El sector privado cubano se queda sin trabajo y desamparado por la pandemia

Edelmiro Marrero tiene 62 años y trabaja como jardinero desde hace 24. «Tengo doce clientes fijos y dos o tres eventuales y laboro pocos días a la semana. Normalmente empiezo a las 6 de la mañana y trabajo cinco o seis horas. Con ello me gano el pan nuestro de cada día y puedo vivir sin pasar grandes apuros», cuenta.

Su esposa y su nieto viven también de los ingresos que le ha proporcionado este empleo por cuenta propia hasta que en marzo tuvo que cesar su actividad por la pandemia de covid-19. Desde entonces, no ha encontrado las soluciones que esperaba.

«Soy una persona con alto riesgo y tengo miedo de que alguien contaminado haya expectorado en el césped y yo contraiga la enfermedad. Además, tengo mis problemas de presión, y las medicinas que debo tomar casi nunca aparecen». Ahora Marrero se dedica a darle mantenimiento a sus instrumentos, pero eso no le sirve de mucho. «He tenido que parar y, a pesar de que pago mis impuestos y la seguridad social, no tengo derecho a ningún tipo de compensación».

«He tenido que parar y, a pesar de que pago mis impuestos y la seguridad social, no tengo derecho a ningún tipo de compensación»

Marrero explica que no puede realizar su trabajo «con ese trapo en la cara», pues no puede respirar bien, el sudor le corre por el rostro y en ocasiones se le empañan los espejuelos. La actividad de los jardineros, atendiendo los parterres y los pequeños jardines de las casas, requiere del trabajo manual y debe hacerse agachado, de rodillas o sentado por lo que resulta agotador e incómodo.

Hace alrededor de un mes, vio en la televisión que los trabajadores por cuenta propia podían dirigirse al Departamento de Atención a la Población del Ministerio de Finanzas y Precios para aclarar sus dudas sobre las medidas a las que podían acogerse ante la situación creada por el coronavirus.

«Me respondieron que según la ley yo no tenía derecho a retribución alguna. Parece que lo de ellos es solo quitar dinero», explica bastante molesto. El Gobierno ha previsto que los cuentapropistas suspendan su licencia sin trámites complejos y que puedan incorporarse al sector estatal. Además, ha activado ayudas sociales de la Seguridad Social para los contratados por cuentapropistas o las personas mayores y vulnerables. Pero nadie ha ofrecido ninguna de estas alternativas a Marrero y muchos que han apelado a esa opción aseguran que los trámites son engorrosos.

El jardinero lamenta que no le sirva para gran cosa en este momento haber pagado más de 15.000 pesos en impuestos por su actividad durante los últimos diez años, ni haber abonado al sistema de Seguridad Social más de 20.000 pesos. Los trabajadores por cuenta propia tienen derecho a varias prestaciones, como una pensión por jubilación, accidente o invalidez y cobertura por maternidad, pero carecen de ayudas por el cese de su actividad.

Algo parecido le ocurrió a Ibette Tabares, propietaria de una paladar desde el año 2010, que lo único que logró en el Ministerio de Finanzas y Precios fue la comprensión de la funcionaria que la atendió por teléfono

Algo parecido le ocurrió a Ibette Tabares, propietaria de una paladar desde el año 2010, que lo único que logró en el Ministerio de Finanzas y Precios fue la comprensión de la funcionaria que la atendió por teléfono. La empleada le dijo que entendía su preocupación y que una reclamación era muy justa, pero que no podía hacer nada porque la ley no tenía prevista una ayuda para personas en su situación. Después de esto, le indicó que se dirigiera a las oficinas nacionales y provinciales de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat).

«Llamé a la Onat provincial y quien me salió al teléfono no quiso identificarse, al preguntarle me dijo que era una funcionaria. Después de formular la pregunta de diferentes formas la respuesta fue tajante: ‘Eso es lo que establece la ley y hasta ahora no se ha emitido resolución al respecto del tema que plantea’. Lo peor fue que me aclaró que, además de no tener derecho a remuneración alguna, debo seguir realizando los pagos a la Seguridad Social. Uno siempre pierde con ellos», denuncia.

Según Gerardo Moné, abogado con más de 30 años de experiencia, «los tribunales no tienen jurisdicción en esas cosas, pues no van a juicio». En cambio, «sí le puedo decir que la Ley No. 105 y el Decreto No. 326 establecen la forma de pago en estas circunstancias para los trabajadores estatales».

Y concluye Moné. «Llevo treinta años en este negocio y no conozco abogado alguno que domine las leyes del cuentapropismo».

El sector privado ha pedido desde entonces el acceso a un paquete de rescate que incluya créditos preferenciales

En Cuba 595.600 personas trabajan por cuenta propia, según datos oficiales, de los que 275.900, el 47%, pertenecen a las actividades más afectadas laboral y económicamente por la pandemia: restaurantes y cafeterías, transporte de carga y pasajeros, arrendamiento de viviendas, incluyendo a los trabajadores contratados por los dueños de esos negocios.

A mediados de abril, la ministra de Trabajo situó en 52.000 el personal del sector del transporte privado que suspendió su actividad a instancias del Gobierno y explicó que también se podía hacer a solicitud propia, una opción a la que se habían acogido 139.000 personas. En ese momento se calculó un impacto de unos 99 millones de pesos, tanto por las cuotas tributarias mensuales, como por el 10% de los servicios o ventas que se dejan de captar.

El sector privado ha pedido desde entonces el acceso a un paquete de rescate que incluya créditos preferenciales. Además, ha solicitado autorizaciones para importar y exportar sin pasar por el Estado. Todo sin éxito, ya que el Gobierno solo ofrece la incorporación a puestos estatales u otras soluciones inaceptables para los trabajadores por cuenta propia.