Estado de excepción en El Salvador: 42.000 detenidos, falsos delitos y casi 50 muertes en custodia

«Estoy aquí para decirle a todos algo que muchos pensaron que era imposible y que hasta hace poco nadie hubiera creído que fuese así: estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas». Estas palabras fueron pronunciadas el pasado 2 de junio por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante su discurso en el Congreso con motivo de su tercer año de Gobierno. Para entonces se vivía ya la segunda prórroga del estado de excepción impuesto el 27 de marzo tras una ola de asesinatos que dejaron, en un fin de semana, casi 90 muertos. Un medio de investigación, ‘El faro’, desvelaba en mayo que esta matanza, perpetrada por la Mara Salvatrucha, era la respuesta a la ruptura del diálogo entre el Gobierno y las pandillas, negociaciones que Bukele siempre ha negado.

Hoy se cumplen tres meses desde la puesta en marcha de esa medida, que fue prorrogada por tercera vez este martes y que ha permitido la detención de más de 42.000 personas, calificadas por el propio presidente como terroristas. Mientras Bukele y su Ministerio de Seguridad han informado, casi al minuto, del incremento de detenciones, miles de personas han visto como de la noche a la mañana –la incursión en los hogares, sin orden judicial, se produce a menudo de madrugada– sus familias se han roto. Si bien Bukele ha concedido que puede haber un 1% de error en estas capturas, las denuncias de letrados y organizaciones humanitarias –alguna de ellas acusa al Gobierno de presuntos delitos de lesa humanidad– superan con mucho ese porcentaje.

Cuota de detenciones

«Hoy hemos atendido a muchísimas personas: madres, padres e hijos que tienen a más de un familiar preso y que no tienen ningún vínculo con pandillas. El drama humano de las familias salvadoreñas es quebrantador», explica a ABC la abogada penalista Lucrecia Landaverde al otro lado del teléfono desde San Salvador. A continuación hilvana, uno tras otro, alguno de los casos que han llegado a su despacho: «Esta misma mañana vino un señor –no quiere revelar nombres por seguridad– que, llorando desde el principio al final, me relató cómo en la madrugada llegaron a su casa militares y policías a sacar a su hijo. En ese momento, le indicaron a la familia que solo querían actualizar datos y pidieron al joven que les acompañara a la delegación policial. Una vez allí, le dijeron que no se podía marchar porque había sido acusado de haber cometido delitos, en este caso, de homicidio agravado. Y jamás –subraya Landaverde–, el muchacho ha estado involucrado en ningún tipo de hecho delictivo».

Asociación ilícita o pertenencia a organizaciones terroristas son otros de los delitos de los que son acusados los detenidos durante el régimen de excepción. «Tienen que justificarlas», afirma la abogada, quien asegura que el presidente ha exigido a las fuerzas del orden «un número de capturas diarias. Hay policías que me han expresado a mí personalmente que les ponen hasta 40 capturas diarias por policía». El objetivo es llegar a una cifra de detenciones marcadas por Bukele, y que se sitúa en torno a las 70.000, aproximadamente la población pandillera de El Salvador, integrada principalmente por la Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios. «Es cierto que están capturando delincuentes, pero también a un buen número de la población que no tiene nada que ver con pandillas y que simplemente viven en lugares acechados por la criminalidad, porque son pobres. Se llevan a familias enteras», detalla.

Para lograr alcanzar el objetivo «les inventan delitos», asegura Landaverde, mientras recuerda cómo en una audiencia de un defendido suyo intentaban justificar su captura con pruebas falsas: «Le acusaron de pertenencia a una organización terrorista y le pusieron un arma. La pistola la tenían los policías y estaba involucrada en cuatro homicidios. A esta persona que capturaron (su defendido), la detuvieron en el campo. Es un muchacho campesino, que jamás ha disparado un arma… Los mismos policías están poniendo pruebas», mantiene. Este es un caso de muchos, plagados de irregularidades. «A un grupo de muchachos que trabajaban en un bar los sacaron y les pusieron droga. Necesitaban una excusa para detenerlos», insiste.

La abogada asegura, además, que durante los ingresos en los hogares, según las denuncias de las familias, la policía ha realizado «hurtos» de televisiones, teléfonos móviles, ordenadores, incluso dinero… «Pero no pueden hacer nada». A los delitos presuntamente fabricados se suman los perfiles inventados que se viralizan en las redes sociales a través de cuentas del «Ministerio de Seguridad Pública o de la Policía», según la letrada, para apoyar así las acusaciones.

Landaverde también denuncia la violación del derecho a la defensa de los detenidos:«Nosotros, los abogados, jamás habíamos visto esto. Tenemos que andar a hurtadillas. La Procuraduría tiene una función de defensa pública ante los procesados, y la Fiscalía ejerce de acción penal, de acusación. Ahora están en coordinación y ambos impiden que los familiares tengan conocimiento de datos, como el número de expediente, el día y dónde va a ser la audiencia para que no haya abogados defensores. Mandan a todos los capturados, independientemente de si son inocentes o culpables, seis meses con detención provisional a una cárcel mientras se les hace la siguiente audiencia». Una reclusión que se puede extender seis meses más si la Fiscalía no ha concluido la investigación. «Habrá personas que pasen hasta un año presas siendo inocentes», alerta.

Una de las denuncias que han realizado varias ONG es la muerte de casi medio centenar de detenidos bajo custodia policial, detenidos que han fallecido «sin haber podido demostrar que eran inocentes. Se les culpa y se les condena desde el primer señalamiento que hace la policía. Jueces –se han creado unos especiales para estos casos a los que se les llama ‘jueces sin rostro’–, fiscales y procuradores actúan de una manera bárbara, violando todos los derechos procesales del imputado, el debido proceso y, además, derechos fundamentales, derechos humanos…».

Reconoce que por sus manos han pasado casos como el de William Alexander Galeas, de 36 años, detenido junto a su familia por una denuncia falsa en las redes sociales. Murió asesinado el 12 de mayo en el Centro Penal de Mariona. Pero no ha sido el único. Oficialmente las causas de las muertes han sido atribuidas a causas naturales «neumonía o Covid». Pero cuando los familiares han recibido el ataúd y han descubierto el cuerpo, «se ha visto que claramente esas personas han sido golpeadas y torturadas».

Otro de los efectos que ha provocado esta guerra es la delación de personas –a través de redes sociales o de llamadas telefónicas– por motivos ajenos al crimen. «Una denuncia anónima ocasiona que hombres armados se metan a sacar personas de sus casas por tener un señalamiento en las redes sociales simplemente porque a alguien les cae mal».

En cuanto al perfil de los detenidos, la abogada indica que «al principio eran muchos jóvenes, pero ahora están incluso capturando a gente de la tercera edad porque un vecino anónimo puso una denuncia, afirmando que es el papá de un pandillero o un ‘poste’ (un informante de las pandillas); también capturan a madres de familia y las acusan de esto mismo».

Una cárcel gigantesca

Ante las detenciones masivas en un país donde ya hay hacinamiento en las cárceles, una de las preguntas recurrentes era dónde iba a meter el Gobierno a tanto presunto criminal. Bukele la ha contestado esa semana anunciando, a través de su cuenta de Twitter, la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo. «Son muchos los factores que deben salir bien y a tiempo para poder ganar la #GuerraContraPandillas y la construcción de un gigantesco Centro Penitenciario es uno de esos factores», señaló, desvelando alguno de los detalles del centro, así como un vídeo de la localización:«Decidimos hacerlo alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape», escribió.

En un país donde Bukele goza de un gran apoyo popular, incluso durante el estado de excepción, las reacciones contra sus críticos son muy severas. Landaverde no ha sido ajena a ellas pues ha sufrido «muchísimas amenazas» por denunciar las irregularidades de los procesos: «O nos callamos la verdad de los hechos o lo expresamos. Yo he optado por lo último, y pienso que me pueden capturar. Y no es que no me asuste, me asusta y mucho, pero he decidido tomar un papel muy activo en la defensa de inocentes porque esto está siendo devastador para las familias salvadoreñas», señala la letrada, que deja claro que «nunca» ha defendido a pandilleros.