menor del55% en las actividades mineras mixtas, pero Martínez apunta que para dejarlos trabajar les piden hasta el 70% de lo que extraen.
Los «sindicatos» y funcionarios del Gobierno venezolano han corrompido a los indígenas (alrededor de 16 etnias conviven en el territorio) para descubrir nuevas «bullas», en el argot minero una veta de oro. El negocio se está extendiendo y todos quieren obtener beneficios, por lo que los conflictos han aumentado en la zona entre bandas armadas, militares venezolanos y el grupo guerrillero colombiano ELN.
«La cúpula militar y el Gobierno están comprometidos con la acción extractivista del oro. Las FARC y el ELN custodian las minas con el aval del régimen», asegura Américo de Grazia, diputado de la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, que califica como «explotación de sangre» a la actividad minera porque detrás de ese oro hay decenas de masacres.
La primera que se conoció fue en 2006 en Alto Paragua en Bolívar y desde ahí no han parado. La última hace diez días que dejó seis indígenas muertos y más de 10 desaparecidos en la ciudad de Manipa en el mismo estado. Pero, la que estremeció al país fue la «masacre de Tumeremo» en 2016 cuando al menos 17 mineros fueron asesinados y no se ofreció información oficial al respecto.
Después del suceso, Maduro decretó el Arco Minero como «zona militar especial» y movilizó a más de mil militares de la Fuerza Armada Nacional para restablecer el orden. Ahora forman parte del negocio de la corrupción y cobran «la vacuna» (pago ilícito) para que los mineros puedan realizar con completa normalidad sus operaciones.
Grama, la nueva moneda
Los expertos han alertado del ecocidio que ha suscitado la explotación imprudente del metal sin un estudio de impacto ambiental. También han reportado la contaminación de los ríos y la deforestación en una región que concentra la mayor cantidad de parques nacionales protegidos.
Nada de eso importa. Diariamente armados con picos, palas y cinceles, hombres y mujeres desbordan los camiones hacia las minas en un trabajo que es duro y peligroso. Pero el alza en el precio del oro hace que valga la pena tanto sacrificio. «El oro ya se convirtió en la moneda oficial de Bolívar, la llaman grama por gramo, si quieres comprar un pollo son 5 gramas», comenta Américo de Grazia. Según el diputado, las personas andan con las pistolas portátiles en el bolsillo para verificar si es oro o candado molido. «No hay engaños», sentenció.
