Gehard Cartay Ramírez: Bitácora venezolana (VI)

Nueve meses después de la extracción del dictador Maduro, sucedida el pasado tres de enero, resulta realmente inaudito que todavía existan quienes no se dan cuenta, o fingen no hacerlo, de que la prioridad para salir de la descomunal crisis que nos agobia no es otra que celebrar cuanto antes elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional y posteriormente las regionales y municipales.

Lo grave, gravísimo, es que quienes se niegan a ver esa descomunal realidad son precisamente el gobierno de Trump, sus vasallos y tutelados al frente del régimen venezolano y, al parecer, el sector opositor que integra la comisión negociadora designada por el primero. Porque no solamente se trata de agilizar la única salida constitucional que tiene el proceso en marcha, sino que también han olvidado las elecciones de julio de 2024 y la ausencia absoluta de Maduro, dos hechos que los obligan a cumplir la Constitución Nacional.

A este respecto, hay que recordar los hechos sucedidos en los últimos dos años.

El primero, el abyecto desconocimiento de la soberanía popular que se expresó el 28 de julio de 2024 cuando eligió como presidente a Edmundo González Urrutia, y esa elección fue desconocida mediante un golpe de Estado propiciado por la camarilla gobernante con el apoyo de la cúpula militar y del propio Consejo Nacional Electoral. Este zarpazo contra la democracia venezolana quedó evidenciado ante todo el mundo, gracias a las denuncias fundamentadas de María Corina Machado y quienes la apoyan, al mostrar las actas de votación -esas mismas que el chavo madurismo no ha mostrado hasta ahora, ni lo hará- con los resultados electorales que dieron a González Urrutia un porcentaje cercano al 70 por ciento, correspondiéndole al derrotado Maduro el resto de los votos. Una paliza en toda la regla, por supuesto.

El segundo ha sido el obsceno desconocimiento de la Constitución Nacional al no aplicarse sus disposiciones luego de producirse el pasado tres de julio la ausencia absoluta de quien ocupaba la presidencia de la República. La Constitución en su artículo 224 establece que cuando exista falta absoluta de la persona que ejerza la presidencia durante los primeros cuatro años del período -tal como es el caso actual- “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. “Más claro no canta un gallo”, dice la sentencia popular, y, sin embargo, los cabecillas del régimen y sus “juristas” han incumplido ese mandato constitucional para prolongar su interinaria ilegítima y de facto, algo inaceptable.

Distinguidos juristas, así como la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, han solicitado el cumplimento de la previsión constitucional. Incluso, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV advirtió contundentemente “que mantener a una autoridad no electa en la Jefatura del Estado viola la soberanía popular” y agregó que “el principio de continuidad administrativa no aplica para la Presidencia de la República, sino para cargos de designación menor”. Por si fuera poco, ese mismo pronunciamiento señala que “el ejercicio indefinido de una autoridad no electa -cuya legitimidad de origen es puramente designataria- viola el principio democrático, la soberanía popular y el derecho fundamental al sufragio consagrado en el artículo 63 constitucional”.

El régimen, por lo visto, no está interesado en suplir la ausencia absoluta registrada el tres de enero y mucho menos en reconocer la victoria de González Urrutia el 28 de julio de 2024. El Rodrigazo busca por todos los medios prolongar su interinaria y tal parece que a sus tutores también les interesaría por sus particulares razones petroleras.

Queda abierta entonces la convocatoria a elecciones nacionales y luego las regionales y municipales, pero esta posibilidad tampoco les conviene en su ambición por continuar en el poder como sea.

Claro está que esa prioridad lleva aparejada la designación urgente de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y de un nuevo Consejo Nacional Electoral -aunque sean con carácter interino-, así como, simultáneamente, la liberación plena de los presos políticos, la eliminación de las inconstitucionales inhabilitaciones políticas y, por supuesto, la fijación de un cronograma electoral de elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional y posteriormente los comicios regionales y municipales. Tal sería, en mi opinión, el orden de las prelaciones que debe asumir la comisión instalada para buscar soluciones a la crisis que sufre Venezuela y que deben resolverse con premura y brevedad.

Destaco como prioritarias las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional, conjuntamente con el nombramiento de un nuevo TSJ y un nuevo CNE, porque estamos asistiendo a un peligroso vacío de poder ya que la persona que hoy dice ser presidenta de la República no fue elegida por nadie y carece, por tanto, de legitimidad para desempeñar esa alta responsabilidad. Y en cuanto a la actual Asamblea Nacional, debe recordarse su irregular elección en 2025 y su peculiar conformación contrariando las disposiciones constitucionales al respecto.

En definitiva, lo crucial ahora es avanzar en las soluciones concretas y rápidas, siendo sin duda urgentes las elecciones presidenciales y de la Asamblea Nacional por las razones expuestas. Lo demás vendría por añadidura, si se hacen las cosas de la mejor manera.

Las decisiones de la Comisión Negociadora

A estas alturas del tiempo ya hay un evidente descontento con la actuación de la fulana Comisión Negociadora que integran el Rodrigato y diputados de Primero Justicia y Voluntad Popular, por la oposición.

La verdad es que la citada comisión ha perdido un tiempo precioso, sin haber logrado resultados evidentes en estos nueve meses posteriores a la extracción de Maduro: seguimos bajo un gobierno de facto e inconstitucional, todavía hay centenares de presos políticos -algo incompatible con la democracia-, funcionan aun los cuerpos represivos, los partidos continúan secuestrados y las inhabilitaciones políticas no han sido suprimidas.

Ante estas gravísimas circunstancias actuales, la comisión negociadora debería percatarse de la urgencia y conveniencia de acelerar los acontecimientos para salir con éxito de esta crisis y avanzar en el camino de su solución. Sin embargo, llama la atención, y no deja de escandalizar a algunos, cómo esa comisión sesiona unos pocos días y luego toma de nuevo vacaciones -con algunos de ellos viajando al exterior, entre tanto-, mientras los venezolanos están ansiosos por salir de esta crisis cuanto antes. Y no deja de llamar igualmente la atención la manera cómo priorizan los temas, obviando los más urgentes, dejando a la imaginación y a la especulación de todos cuándo realmente van a tomar las decisiones fundamentales.  

El verdadero cambio no puede esperar

Los venezolanos ansían un cambio verdadero y cuanto antes porque, hasta ahora, no se ha producido y el país lo reclama con urgencia.

Frente a esta angustia generalizada no han faltado quienes piden paciencia y espera, unos por cálculos políticos perversos y otros de buena fe, sin faltar los ingenuos de siempre. Pero la verdad es que, después de tres meses de los acontecimientos del pasado 3 de enero, el planteamiento de comenzar cuanto antes la transición hacia la redemocratización de Venezuela, surge como un reclamo colectivo, justo y valedero, desde todo punto de vista.

Hasta ahora lo único que se ha producido es el total acatamiento de la cúpula del régimen a los órdenes del gobierno de Estados Unidos, especialmente en materia de petróleo y economía, pero en cuanto a la política interna y al logro de una auténtica transición es muy poco lo actuado. Y, sin embargo, a pesar de la prioridad otorgada a los asuntos económicos y financieros por los tutores gringos y los tutelados de aquí, los venezolanos siguen siendo acosados por el desempleo, los salarios miserables -los más bajos del continente-, el empobrecimiento de las clases medias y bajas, la crisis generalizada de la salud, el desastre de la educación a todos los niveles, el alto costo de la vida, la inflación y los pésimos servicios públicos, entre otras desgracias nacionales.

En el campo político continuamos atados en muchos sentidos al mismo pasado chavomadurista autoritario, ahora continuado por sus herederos. Revísese este sentido la supuesta amnistía, por ejemplo, que sigue siendo una falsedad conceptual y ajena a lo que ese concepto jurídico significa en verdad. Una amnistía auténtica no condiciona a quienes beneficia, ni los discrimina si en verdad persigue un objetivo de conciliación y unidad nacional. Bien se sabe que excarcelaron -sin darle libertad absoluta, como debió ser- unos cuantos presos políticos, pero la gran mayoría siguen injustamente detenidos y no han cesado ciertas prácticas represivas y de amedrentamiento. 

De la misma manera tampoco se ha procedido a regularizar como es debido la situación de más 10.000 personas que siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad, sin olvidar los millones de venezolanos -muchos de ellos forzosamente exiliados- que no han podido regresar al país por motivos de seguridad y ausencia de garantías. 

Las instituciones venezolanas continúan estando manipuladas a todos sus niveles por la cúpula interina en el poder, al igual que antes del tres de enero, y de espaldas al sentir nacional de cambio cuanto antes. Se pretende prolongar lo mismo del pasado y por eso siguen maniobrando descaradamente. Tampoco podemos obviar el secuestro de los partidos políticos por parte del régimen y las absurdas e inconstitucionales “inhabilitaciones políticas” permanecen vigentes. 

Por todas estas razones resulta urgente un verdadero cambio político. Quienes aún continúan en el poder son los mismos que con Chávez y Maduro arruinaron al país, liquidaron la democracia, persiguieron a la disidencia política y obligaron al destierro a millones de venezolanos que no consiguieron empleo ni oportunidades en su propia patria.

Está suficientemente demostrado que ese interinato está incapacitado para producir el cambio necesario. Por eso es urgente que la verdadera oposición democrática, legitimada por los venezolanos el 28 de julio de 2024 y liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, sea la que los sustituya democráticamente y dentro de un ambiente de la mayor unidad nacional, sin exclusiones ni exclusivismos.

Mientras no se democratice al país no se podrá tampoco lograr la estabilización política ni su recuperación económica y fiscal, al revés de lo decidido por el gobierno de Trump. Pensar que estas dos últimas son más importantes que el primer y fundamental objetivo resultará, a la postre, más perjudicial aún para todos, incluidos quienes, por ahora, siguen detentando el poder. 

La auténtica democracia que aspiramos los venezolanos también importa en esta histórica coyuntura. Y hay que luchar por ella, con denuedo y coraje.

El regreso de María Corina y la presencia de Delsi Rodríguez en la ONU

Dos hechos políticos importantes ocuparon la atención pública en septiembre.

Uno ha sido el anunciado regreso de María Corina Machado al país, luego de su ausencia para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025. Han transcurrido ya varios meses y aunque en todo este tiempo ha realizado reuniones muy importantes con jefes de Estado, líderes políticos de países influyentes a nivel internacional e instituciones académicas de todo tipo, al anunciar su regreso factores de todo tipo le han impedido el retorno a su país.

Este es un tema que es preciso destacar porque en él confluyen intereses de todo tipo, opuestos, por supuesto, a la líder democrática de Venezuela. No entraremos en esta ocasión a analizarlos en su totalidad. Sólo señalaremos que existen dos muy relevantes y que han trascendido públicamente: uno sería el inocultable propósito del Rodrigato por mantenerla fuera del país en virtud de su obvio temor porque la presencia de María Corina sea avasallante en sus recorridos por Venezuela, emocionando nuevamente a multitudes que la siguen apoyando y potenciando un ambiente de cambio que el régimen no quiere que se exprese de ninguna manera.

Por su lado, el gobierno de Estados Unidos considera inconveniente la presencia de la Premio Nobel, pero por razones distintas: al parecer, considera que no contribuiría al desarrollo de su estrategia en materia de “estabilización política y recuperación económica”, ninguna de las cuales, por cierto, se ha logrado en estos nueve meses de tutelaje sobre el Rodrigato. Esta actitud muestra a las claras que el interés supremo de míster Trump es priorizar el tema petrolero, con exclusión de todos los demás, incluyendo el retorno a la democracia en Venezuela. Y lo ha dicho de todas las maneras con ese tono petulante y atorrante que lo caracteriza, especialmente en estos días próximos a las elecciones de mitad de período donde se juega su mayoría en la Cámara de Senadores y podría sufrir un descalabro mayor en la Cámara de Representantes.  

Son factores muy poderosos, desde luego, pero conociendo la fuerza y la decisión de María Corina Machado y su apoyo mayoritario entre los venezolanos, va a resultar muy difícil que le impidan retornar. Seguramente en cualquier momento hará acto de presencia entre nosotros.

El otro tema fue la aparición de Delsy Rodríguez en la ONU sin tener cualidad ni condición de jefe de Estado constitucional y legítima, algo que al organismo internacional le importa muy poco, por lo visto. Fue, además, una visita sin trascendencia política para el régimen que encabeza, salvo la reiteración del apoyo de Trump y la reunión entre ambos. Por cierto que Delsy Rodríguez también escuchó el discurso del presidente norteamericano cuando reiteró una vez más su satisfacción por el operativo militar de su gobierno que extrajo a Maduro, a quien volvió a calificar como “dictador, narcotraficante y criminal” delante de quien era su segunda como jefe del régimen venezolano. Y no sólo eso: ella inmediatamente se reunió con Trump en medio de amplias sonrisas de ambos. Maduro ya es cosa del pasado, por lo visto…

Mientras tanto, la crisis nacional sigue creciendo y la paciencia de la gente agotándose

El país está harto de la prolongada incompetencia del régimen que no sólo saqueó y arruinó a Venezuela en estos 27 años, sino que además la dejará en medio de un colapso dramático de los servicios públicos, lo que nos equipara con un atrasado país africano.

Mientras Donald Trump repite a cada rato que los venezolanos “están felices, bailando en las calles y ganando mucho dinero”, la verdad no es otra que la crisis nacional sigue creciendo y la paciencia de la gente está agotándose. Al empobrecimiento generalizado de los venezolanos, a los que el chavomadurismo les eliminó sueldos y salarios y los sustituyó por bonos de miseria y jubilaciones de hambre -robándole además sus prestaciones-, hay que añadir la creciente inflación y el alto costo de la vida y el dramático colapso de los servicios públicos, especialmente el suministro de energía eléctrica y de agua potable.

La pesadilla del pésimo servicio eléctrico está acabando con la paciencia de los venezolanos y todos los días hay protestas en todo el país por esa circunstancia. Y es que, aunque han intentado ocultarlo -lo que resulta imposible, desde luego-, la realidad innegable no es otra que el sistema eléctrico nacional no puede cubrir ya la demanda nacional, a pesar de que en la República Civil pudimos exportar electricidad a Brasil y Colombia. Hoy ese mismo sistema, pero gravemente colapsado, no puede prestarles el servicio a los venezolanos. Por eso mismo, todos los días le suspenden la electricidad a medio país para que la otra mitad pueda tenerla, en lo que los propagandistas del régimen han dado en llamar elegantemente “administración de cargas”, es decir, cortes de electricidad programados.

La realidad es que ya no pueden mantener en funcionamiento el sistema eléctrico nacional y algunos técnicos han anunciado que se viene otro apagón nacional como el de hace varios años.