El incendio en una cárcel venezolana empeora la crisis penitenciaria del país
Familiares de los prisioneros recluidos en el Comando General de la Policía de Carabobo esperaban recibir información el 28 de marzo de 2018, un día después del incendio de las instalaciones. Credit Katherine Ortiz/Agence France-Presse — Getty Images
VALENCIA, Venezuela — Como sucede en la mayoría de las prisiones en Venezuela, las celdas del Comando General de la Policía de Carabobo, al norte del país, estaban desbordadas. El recinto fue construido para albergar a sesenta reos y había unos doscientos.
Las reyertas entre los reclusos provocaron un motín el miércoles por la mañana, cuando un guardia fue tomado como rehén. Los prisioneros amenazaron con matarlo con una granada, a menos que se cumplieran sus demandas, y algunos reclusos les prendieron fuego a los colchones.
El incendio convirtió a la prisión en un verdadero infierno. Los rescatistas y miembros de los servicios de emergencia hicieron huecos en las paredes para intentar que se dispersara el humo y que salieran los internos. Para la noche ya habían muerto 66 hombres y dos mujeres —que posiblemente estaban ahí para visitar a sus familiares— y decenas de personas resultaron heridas. Durante la noche, las familias se reunieron en las inmediaciones para exigir información pero fueron dispersadas por las autoridades con gas lacrimógeno y balas de goma, lo que despertó la indignación de muchos activistas y el público en general.
Hacia el mediodía del jueves una oficial salió a hablar con las personas reunidas frente a las instalaciones. Tenía un papel con algunos nombres.
“¿Carlos Sánchez?”, preguntó.
Una mujer levantó de inmediato su mano y gritó: “Yo soy la madre, sí”.
“Él murió”, respondió la policía.
La mujer empezó a llorar y dijo que a su hijo le faltaba menos de un año para cumplir su condena.
La oficial dijo los nombres de algunos prisioneros que habían sobrevivido antes de gritar: “Miren, yo ni he desayunado, entonces nos calmamos. Estos son los nombres que tengo y ya”.
Venezuela está sumida en una crisis económica y su sistema de salud está colapsado; los reos, como muchos otros venezolanos, pasan hambre. Las protestas dentro de los centros penitenciarios han aumentado. El tráfico de armas y de drogas es rampante, al igual que los sobornos de los guardias y la violencia en las zonas de las cárceles que son controladas por grupos armados.
El incendio es uno de los peores desastres en la historia carcelaria de Venezuela; el saldo es mayor que el de las 61 personas que murieron en enfrentamientos en una prisión de Barquisimeto en 2013; las 17 que fallecieron en el incendio de Tocuyito, cerca de Valencia, en 2015, y las 37 víctimas mortales del motín sucedido en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en agosto pasado.
Los familiares de los reos de Valencia dijeron que tenían entendido que el fuego empezó cuando las autoridades intentaron dispersar una fiesta supervisada por las pandillas —conocidas como pranatos— que amenazaron o sobornaron a los trabajadores de la prisión para que les permitieran tener acceso a drogas, alcohol y sexo. Los miércoles, según los familiares, se permitían las visitas conyugales.
“La policía se quería meter a los calabozos, entrar a la fuerza, eso es lo que le dijo mi hermano a su esposa”, dijo Rosa Guzmán, de 40 años. “Vinimos para acá y la policía estaba muy agresiva. Nos hicieron correr”.
Otra mujer, Yesenia Morillo, de 20 años, dijo que dentro de la prisión había dos sobrinos suyos en espera de juicio.
“La semana pasada una riña adentro causó un muerto, pero eso es normal”, dijo, y precisó que sus sobrinos sobrevivieron al incendio. “Dijeron que había una fiesta y la policía les pidió terminarla pero los prisioneros no querían”, señaló Morillo. “Entonces un prisionero tomó el arma de un policía y comenzaron a dispararse y la policía le dio a una mujer. Y ahí empezó todo”.
María, una vecina de 56 años que vive a una cuadra de la prisión e insistió en que no se usara su apellido por temor a represalias, dijo que las autoridades dispararon balas de goma contra la multitud que se reunió para exigir respuestas.
“He vivido aquí 55 años y es la primera vez que veo algo así, tan grande”, dijo.
María describió la cárcel como un desorden total. Dijo que los fines de semana llegan camiones que llevan hielo y comida para las fiestas de las pandillas y que es común que entren prostitutas a la estación de policía adjunta a la cárcel.
La organización Observatorio Venezolano de Prisiones dijo que tenía tiempo advirtiendo sobre el hacinamiento en los calabozos de las estaciones, donde los arrestados pasan mucho más de las 48 horas que establece la ley después de su detención preventiva inicial.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), uno de los principales grupos humanitarios en el país, indicó en su cuenta de Twitter que la “indolencia” del gobierno respecto a la situación en las cárceles es la que “produjo nuevas muertes”.
La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que ha criticado a Venezuela por la detención de opositores políticos, la censura de críticos y la falta de protección a sus ciudadanos malnutridos y enfermos, hizo notar que las “condiciones terribles” en el recinto de Carabobo se repiten en otras instalaciones del sistema penal venezolano porque los calabozos se usan como centros de detención permanentes.
“Las malas condiciones, exacerbadas por los retrasos judiciales y el uso excesivo de la detención preventiva, generan reiterados hechos de violencia y motines”, señaló la oficina de la ONU, que urgió a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y a reparar a los familiares de las víctimas.
El líder opositor Henrique Capriles, quien fue inhabilitado por el gobierno para postularse a los cargos públicos, escribió en Twitter: “¿Cuántas veces más vamos a ver las mismas escenas dantescas con los presos del país?”.
Mientras que Antonio Ledezma, exalcalde caraqueño que huyó hacia Colombia el año pasado, sugirió que esta debería ser “la chispa” que lleve a los venezolanos a retomar sus protestas como lo hicieron los tunecinos después de que un vendedor callejero se inmoló en diciembre de 2019 por la desesperación, hecho al que se le atribuye el inicio de la Primavera Árabe.
Una mujer afectada por los gases lacrimógenos lanzados por las autoridades contra algunos de los familiares que estaban reunidos frente a las instalaciones de la policía de Carabobo. Credit Miguel Gutiérrez/EPA, vía Shutterstock
El incendio coincide con una crisis sin precedentes en el país: hiperinflación, escasez severa de comida y medicinas, apagones constantes, miles de muertes infantiles por malnutrición, crimen rampante en todas las provincias, saqueos en las calles y más.
En 2015, el año más reciente para el cual hay cifras confiables, había 49.644 personas encarceladas en prisiones pensadas para 19.000 reos, de acuerdo con un reporte de InSight Crime, organización de investigación. Otros 33.000 prisioneros más estaban en celdas de uso temporal con cabida para 5000 personas, según el mismo reporte.
Las pandillas controlan buena parte de la vida dentro de las cárceles y muchas personas mueren detenidas. Más de 6600 personas fallecieron en las prisiones del país entre 1999 y 2015, dice un informe de Human Rights Watch a partir de datos del Observatorio Venezolano de Prisiones. El año pasado trabajadores de construcción hallaron una fosa común con quince cuerpos en una prisión en el estado de Guárico.
Y, en 2011, murieron veintitrés personas durante enfrentamientos entre prisioneros armados y las fuerzas de seguridad en una cárcel en las afueras de Caracas.
Rafael Lacava, el gobernador de Carabobo, expresó sus condolencias y dijo: “Se ha iniciado una investigación seria y profunda para dar con las causas y los responsables de estos lamentables sucesos”.
