SAN SALVADOR — Se supone que los bitcoiners —entusiastas de la criptomoneda más popular del mundo— no confían en el gobierno. Después de todo, una de las premisas del bitcóin es separar el dinero del Estado.
¿Pero qué pasa cuando el entusiasta es el Estado? En El Salvador, durante el último año, muchos miembros de la comunidad global cripto han aplaudido al presidente Nayib Bukele por adoptar el bitcóin como moneda legal, al mismo tiempo que ignoran su desmantelamiento de las instituciones democráticas en los pasados tres años. Bukele ha instrumentalizado el bitcóin para lavar la cara del creciente autoritarismo de su gobierno en la escena mundial. Al difundir su propaganda, los creyentes del bitcóin están promocionando un producto —y llenándose los bolsillos— a expensas de nuestros derechos y recursos.
Cuando Bukele gastó sustancialmente para adoptar el bitcóin, la economía salvadoreña ya estaba en apuros. El total de la deuda pública era aproximadamente del 90 por ciento del producto interno bruto, buena parte acumulada en gobiernos anteriores y otra impulsada por gastos relacionados con la pandemia. Las calificadoras de crédito ya habían empezado a cuestionar la sostenibilidad de la deuda del país. El gobierno de Bukele buscaba un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por alrededor de 1300 millones de dólares.
Fue en ese clima económico en que El Salvador —donde la moneda es el dólar estadounidense— se convirtió en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. Para vender el proyecto, Bukele les aseguró a los salvadoreños que el bitcóin promovería la inclusión financiera (el 70 por ciento de los salvadoreños no tienen una cuenta bancaria), reduciría tarifas en las remesas y atraería turismo e inversión extranjera. Para noviembre de 2021, Bukele había empezado a impulsar una estrategia que le permitiría vender bonos respaldados por bitcóin, un sistema inédito que vio como un medio alternativo para financiar el país, sin involucrar a organismos multilaterales como el FMI.
Para alcanzar las promesas de Bukele, el gobierno presupuestó aproximadamente 200 millones de dólares (tres veces el gasto anual del principal hospital público del país). Con esos fondos, el gobierno creó una criptobilletera con un bono de 30 dólares en bitcóin para cada ciudadano que la descargara (el presidente aseguró que hasta cuatro millones de salvadoreños lo hicieron), estableció un fideicomiso para respaldar las operaciones e instaló 200 cajeros de bitcóin a lo largo del país.
En lugar de invertir en otros proyectos necesarios en un país donde aproximadamente una cuarta parte de la población vive en pobreza, Bukele comprometió el futuro de El Salvador con su apuesta por el bitcóin. Hasta ahora, esa considerable inversión no ha producido los beneficios prometidos.
La ministra de Turismo dijo que, tras la adopción del bitcóin, el turismo incrementó un 30 por ciento en los últimos meses de 2021. En un evento reciente de líderes cripto, otra funcionaria dijo que 50 empresas del rubro habían abierto operaciones en el país y representantes de empresas privadas aseguraron haber creado apenas 113 empleos. Pero es casi imposible determinar si esas afirmaciones son verdaderas. El gobierno no ha publicado cifras detalladas para respaldar esos resultados.
Las remesas componen más del 20 por ciento del PIB de El Salvador, gracias a una enorme diáspora radicada principalmente en Estados Unidos. Pero, según cifras del Banco Central de Reserva, solo el 1,5 por ciento de las remesas se envió por cripto billeteras en abril, lo que muestra que los salvadoreños no se han embarcado con el bitcóin pese a la promesa de ahorros. Y los planes gubernamentales de vender bonos en bitcóin se han estancado.
A un año del experimento de Bukele, los salvadoreños promedio pueden decir que el bitcóin simplemente no está funcionando para ellos. En mayo, una encuesta nacional mostró que el 71 por ciento de los salvadoreños dice no haber visto ningún beneficio de la ley para su economía familiar. Otra encuesta encontró que solo dos de cada 10 salvadoreños apoyan la adopción del bitcóin. Esos salvadoreños no han adoptado la moneda. Un estudio, publicado en abril por el Buró Nacional de Investigación Económica, concluyó que “pese a la condición de moneda legal del bitcóin y los grandes incentivos implementados por el gobierno, la criptomoneda no es, en gran medida, un medio de pago aceptado en El Salvador”.
El bitcóin es la moneda del régimen, diseñada principalmente para entusiastas cripto extranjeros. Algunos son invitados vip a las fiestas privadas del presidente. Van de paseo en helicópteros o en viajes de surf y de pesca, a menudo escoltados por la policía, y llevados en tours privados a instalaciones gubernamentales. Incluso, aconsejan políticas públicas.
Es obvio que el uso de Bukele de la criptomoneda era parte de su agenda. Un gran número de los mensajes del presidente sobre el bitcóin son en inglés porque están diseñados para los creyentes de la criptomoneda, no para el pueblo salvadoreño, aunque todo el proyecto es financiado con dinero de los contribuyentes. Los salvadoreños lo saben. Una encuesta nacional de diciembre mostró que solo el 11 por ciento de los encuestados creía que la población es la principal beneficiaria de la Ley Bitcoin, mientras que un 80 por ciento creía que son los ricos, inversionistas extranjeros, los bancos, empresarios o el gobierno.
Cuando grandes jugadores del mercado cripto global —como Brock Pierce, fundador de Tether, o Jack Mallers, el director ejecutivo de Strike— vienen a El Salvador y alaban a Bukele en los medios, actúan como embajadores del régimen. Sus mensajes llenan las redes sociales y medios especializados de criptoactivos con propaganda sobre lo maravilloso que es bitcóin para El Salvador, lo hermoso que es vivir aquí y lo audaz e innovador que Bukele es como líder. Algunos incluso han sugerido que es bueno para el país tener a estos criptoevangelistas cambiando la imagen de El Salvador ante el mundo, como si hubiera una especie de valor publicitario intrínseco en que alguien pague un coco con bitcóin. Es un espejismo.
Los relatos que los bitcoiners cuentan sobre nuestro país son, a menudo, falsos. En febrero, Stacy Herbert, una promotora del bitcóin y de Bukele, dijo que “la emigración masiva ha parado en El Salvador”, pese a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo, en promedio, a 255 salvadoreños al día en la frontera sur de Estados Unidos ese mes. El proyecto Bitcoin Beach, dirigido por Mike Peterson, un surfista californiano, tuiteó que El Salvador es “un paraíso para los niños”, pese a que el 90 por ciento de las violaciones a menores en el país queda impune. El presidente Bukele lo retuiteó y añadió, en inglés: “Estamos construyendo un lugar donde tus niños puedan tener la vida que tú tuviste de niño”.
La vida que Bukele está construyendo se ve significativamente distinta para los salvadoreños. Durante los últimos tres meses, el gobierno ha implementado un régimen de excepción para encarcelar a unas 40.000 personas, a menudo sin derecho a defensa. Y Bukele ha atacado la libertad de prensa: la Asamblea bajo su dominio aprobó una ley mordaza que prohíbe la reproducción de mensajes de pandillas y su gobierno no ha reaccionado a las revelaciones del uso ilegal del programa Pegasus para vigilar entre 2020 y 2021 a decenas de periodistas de medios independientes, incluido yo. Ya hay reporteros que se han ido del país, temiendo represalias por hacer su trabajo.
Bukele ha usado su personaje de “crypto bro” para distraer la atención pública de otros escándalos de su gobierno. En campaña, Bukele prometió combatir la corrupción al cooperar en una comisión internacional contra la impunidad con la Organización de los Estados Americanos. Ya en el cargo, se retiró del acuerdo. Al día siguiente, anunció la Ley Bitcoin, presumiblemente para distraer la atención por la ruptura de su promesa. En mayo, salió a la luz otro escándalo. El Faro, el medio investigativo donde trabajo, publicó detalles sobre negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y la MS-13 para reducir homicidios. Cuando la negociación se cayó, 87 personas fueron asesinadas en represalia. En lugar de pronunciarse sobre el asunto o incluso negar que estaba personalmente al tanto de las negociaciones, Bukele tuiteó sobre el bitcóin. Su gobierno aún no se ha pronunciado sobre la investigación, que ha sido replicada ampliamente.
Al usar el bitcóin como táctica para distraer de la verdad, Bukele elude la culpabilidad por las acciones de su régimen. La Sala Constitucional elegida por Bukele ha allanado el camino para la reelección presidencial en 2024, aunque nuestra Constitución prohíbe la reelección consecutiva. Al eliminar los contrapesos de las instituciones salvadoreñas, puede operar con impunidad.
Pero incluso cuando ha cimentado su poder local, el gobierno de Bukele se ha aislado de importantes foros internacionales y gobiernos que son cruciales para el futuro económico de El Salvador. Ahora mismo, Bukele está en tensión con el gobierno de Joe Biden y la Organización de los Estados Americanos. Y, además, su apuesta por la criptomoneda ha perjudicado sus posibilidades de conseguir un muy necesario acuerdo con el FMI. Después de que el bitcóin perdiera más del 50 por ciento de su valor este año, ha habido algunas insinuaciones de que la inversión de El Salvador ha empujado al país al borde de la bancarrota. Sin embargo, es un error decir que el riesgo del país de caer en impago es consecuencia del cripto entusiasmo: los problemas económicos preceden y son más grandes que eso.
La paradoja entre las raíces idealistas del bitcóin y la manera en que funciona no es más clara en ningún otro lugar del mundo. El bitcóin nació del movimiento cypherpunk y de las experiencias de activistas por la privacidad que fueron perseguidos por gobiernos. Su naturaleza pende de ideas libertarias como desconfiar de los bancos y del Estado, creando un movimiento de base que se contrapone a la élite económica y que evita la censura de autoridades que se extralimitan.
Pero la relación entre el régimen de Bukele y los bitcoiners ha sido simbiótica, no contradictoria. Los influyentes del bitcóin se volvieron embajadores internacionales del presidente al difundir mensajes como “protejan a Nayib Bukele a cualquier costo”, al mismo tiempo que líderes de otros países y de organizaciones de la sociedad civil empezaron a verlo con desconfianza o a criticarlo directamente. Mientras tanto, Bukele usó su estatus como jefe de Estado para validar y promover un producto que incrementa su valor mientras más gente lo usa. Esto encaja con la teoría del juego de los bitcoiners, que sirve como estrategia evangelizadora. Va así: hasta pequeños países lo usan como moneda y, si no compras, te lo estás perdiendo.
Es bastante obvio para quien sea que visite cualquier lugar en El Salvador, y no solo las playas, que Bukele no está construyendo una utopía tecnológica; está construyendo un Estado autoritario común y corriente, con un disfraz tecnológico. Los bitcoiners harían bien en recordar que cuando aplauden a Bukele, no están dando paso a la tecnología del futuro; están sirviendo a un régimen que viola los derechos humanos de sus ciudadanos. Después de todo, la promesa de libertad económica del bitcóin no sirve de nada a los salvadoreños si es la única libertad que aspiramos a tener.
Es periodista salvadoreño que escribe sobre política y violaciones de derechos humanos para El Faro.
