La toma de posesión de Afganistán por parte de los talibanes centra la preocupación inmediata en el rescate de decenas de miles de estadounidenses, aliados y afganos varados en todo el país. Su rescate debe ser nuestra prioridad urgente. Sin embargo, la preocupación más fundamental es cómo Estados Unidos se vio obligado a retirarse en una decisión tomada sin mucho aviso o consulta con los aliados o la gente más directamente involucrada en 20 años de sacrificio. Y por qué el reto básico en Afganistán se ha concebido y presentado a la opinión pública como una elección entre el control total de Afganistán o la retirada completa.

Una cuestión subyacente ha perseguido nuestros esfuerzos de contrainsurgencia desde Vietnam hasta Irak durante más de una generación. Cuando Estados Unidos arriesga las vidas de sus militares, se juega su prestigio e implica a otros países, debe hacerlo con base en una combinación de objetivos estratégicos y políticos. Estratégicos, para dejar claras las circunstancias por las que luchamos; políticos, para definir el marco de gobierno que sostenga el resultado tanto dentro del país en cuestión como a nivel internacional.

Estados Unidos se ha desgarrado en sus esfuerzos contrainsurgentes por su incapacidad para definir objetivos alcanzables y vincularlos de forma tal que sean defendibles por el propio proceso político estadounidense. Los objetivos militares han sido demasiado absolutos e inalcanzables y los políticos demasiado abstractos y esquivos. La incapacidad de vincularlos entre sí ha involucrado a Estados Unidos en conflictos sin puntos terminales definibles y nos ha hecho disolver internamente el propósito unificado en un pantano de controversias internas.

Entramos en Afganistán en medio de un amplio apoyo público en respuesta al ataque de Al Qaeda contra Estados Unidos lanzado desde el Afganistán controlado por los talibanes. La campaña militar inicial se impuso con gran eficacia. Los talibanes sobrevivieron esencialmente en santuarios pakistaníes, desde los que llevaron a cabo la insurgencia en Afganistán con la ayuda de algunas autoridades pakistaníes.

Pero mientras los talibanes huían del país, perdimos el enfoque estratégico. Nos convencimos de que, en última instancia, el restablecimiento de las bases terroristas sólo podría evitarse transformando Afganistán en un Estado moderno con instituciones democráticas y un gobierno que gobernara constitucionalmente. Tal empresa no podía tener un calendario conciliable con los procesos políticos estadounidenses. En 2010, en un  artículo de opinión en respuesta a un aumento de tropas, advertí sobre un proceso tan prolongado y molesto que incluso los afganos no yihadistas se pondrían en contra de todo el esfuerzo.

Porque Afganistán nunca ha sido un Estado moderno. La condición de Estado presupone un sentido de obligación común y la centralización de la autoridad. El suelo afgano, rico en muchos elementos, carece de ellos. La construcción de un Estado moderno y democrático en Afganistán, en el que el mandato del gobierno sea uniforme en todo el país, implica un plazo de muchos años, incluso décadas, lo que va en contra de la esencia geográfica y etnorreligiosa del país. Precisamente, el fraccionamiento, la inaccesibilidad y la ausencia de autoridad central de Afganistán hicieron que fuera una base atractiva para las redes terroristas en primer lugar.

Aunque una entidad afgana específica se remonta al siglo XVIII, los pueblos que la componen siempre se han resistido ferozmente a la centralización. La consolidación política y, sobre todo, militar de Afganistán se ha llevado a cabo siguiendo líneas étnicas y de clanes, en una estructura básicamente feudal en la que los agentes decisivos del poder son los organizadores de las fuerzas de defensa de los clanes. Estos señores de la guerra, que suelen estar en conflicto latente entre sí, se unen en amplias coaliciones principalmente cuando alguna fuerza exterior -como el ejército británico que invadió en 1839 y las fuerzas armadas soviéticas que ocuparon Afganistán en 1979- intenta imponer la centralización y la coherencia.

Tanto la calamitosa retirada británica de Kabul en 1842, en la que sólo un europeo escapó de la muerte o el cautiverio, como la trascendental retirada soviética de Afganistán en 1989, se produjeron gracias a esa movilización temporal entre los clanes. El argumento actual de que el pueblo afgano no está dispuesto a luchar por sí mismo no está respaldado por la historia. Han sido feroces luchadores por sus clanes y por la autonomía tribal.

Con el tiempo, la guerra adquirió la característica ilimitada de las anteriores campañas de contrainsurgencia, en las que el apoyo interno estadounidense se debilitaba progresivamente con el paso del tiempo. La destrucción de las bases talibanes se consiguió en lo esencial. Pero la construcción de la nación en un país devastado por la guerra absorbía importantes fuerzas militares. Los talibanes pudieron ser contenidos pero no eliminados. Y la introducción de formas de gobierno desconocidas debilitó el compromiso político y potenció una corrupción ya muy extendida.

De este modo, Afganistán repitió los patrones anteriores de las controversias internas estadounidenses. Lo que el lado de la contrainsurgencia del debate definió como progreso, el político lo trató como desastre. Los dos grupos tendieron a paralizarse mutuamente durante las sucesivas administraciones de ambos partidos. Un ejemplo es la decisión de 2009 de acoplar un aumento de tropas en Afganistán con el anuncio simultáneo de que comenzarían a retirarse en 18 meses.

Lo que se había descuidado era una alternativa concebible que combinase objetivos alcanzables. La contrainsurgencia podría haberse reducido a la contención, más que a la destrucción, de los talibanes. Y el curso político-diplomático podría haber explorado uno de los aspectos especiales de la realidad afgana: que los vecinos del país -aunque sean adversarios entre sí y ocasionalmente de nosotros- se sienten profundamente amenazados por el potencial terrorista de Afganistán.

¿Habría sido posible coordinar algunos esfuerzos comunes de contrainsurgencia? Sin duda, India, China, Rusia y Pakistán tienen a menudo intereses divergentes. Una diplomacia creativa podría haber destilado medidas comunes para vencer al terrorismo en Afganistán. Esta estrategia es la forma en que Gran Bretaña defendió los accesos terrestres a la India a través de Oriente Medio durante un siglo, sin bases permanentes pero con una disposición inalterable y firme a defender sus intereses, junto con apoyos regionales ad hoc.

Pero esta alternativa nunca se exploró. Habiendo hecho campaña contra la guerra, los presidentes Donald Trump y Joe Biden emprendieron negociaciones de paz con los talibanes a cuya extirpación nos habíamos comprometido -e inducido a los aliados a ayudar- hace 20 años. Estas han culminado ahora en lo que equivale a una retirada incondicional de Estados Unidos por parte de la administración Biden.

Describir la evolución no elimina la insensibilidad y, sobre todo, la brusquedad de la decisión de retirada. Estados Unidos no puede eludir ser un componente clave del orden internacional por sus capacidades y valores históricos. No puede evitarlo retirándose. La forma de combatir, limitar y superar el terrorismo potenciado y apoyado por países con una tecnología cada vez más sofisticada y autodimensionada seguirá siendo un reto global. Debe ser resistido por los intereses estratégicos nacionales junto con cualquier estructura internacional que seamos capaces de crear mediante una diplomacia acorde.

Debemos reconocer que no existe ninguna medida estratégica drástica en el futuro inmediato para compensar este revés autoinfligido, como por ejemplo asumir nuevos compromisos formales en otras regiones. La temeridad estadounidense agravaría la decepción entre los aliados, alentaría a los adversarios y sembraría la confusión entre los observadores.

La administración Biden se encuentra todavía en su fase inicial. Debe tener la oportunidad de desarrollar y mantener una estrategia global compatible con las necesidades nacionales e internacionales. Las democracias evolucionan en un conflicto de facciones, y alcanzan la grandeza gracias a sus reconciliaciones.
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Henry Kissinger es un antiguo secretario de Estado y asesor de seguridad nacional estadounidense

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The Economist

Henry Kissinger on why America failed in Afghanistan

It was not possible to turn the country into a modern democracy, but creative diplomacy and force might have overcome terrorism, says the American statesman

THE TALIBAN takeover of Afghanistan focuses the immediate concern on the extrication of tens of thousands of Americans, allies and Afghans stranded all over the country. Their rescue needs to be our urgent priority. The more fundamental concern, however, is how America found itself moved to withdraw in a decision taken without much warning or consultation with allies or the people most directly involved in 20 years of sacrifice. And why the basic challenge in Afghanistan has been conceived and presented to the public as a choice between full control of Afghanistan or complete withdrawal.

An underlying issue has dogged our counterinsurgency efforts from Vietnam to Iraq for over a generation. When the United States risks the lives of its military, stakes its prestige and involves other countries, it must do so on the basis of a combination of strategic and political objectives. Strategic, to make clear the circumstances for which we fight; political, to define the governing framework to sustain the outcome both within the country concerned and internationally.

The United States has torn itself apart in its counterinsurgent efforts because of its inability to define attainable goals and to link them in a way that is sustainable by the American political process. The military objectives have been too absolute and unattainable and the political ones too abstract and elusive. The failure to link them to each other has involved America in conflicts without definable terminal points and caused us internally to dissolve unified purpose in a swamp of domestic controversies.

We entered Afghanistan amid wide public support in response to the al-Qaeda attack on America launched from Taliban-controlled Afghanistan. The initial military campaign prevailed with great effectiveness. The Taliban survived essentially in Pakistani sanctuaries, from which it carried out insurgency in Afghanistan with the assistance of some Pakistani authorities.

But as the Taliban was fleeing the country, we lost strategic focus. We convinced ourselves that ultimately the re-establishment of terrorist bases could only be prevented by transforming Afghanistan into a modern state with democratic institutions and a government that ruled constitutionally. Such an enterprise could have no timetable reconcilable with American political processes. In 2010, in an op-ed in response to a troop surge, I warned against a process so prolonged and obtrusive as to turn even non-jihadist Afghans against the entire effort.

For Afghanistan has never been a modern state. Statehood presupposes a sense of common obligation and centralisation of authority. Afghan soil, rich in many elements, lacks these. Building a modern democratic state in Afghanistan where the government’s writ runs uniformly throughout the country implies a timeframe of many years, indeed decades; this cuts against the geographical and ethnoreligious essence of the country. It was precisely Afghanistan’s fractiousness, inaccessibility and absence of central authority that made it an attractive base for terrorist networks in the first place.

Although a distinct Afghan entity can be dated back to the 18th century, its constituent peoples have always fiercely resisted centralisation. Political and especially military consolidation in Afghanistan has proceeded along ethnic and clan lines, in a basically feudal structure where the decisive power brokers are the organisers of clan defence forces. Typically in latent conflict with each other, these warlords unite in broad coalitions primarily when some outside force—such as the British army that invaded in 1839 and the Soviet armed forces that occupied Afghanistan in 1979—seeks to impose centralisation and coherence.

Both the calamitous British retreat from Kabul in 1842, in which only a single European escaped death or captivity, and the momentous Soviet withdrawal from Afghanistan in 1989 were brought about by such temporary mobilisation among the clans. The contemporary argument that the Afghan people are not willing to fight for themselves is not supported by history. They have been ferocious fighters for their clans and for tribal autonomy.

Over time, the war took on the unlimited characteristic of previous counterinsurgency campaigns in which domestic American support progressively weakened with the passage of time. The destruction of Taliban bases was essentially achieved. But nation-building in a war-torn country absorbed substantial military forces. The Taliban could be contained but not eliminated. And the introduction of unfamiliar forms of government weakened political commitment and enhanced already rife corruption.

Afghanistan thereby repeated previous patterns of American domestic controversies. What the counterinsurgency side of the debate defined as progress, the political one treated as disaster. The two groups tended to paralyse each other during successive administrations of both parties. An example is the 2009 decision to couple a surge of troops in Afghanistan with a simultaneous announcement that they would begin to withdraw in 18 months.

What had been neglected was a conceivable alternative combining achievable objectives. Counterinsurgency might have been reduced to the containment, rather than the destruction, of the Taliban. And the politico-diplomatic course might have explored one of the special aspects of the Afghan reality: that the country’s neighbours—even when adversarial with each other and occasionally to us—feel deeply threatened by Afghanistan’s terrorist potential.

Would it have been possible to co-ordinate some common counterinsurgency efforts? To be sure, India, China, Russia and Pakistan often have divergent interests. A creative diplomacy might have distilled common measures for overcoming terrorism in Afghanistan. This strategy is how Britain defended the land approaches to India across the Middle East for a century without permanent bases but permanent readiness to defend its interests, together with ad hoc regional supporters.

But this alternative was never explored. Having campaigned against the war, Presidents Donald Trump and Joe Biden undertook peace negotiations with the Taliban to whose extirpation we had committed ourselves, and induced allies to help, 20 years ago. These have now culminated in what amounts to unconditional American withdrawal by the Biden administration.

Describing the evolution does not eliminate the callousness and, above all, the abruptness of the withdrawal decision. America cannot escape being a key component of international order because of its capacities and historic values. It cannot avoid it by withdrawing. How to combat, limit and overcome terrorism enhanced and supported by countries with a self-magnifying and ever more sophisticated technology will remain a global challenge. It must be resisted by national strategic interests together with whatever international structure we are able to create by a commensurate diplomacy.

We must recognise that no dramatic strategic move is available in the immediate future to offset this self-inflicted setback, such as by making new formal commitments in other regions. American rashness would compound disappointment among allies, encourage adversaries, and sow confusion among observers.

The Biden administration is still in its early stages. It should have the opportunity to develop and sustain a comprehensive strategy compatible with domestic and international necessities. Democracies evolve in a conflict of factions. They achieve greatness by their reconciliations.
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Henry Kissinger is a former American secretary of state and national security adviser