En limbo migratorio y con riesgo de deportación unos 350.000 venezolanos en EEUU
Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de este lunes, la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato el TPS para los venezolanos, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal
La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para los venezolanos va en contra del “interés nacional” de EEUU y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
Los Ángeles, 19 may (EFE).- Alrededor de 350.000 inmigrantes venezolanos se han quedado en un limbo migratorio y con riesgo de deportación, tras una decisión de la Corte Suprema este lunes considerada por expertos como la “más grande privación” de estatus legal a extranjeros en la historia moderna de EEUU.
El fallo de tan solo dos párrafos emitido por el máximo tribunal estadounidense anula una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos, otorgado por la anterior administración.
Esta decisión supone un duro golpe para los cientos de miles de ciudadanos del país caribeño que perderán su permiso de trabajo y la protección contra la deportación que otorga el amparo, a pesar de que la batalla legal emprendida por seis venezolanos y la Alianza TPS continúa.
“La pérdida inmediata de nuestro TPS nos causa un daño extraordinario. Ahora tememos ser deportados y tendremos dificultades para mantenernos”, dijo este lunes en un comunicado una de las venezolanas demandantes en el caso identificada como E.R.
La Administración del presidente Donald Trump ha argumentado que el TPS para los venezolanos va en contra del “interés nacional” de EEUU y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes”.
La falta de un pronunciamiento claro del Supremo ha sumido a los inmigrantes en la incertidumbre y a los abogados demandantes a la espera del siguiente paso del Gobierno de Trump.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.
“El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”, señaló el abogado.
