Guaidó logra más apoyos chavistas con su amnistía

Los representantes del nuevo Gobierno interino venezolano de Juan Guaidó en Estados Unidos han consolidando una presencia diplomática en la que están integrando a un creciente número de funcionarios que ya ha rechazado públicamente la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro. Estos enviados han revelado a ABC que el Gobierno norteamericano ha iniciado los trámites para poner en manos del nuevo Gobierno los bienes y fondos congelados por las sanciones aplicadas en los pasados años al régimen de Nicolás Maduro. En una nueva vuelta de tuerca, la Casa Blanca anunció ayer nuevas sanciones contra Petróleos de Venezuela, y la congelación de 7.000 millones de dólares en activos en Estados Unidos.

«El Gobierno de EE.UU. ha comenzado ya los trámites para traspasar esos bienes», dijo ayer en una entrevista con este diario Gustavo Tarre, el nuevo embajador especial designado por Guaidó para representar a Venezuela en la Organización de Estados Americanos, cuya sede está en Washington. «Ese proceso ha comenzado, del mismo modo que muchos funcionarios del Gobierno de Maduro están reconociendo a Juan Guaidó como presidente legítimo. Tenemos la convicción de que en los próximos días muchos otros funcionarios civiles y militares se sumarán a esta posición».

La última en hacerlo ha sido la cónsul primera venezolana en Miami, Scarlet Salazar, quien dijo ayer en un vídeo publicado en redes sociales: «Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios democráticos como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela durante 18 años ininterrumpidos».

Una mayoría de los 420.000 venezolanos que viven en EE.UU. reside en Florida, el Estado en el que es cónsul Salazar. La veterana diplomática se sumaba así al militar venezolano de mayor rango diplomático, el coronel de la Guardia Nacional y agregado militar en la embajada en Washington José Luis Silva, quien el fin de semana anunció su adhesión a Guaidó porque Maduro «ha traicionado los principios más básicos y se ha vendido a los intereses de otros países». Silva ya está intercediendo con otros uniformados en Venezuela para que, como él, reconozcan a Guaidó.

Desde 2015, el Tesoro norteamericano ha aplicado sanciones contra 69 miembros del régimen, incluidos el propio Maduro y su mujer, Cilia Flores. Eso significa que estos no pueden hacer negocios ni transacciones financieras en EE.UU. En los pasados años el Gobierno norteamericano también se ha incautado de bienes valorados en unos 100 millones de dólares y pertenecientes a destacados miembros del régimen que han sido juzgados y condenados en tribunales norteamericanos.

El canciller al que nombró Maduro, Jorge Arreaza, ha dicho que en total ascienden a 23.000 millones de dólares los bienes congelados a Venezuela por parte de EE.UU., Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá, una cifra que los analistas consideran exagerada. Por su parte, el Banco de Inglaterra impidió ayer a funcionarios del régimen de Maduro que retiraran 1.200 millones de dólares que tiene bajo depósito en lingotes de oro, según informó Bloomberg.

Arreaza intervino el sábado en el Consejo de Seguridad de la ONU para criticar lo que calificó de un golpe de estado instigado por EE.UU. Ayer, Tarre, el nuevo enviado a la OEA, respondió a esas acusaciones: «Detrás está la mano de casi todas las democracias del mundo. Prefiero mil veces los apoyos que tenemos de las democracias que los apoyos que tiene Maduro de países como Cuba, Nicaragua o Bolivia».

Sí que lamentan Tarre y el nuevo encargado de negocios venezolano en EE.UU., Carlos Vecchio, que México y Uruguay no se hayan sumado ya al resto de democracias del continente americano en reconocer a Guaidó. Tarre ha iniciado una ronda de contactos con todos los países que tienen representación en la OEA para lograr el mayor consenso posible cuando el pleno vote su nombramiento, que ya ha validado el secretario general de esa organización multilateral, Luis Almagro, y que se da por hecho.

Preguntado por la reacción de la UE, Tarre, un veterano político democristiano que se exilió en 2014 por la persecución del régimen, la califica de «satisfactoria». «La UE no le pide a Maduro que convoque elecciones porque no reconoce que ganara en las elecciones del año pasado, simplemente pide que haya elecciones. Sí que es verdad que nos hubiese gustado que no le dieran plazos ni más espacio a Maduro, que por otro lado rechazó las propuestas de la UE en el Consejo de Seguridad y llamó a los países europeos satélites de EE.UU.», asegura.

Estos diplomáticos agradecen que el presidente del Gobierno español,Pedro Sánchez, llamara a Tarre el jueves desde el Foro Económico Mundial de Davos pero admiten que se han visto más beneficiados por la «mayor contundencia» de Reino Unido, Francia y Alemania en los pasados días. «De todos modos, las acciones de España las valoramos en su justo peso», dijo ayer Tarre a ABC.

El sábado y en nombre de España, Alemania, Francia y Reino Unido, Sánchez dio a Maduro un plazo de ocho días, que vencen el domingo, para que haya en Venezuela «elecciones justas, libres y transparentes». El Gobierno de EE.UU. por su parte ha declarado por varias vías que considera que, con tres millones de refugiados y más de 30 muertos en las protestas de la oposición solo en el pasado mes, la hora de negociar ya ha pasado. La prioridad de la Casa Blanca es consolidar a Guaidó como presidente interino y que sea él quien convoque elecciones cuando la Constitución lo determine.

Aunque Donald Trump y su Gobierno han aclarado que no hay de momento en pie ningún plan de intervención armada, el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, ha advertido muy claramente a Maduro de que si el régimen intimida o agrede a Guaidó, los diputados de la Asamblea Nacional o los diplomáticos norteamericanos, «se encontrará con una respuesta importante».