En Cuba el tren de la corrupción nunca para

LA HABANA, Cuba.- La entrada en vigor del decreto ley 288 (Modificación en la ley general de la vivienda del año 1988) creó revuelo en el pueblo cubano: después de medio siglo de vivir en nuestras casas como propietarios honoríficos —puesto que no podíamos donarlas ni venderlas, y al emigrar nos eran confiscadas por el Estado— ahora se podía legalmente realizar cualquier acto de transmisión con ellas, incluso al abandonar el país.

Sin embargo, aun cuando la ley anterior prohibía la compra y venta de viviendas, la población se las ingeniaba para hacerlo al margen del control estatal. Con la nueva ley, el gobierno llena sus arcas con los altos impuestos resultantes, aunque no controla la corrupción de los funcionarios que intervienen en el proceso. Con todo, algunos se alegran de poder dejar atrás la odisea de la permuta, pues aunque es cierto que muchos cubanos se hicieron expertos en este negocio, debían aunarse varias voluntades —amén de “recursos” y “amigos”— para lograr el cambio de casa.

A partir del 10 de noviembre de 2011, con el establecimiento de dicha ley, comenzó la agitación entre los propietarios. Los carteles anunciando la venta de casas o apartamentos aparecían en las fachadas. Unos vendían para comprar, pero no fueron pocos los que ofertaban su vivienda con todo dentro, y con ese dinero pagaban el viaje para irse del país. Sin embargo, pronto los que tenían carteles se vieron obligados a quitarlos, por estar prohibidos. Los más empecinados se arriesgaban a una cuantiosa multa, aunque algunos habilidosos se “arreglaban” con los inspectores.

De una u otra forma, las personas se las ingenian para disponer de sus bienes y evitar en lo posible la “mordida” del Estado. Así lo hizo el anciano Prudencio, que se fue quedando solo en una espaciosa casa en la calzada de Dolores, en Lawton. La sobrina que lo cuida estaba buscando permuta para acercarlo a ella, que vive en el Sevillano y no quería dejar su casa. Con la nueva ley, pudo llevárselo a vivir con ella, pues el anciano le hizo una “donación” al hijo de un vecino, dueño de una cafetería. Con la estratagema evitó los engorrosos trámites de la venta, y pagar el 4 % de impuesto al gobierno. Solo tuvo que acudir al notario, pues en el caso de la donación solo paga el 4 % (del valor oficial) quien recibe la casa. Ahora la muchacha puede darle un mejor nivel de vida a su tío.

Marina era propietaria de una casona de 4 cuartos con techo de viga y losa, aunque en buen estado, en Santos Suárez. Tras ejercer como profesora de biología durante 28 años, recibe una pensión de 200 pesos mensuales, con los que apenas puede alimentarse. Es una octogenaria solitaria y desconfiada, pero cuando el joven hijo de una gran amiga le ofreció comprarle el techo para fabricar, ella lo pensó mejor y le propuso venderle la mitad de la casa, pero a través de una donación. El joven aceptó enseguida. Con ese dinero, Marina pudo salir de la miseria.

Con la nueva posibilidad surgieron también los agentes o gestores de compraventa (los llamados corredores), así como algunas agencias, que en su mayoría han cerrado. Muchos se abstienen de contratarlos por las altas comisiones que cobran. En cambio, otros acuden a ellos por falta de tiempo o por comodidad.

Por ejemplo, Flavio, que lleva más de dos años con su apartamento cerrado en Lawton, decidió venderlo porque está cuidando a su anciana mamá ciega en Centro Habana. Según él, ya el corredor le consiguió un comprador, sin embargo, le ha resultado difícil efectuar la venta. Se queja de que los trámites son lentos, de que los arquitectos se demoran porque “tienen mucho trabajo”, de que la notaria siempre le encuentra algún error en los papeles, y no le da el visto bueno para comenzar los trámites, de que tiene que pagar al Estado el 4 % del precio oficial en que sea valorada la casa, y al corredor, el 5 % de la cantidad en la que realmente va a vender. Su apartamento no está muy bueno, por lo que no puede pedir mucho por él.

Resignado, me dice: “Me da la impresión de que la notaria y el de Vivienda están luchando su ‘tajada’. Me duele tener que pagar por lo que es mi derecho, pero me temo que, si no aflojo la mano, no voy a resolver”.