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Gehard Cartay Ramírez: El sufragio pervertido (I)

Una verdad incontrovertible en materia electoral es que el régimen chavomadurista ha pervertido el sufragio desde el mismo momento en que llegó al poder en 1999.

La razón estriba en su naturaleza autoritaria y semitotalitaria. No otra puede ser la de un régimen que ha afirmado, sin embozo alguno, que llegó al poder para quedarse y hacer una revolución basada en el “socialismo del siglo XXI”, que comenzó con el desconocimiento de la Constitución de 1961 al realizar una Constituyente que aquella no preveía y, con ella, implantar un régimen presidencialista y militarista.

Pero ese no fue el mandato que le dio la mayoría simple que eligió al militar golpista Hugo Chávez en 1998. El mandato fue más concreto: mejorar la calidad de vida de los venezolanos, continuar su ascenso económico y social y consolidar la democracia como sistema político. Veintiún años después, el régimen chavomadurista nos ha empobrecido a todos –mientras su cúpula corrupta se ha enriquecido como nunca antes–, ha arruinado la economía nacional y demolido la democracia que le permitió llegar al poder.

(Por cierto, hay que recordar una vez más que en 1998 Chávez no fue elegido por una avalancha de votos sin precedentes. Nada de eso. Lusinchi en 1983 –quince años antes– y CAP en 1988 –diez años atrás– obtuvieron muchos más votos que el candidato golpista. Lusinchi, en efecto, sacó 100.046 votos más. CAP obtuvo 195.158 votos por encima de quien lo intentaría derrocar cuatro años después de su segunda elección. Ambos candidatos presidenciales lo lograron entonces con un registro electoral más reducido y una modesta abstención. De modo que Chávez ni siquiera podía argumentar en su momento que sus despropósitos como presidente los hubiera legitimado una votación nunca vista antes.)

La verdad es que en estos 21 años de chavomadurismo se han multiplicado las dificultades y obstáculos para el ejercicio pleno del sufragio. Ese proceso comenzó con la convocatoria y posterior elección de la Constituyente inconstitucional en 1999. Sus miembros fueron escogidos en un proceso irregular, por decir lo menos: el oficialismo eligió 121 constituyentes con el 25% de los votos. En cambio, la oposición obtuvo sólo ocho constituyentes con el 20% de los sufragios. El famoso “kino chavista” utilizado en tal ocasión permitió esta suerte de prestidigitación electoral. Y no sólo eso: la Constitución sometida a referendo sólo fue aprobada por 32,20% de los electores el 15 de diciembre de 1999, en medio de una abstención histórica del 56,60%.

Desde aquel momento casi todos los procesos electorales han sido afectados por un fraude sistémico, que implica el uso de los recursos del Estado venezolano para beneficiar a los candidatos del régimen, un registro electoral no confiable, sistemas irregulares de escrutinios de votos y, lo peor de todo, un árbitro electoral que siempre favorece al régimen, aparte de reiterados de fraude a la Constitución y las leyes. Todas estas irregularidades se pusieron de manifiesto en las elecciones presidenciales de 2000, ganadas por Chávez, convirtiéndose en el modelo perverso que seguiría el CNE en las elecciones subsiguientes.

También ya es una suerte de regla general que el régimen no respete los resultados electorales si le son adversos, y cuando por vía de excepción los ha aceptado, quienes triunfan son sometidos a un acoso permanente desde el más alto tribunal, como ocurre con la Asamblea Nacional elegida en 2015, y con los gobernadores de los partidos opositores, a quienes el régimen despoja de atribuciones y recursos, imponiéndoles unos fulanos “protectores” inconstitucionales, que son los que manejan los presupuestos y el poder real.

Todo esto explica porqué el TSJ ha designado casi todas las directivas del CNE desde 2003, aunque tal facultad es exclusiva de la Asamblea Nacional, según el Artículo 336 de la Constitución. Pero se ha echado mano a la llamada “omisión legislativa”, contemplada por la misma Carta Magna, pero que no autoriza al TSJ a designar el cuerpo electoral, sino a ser una suerte de mediador para que los factores políticos del Parlamento puedan llegar a un acuerdo en su escogencia. Pero sólo eso.

Todos estos actos inconstitucionales -insisto- han terminado pervirtiendo el sufragio en Venezuela. Recordemos los más importantes: un caso escandaloso ocurrió con el Referendo Revocatorio de 2004, solicitado por la oposición democrática en 2002, inicialmente como un Referendo Consultivo sobre si Chávez debía o no renunciar, previa recolección de las firmas necesarias. Fue convocado para febrero de 2003, decisión que anuló un mes antes la Sala Electoral del TSJ. Nuevamente hubo que recoger firmas para solicitar esta vez el Referendo Revocatorio, en virtud de que ya había transcurrido la mitad del período presidencial. Mientras esto ocurría, el CNE vigente fue desconocido por el régimen a través de la Sala Electoral del TSJ y la Asamblea Nacional, hasta que el alto tribunal en agosto de 2003 designó una nueva directiva, con mayoría del oficialismo.

Más adelante, el referendo solicitado por tres millones y medio de electores tendría que superar toda suerte de obstáculos hasta que fue convocado finalmente dos años después, porque en todo este tiempo el CNE recién designado inventó múltiples excusas (recolección de firmas en varias oportunidades, “firmas planas”, nuevas validaciones, etc.), dando tiempo al régimen para que armara todo un aparato clientelar –las famosas “misiones”– y lograr atraer el apoyo de su propia gente, que ya daba muestras de descontento luego de cinco años del chavismo en el poder.

Al final, el CNE, con el mayor cinismo y burla al electorado, transformó aquel referendo revocatorio en un simple plebiscito, a fin de obviar los requisitos que el primero debe cumplir según el artículo 72 de la Constitución, caso en el cual Chávez habría sido revocado. Por lo demás, hubo numerosas irregularidades sobre el registro electoral, electores múltiples, migraciones forzadas, etc. Un libro mío, “Cómo se destruye un país”, publicado en 2009, contiene un pormenorizado análisis sobre todas estas perversiones del sufragio a partir de 1999.

(Continuaremos en la próxima entrega.)

 

 

 

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