El océano se tiñe de sangre

Los vigilantes que monitorean la pesca ilegal en los mares del planeta están desapareciendo en circunstancias sospechosas, reporta el GUARDIAN londinense a raíz de la denuncia de la Asociación de Observadores Profesionales (APO), ONG con sede en Oregón.

A un ritmo de dos anuales desde 2015, los incidentes siguen el mismo patrón de un rumor extraoficial confirmado por los familiares de las víctimas, el silencio y la definitiva impunidad tras una investigación de circunstancias.

Nada nuevo bajo el sol pero si sobre las aguas, porque ya en agosto de 2017 PLANETA VITAL se asoció a una iniciativa del mismo diario británico y la ONG Global Witness para desvelar y castigar los crímenes de eco-defensores en lugares remotos e incluso en países industrializados.

Doscientos habían muerto en 2016 – más del doble que cinco años atrás, como si se hubiese impuesto una cultura de impunidad acorde a la codicia de la minería, el agrobusiness, la maderería ilegal y los constructores hidroeléctricos por los recursos naturales; apenas la punta del iceberg de una ola de violencia que también recurre a las amenazas, las expulsiones y la destrucción de los equipos.

En alta mar, los observadores pesqueros corren peligros adicionales en su celo por salvaguardar el nivel de las reservas ictiológicas, enfrentados a tripulaciones hostiles y ayunos de la protección que les hubiera proporcionado una legislación que brilla por su ausencia en las vastas extensiones oceánicas.

Y es que, de acuerdo a un informe de Greenpeace, la APO y la Universidad de New York, ninguna de las 17 organizaciones administrativas regionales de pesca tiene reglamentos que protejan los derechos y la seguridad de los observadores y sólo cuatro de ellas cuentan, al menos, con una política a seguir en caso de su desaparición.

Al faenar bajo banderas de conveniencia de países como Libería o Panamá, que naturalmente tienen particular interés en una legislación más laxa, los pesqueros enfrentan pocas restricciones en cuanto al empleo, cargas legales más baratas e impuestos bajos o inexistentes, y hasta han aprovechado la actual pandemia para restringir aún más el acceso de observadores – portadores de infecciones, según la industria pesquera estadounidense- motivando la denuncia de 19 ONG de que cualquier relajamiento del monitoreo favorecería la pesca ilegal, que ya representa más de 23.5 millardos de dólares anuales y la quinta parte de las capturas marinas.

Así mismo, después de registrar un salto en las denuncias de acosos sexuales y asedio a los observadores, la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional estadounidense (NOAA) anunció que había incrementado el número de abogados para ocuparse del asunto e introducido en 2016 un programa preventivo, ante el hecho de que entre las víctimas figuran dos de sus ciudadanos y que un funcionario de las Islas Fidji trabajaba en un buque con bandera de ese mismo país.

Pero, en definitiva, conforme señala un antiguo observador, al comando de la agencia portuguesa empleadora en el Atlántico Norte, de nada servirán tantas bellas declaraciones a menos que exista la voluntad política de respaldar a sus colegas cada vez que abordan buques hostiles, inspirándose en el procedimiento de la Unión Europea de retirar la licencia a los barcos pesqueros que incumplen la normativa.

Varsovia octubre 2020