¿Y si el problema ya no fuera la izquierda o la derecha?

América Latina necesita liderazgos capaces de gobernar, instituciones que limiten el poder y políticas de Estado que sobrevivan a los gobiernos.

Durante demasiado tiempo hemos organizado nuestras discusiones políticas alrededor de una frontera que parece imposible de abandonar: izquierda o derecha, progresismo o conservadurismo, Estado o mercado, liberalismo o intervencionismo. Las diferencias representan concepciones legítimas de la sociedad y la economía. El problema comienza cuando las etiquetas sustituyen a las preguntas, y quizá haya llegado el momento de formular otras.

Una familia que no puede pagar el alquiler no vive su problema como una controversia ideológica. Tampoco el joven que estudió durante años y no encuentra un empleo que le permita independizarse. Quien espera atención médica, teme por la inseguridad o descubre que sus hijos podrían vivir peor, él no necesita saber primero cómo se define quien gobierna. Necesita respuestas.

En España, Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el 29 de noviembre. En medio de la confrontación política, el acceso a la vivienda plantea preguntas sobre los alquileres, los derechos de los propietarios, la construcción y el papel del Estado. Sin embargo, el debate vuelve casi inevitablemente a convertirse en izquierda contra derecha.

En Brasil, Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos en la primera vuelta presidencial frente al 45% de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos deberán enfrentarse nuevamente el 25 de octubre. Los mercados reaccionaron favorablemente ante la expectativa de políticas económicas más orientadas a las privatizaciones, la reducción del gasto y menores impuestos.

Una bolsa que sube puede expresar expectativas legítimas de rentabilidad o crecimiento, pero no demuestra que una familia vivirá mejor. Tampoco una política social puede considerarse exitosa solamente porque aumente el gasto si no existe una economía capaz de sostenerlo.

Brasil debería ser evaluado por su capacidad para crecer, generar empleo, reducir desigualdades, elevar la productividad, agregar valor a sus materias primas y fortalecer sus instituciones. También por su capacidad de relacionarse con Washington, Beijing, Europa y el Sur Global sin convertirse en subordinado de ninguno. Esa exigencia debe aplicarse tanto a Lula como a Bolsonaro, independientemente de sus orientaciones ideológicas.

Durante décadas, América Latina ha cambiado de orientación esperando que la etiqueta siguiente resolviera aquello que la anterior no consiguió solucionar. Demasiadas veces hemos terminado regresando al mismo lugar.

Esa experiencia obliga a mirar más allá de las doctrinas. ¿Quiénes asumen la responsabilidad de gobernar y cómo llegan a ella? Una campaña puede premiar la capacidad de provocar, movilizar el descontento o dominar las redes, pero ninguna de esas habilidades garantiza que su ganador comprenda el Estado que deberá conducir.

La preparación política no se reduce a títulos universitarios. Gobernar exige conocimiento y experiencia, pero también capacidad para escuchar, escoger equipos, construir acuerdos, reconocer errores y aceptar límites. Un dirigente puede conocer profundamente la economía y comprender muy poco las responsabilidades democráticas, así como puede hablar en nombre de los pobres sin saber transformar sus condiciones de vida.

Pero tampoco basta con esperar un líder excepcional. Si el funcionamiento del país depende de la prudencia de una sola persona, su fragilidad permanece. Las instituciones deben poder corregir al gobernante, exigirle explicaciones e impedir que su voluntad sustituya a la ley. La competencia del liderazgo y la fortaleza de los contrapesos se necesitan mutuamente.

Venezuela constituye probablemente uno de los ejemplos más dramáticos.

El proyecto político que llegó al poder a finales del siglo pasado prometió reivindicar a quienes habían sido excluidos. Habló de pobreza, desigualdad, justicia social y distribución de la riqueza, mientras convertía la denuncia del “imperialismo yanqui” en uno de los ejes de su discurso. El problema nunca estuvo en aquellas aspiraciones ni en la defensa de la soberanía que proclamaba. Estuvo en los resultados.

Venezuela poseía, y continúa poseyendo, extraordinarios recursos petroleros, minerales, agrícolas e hídricos, además de una población profesional y técnicamente preparada. Sin embargo, el deterioro institucional, la corrupción, el debilitamiento de la capacidad productiva y una prolongada crisis económica y social terminaron transformando profundamente al país.

¿Qué importancia tiene que aquel proyecto se definiera como de izquierda si terminó debilitando precisamente al Estado que necesitaba para cumplir sus promesas? Muy poca.

Pero el drama venezolano tampoco terminó con el agotamiento de aquel modelo.

El 3 de enero de 2026 comenzó una etapa diferente. Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro mediante una operación militar y el presidente Donald Trump declaró públicamente que su país dirigiría Venezuela hasta que pudiera establecerse una transición que calificó de segura y adecuada.

La evaluación de esta etapa debería comenzar por los salarios, los servicios públicos, las libertades y las garantías de una transición democrática. Sin embargo, lo que sí ha avanzado con rapidez son los negocios vinculados con los recursos naturales.

En agosto, el Gobierno estadounidense anunció un acuerdo que, según su propia descripción, otorgaba a Estados Unidos control mayoritario sobre una enorme porción de las reservas petroleras venezolanas. Presentó ese acceso como una ampliación de su poder energético. Sin embargo, ejercer control económico sobre reservas situadas en otro país no equivale a incorporarlas como reservas propias ni altera, por sí mismo, la soberanía sobre esos recursos. Importan las condiciones de explotación y, sobre todo, el destino de sus beneficios.

Venezuela necesita inversión extranjera. Años de deterioro y desinversión hacen indispensables el financiamiento, la tecnología y los conocimientos procedentes de distintas regiones del mundo. La pregunta no es si debe recibir capital internacional, sino en qué condiciones, quién las define y en beneficio de quién.

Una cosa es que un Estado soberano negocie asociaciones dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Otra es hacerlo desde una situación de profunda debilidad frente a una potencia con enorme superioridad política, económica y militar.

Un Estado que pierde instituciones, producción y legitimidad pierde también margen de maniobra internacional. Aparece entonces el riesgo de pasar de un fracaso interno a una nueva dependencia externa, mientras el petróleo, el gas y los minerales vuelven a ocupar el centro de las decisiones.

¿Y dónde queda el venezolano?

La riqueza que no se convirtió en desarrollo sostenible corre ahora el riesgo de quedar sujeta a negociaciones profundamente asimétricas, mientras el ciudadano continúa mirando desde afuera cómo otros deciden sobre los recursos que existen debajo de sus pies.

La soberanía no consiste en pronunciar discursos inflamados contra las potencias ni en rechazar capital internacional. Consiste en poseer un Estado suficientemente fuerte para escoger sus asociaciones, negociar condiciones y transformar sus recursos en educación, infraestructura, industria, tecnología y oportunidades.

Un Estado sólido negocia desde sus intereses. Un Estado debilitado negocia desde sus necesidades.

La ideología no puede justificar el fracaso, pero el pragmatismo económico tampoco puede justificar la subordinación. América Latina debería comprender, además, que los modelos económicos no pueden importarse como si todas las sociedades fueran intercambiables.

Estados Unidos posee mercados de capital desarrollados, grandes corporaciones, capacidad tecnológica e infraestructura consolidada. Pero esa fortaleza no lo vuelve inmune al personalismo: cuando los controles se subordinan a lealtades políticas, incluso una democracia de larga trayectoria puede perder capacidad para limitar el poder.

Muchas democracias europeas han combinado propiedad privada y competencia con servicios públicos y protección social. Aunque sus experiencias no ofrecen una fórmula única, demuestran la importancia de preservar acuerdos básicos a través de la alternancia. Un cambio de gobierno puede modificar prioridades sin convertir cada escuela, tribunal o proyecto de infraestructura en un nuevo comienzo.

De esa continuidad nacen las políticas de Estado. No exigen unanimidad, sino acuerdos sobre objetivos duraderos y procedimientos para corregirlos. Gobernar significa también sostener aquello que funciona, aunque lo haya iniciado un adversario.

La persistente informalidad del empleo latinoamericano evidencia nuestras diferencias estructurales. Millones de trabajadores carecen de contratos estables y protección social suficiente. Por eso una cosa es liberalizar una economía después de haber construido un Estado funcional y otra muy distinta retirar al Estado donde todavía no ha terminado de construirse.

En sociedades con educación eficiente, infraestructura consolidada, seguridad jurídica y mercados competitivos, algunas funciones pueden ser asumidas por otros actores. Pero donde predominan escuelas deficientes, hospitales insuficientes y empleos precarios, el espacio que abandona el Estado no necesariamente lo ocupa el mercado. Muchas veces queda vacío, y quienes primero sufren las consecuencias son quienes menos tienen.

América Latina conoce también el extremo contrario: Estados convertidos en fuentes de empleo político, empresas públicas utilizadas como instrumentos partidistas y gobiernos que confunden política social con dependencia electoral.

La alternativa no consiste en escoger entre un Estado omnipresente y uno ausente, sino en construir un Estado capaz: suficientemente fuerte para cumplir sus funciones esenciales y suficientemente limitado para no apropiarse de la sociedad.

Recuerdo que en la Venezuela de los años sesenta existía en la escuela una materia llamada Educación Cívica. No lo menciono por nostalgia. Nos enseñaban qué era la República, cuáles eran las funciones de los poderes públicos, para qué existía una Constitución y cuáles eran nuestros derechos y obligaciones.

Aprendíamos que un gobierno era temporal, que el Estado permanecía y que el presidente no era propietario del país. Aquella educación no hizo perfecta nuestra democracia, pero transmitía una idea esencial: ser ciudadano requiere aprendizaje.

Quizá uno de nuestros errores silenciosos haya sido imaginar que la cultura democrática se transmite automáticamente. Podemos enseñar a votar y dejar de enseñar qué significa ser ciudadano. Podemos convocar elecciones y producir generaciones que no comprendan por qué un juez debe ser independiente del presidente, por qué un Parlamento debe controlar al Ejecutivo o por qué el adversario político no es necesariamente un enemigo.

Cuando desaparece la educación cívica, ese espacio lo ocupan las redes sociales, los algoritmos, la propaganda y quienes ofrecen explicaciones simples para problemas complejos. Una democracia que deja de formar ciudadanos corre el riesgo de producir solamente electores.

El ciudadano decide quién gobierna, pero las instituciones establecen hasta dónde puede gobernar. Ganar una elección no equivale a adquirir el Estado. Cuando esa diferencia se pierde, una democracia puede conservar sus elecciones y, sin embargo, vaciarse por dentro.

El poder, además, no se ejerce únicamente desde el gobierno. Corporaciones, fondos de inversión, bancos, plataformas tecnológicas, sindicatos y grupos empresariales poseen capacidades de influencia muy superiores a las individuales. Todos tienen derecho a defender sus intereses, pero el problema surge cuando esa influencia se distribuye de manera profundamente desigual.

El ciudadano cuenta con su voto y sus posibilidades de organización. Una corporación transnacional dispone de abogados, economistas, consultores, recursos financieros y acceso permanente a quienes toman decisiones. Surge así otra desigualdad de la que hablamos poco: la desigualdad de influencia, que puede transformar las decisiones públicas en instrumentos favorables a quienes ya concentran poder.

Y esto nos devuelve al punto de partida. El problema no es que existan izquierda y derecha; la democracia necesita distintas concepciones de la sociedad, lo preocupante comienza cuando esas identidades sustituyen al razonamiento: cuando una bolsa que sube se convierte automáticamente en demostración de éxito, un subsidio en sinónimo de justicia social, reducir el Estado en equivalente de libertad o aumentarlo en prueba de solidaridad.

Producir riqueza importa, pero también quién participa de ella. La inversión importa, pero también las condiciones en que llega. El mercado necesita instituciones que impidan los abusos y el Estado necesita límites que eviten su apropiación por quienes gobiernan. La soberanía no significa aislamiento y la apertura tampoco puede significar subordinación.

Quizá por eso deberíamos preguntarnos menos a qué ideología pertenece un gobierno y más si sus dirigentes comprenden sus responsabilidades, ejecutan lo que prometen y aceptan el control institucional. Sobre todo, si sus decisiones mejoran la vida de quienes representan y dejan un Estado más capaz que el que recibieron.

Pero queda una pregunta incómoda: ¿dónde están esos dirigentes?

No basta con reclamarlos. Los partidos deben formar cuadros y dejar de escoger candidatos solamente por su popularidad o lealtad. La sociedad necesita examinar trayectorias, equipos y propuestas, además de discursos. Si premiamos la obediencia y la confrontación por encima del criterio y la responsabilidad, difícilmente obtendremos mejores gobiernos.

La democracia no puede reducirse al acto de votar. Necesita ciudadanos capaces de exigir, dirigentes capaces de responder e instituciones capaces de controlar. Ninguna eficacia económica justifica destruir derechos, silenciar al adversario o apropiarse del Estado.

América Latina no necesita inventar una nueva teoría política ni comenzar nuevamente su historia con cada elección. Necesita transformar sus conocimientos, recursos y aspiraciones en capacidad institucional, mediante acuerdos que permitan avanzar sin borrar lo anterior y corregir sin destruir.

Las ideologías pueden orientar el camino, pero ninguna sustituye al conocimiento, la responsabilidad o el respeto por las instituciones. El liderazgo se demuestra al gobernar, pero también al aceptar que el país no le pertenece.

La medida de un gobierno no debería ser cuánto poder consiguió concentrar, sino cuántas oportunidades abrió y qué instituciones dejó para quienes vendrán después. Porque su mandato termina; la vida de la sociedad continúa.