Hungría y Polonia bloquean los fondos de recuperación europeos
El veto de ambos países puede suponer un retraso en la entrada en vigor, a partir del 1 de enero, de estos fondos y que España tarde más en recibir los 140.000 millones de euros asignados
Hungría vetará el presupuesto europeo para el periodo 2021-27, lo que incluye el fondo de recuperación de Covid, porque no acepta que se condicione el acceso a los fondos al respeto estricto del estado de derecho en los países miembros. El portavoz del gobierno de Hungría confirmó que Budapest votaría en contra del paquete. Al veto húngaro se ha unido Polonia por idéntico motivo. Polonia y Hungría son dos países que están sometidos al escrutinio de las instituciones europeas, debido precisamente a la polémica actitud de sus gobiernos –ambos nacionalistas- respecto a los principios democráticos.
Para evitar una gravísima crisis institucional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el del Consejo Charles Michel, así como la canciller alemana Angela Merkel, que ejerce la presidencia rotativa este semestre, ya han iniciado contactos informales para evitar esa crisis.
Para Michal Dworczysk, jefe de gabinete del presidente polaco Mateusz Moraviecky la condicionalidad del respeto al estado de derecho para acceder a los fondos «es un intento por crear un mecanismo político a través del cual algunos países de la UE podrían intentar presionarnos, algo que no aceptaremos». En este sentido, ya ha enviado a Bruselas una misiva advirtiendo del posicionamiento de su Gobierno.
Por su parte, el primer ministro húngaro, Viktor Orban, ya envió una carta a las instituciones de la UE amenazando con vetar el presupuesto y el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki escribió una carta similar la semana pasada. Un portavoz de la Comisión ha confirmado que esas cartas «están sobre la mesa, pero aún no han sido contestadas».
Los países miembros habían logrado un acuerdo sobre los presupuestos multianuales con el Parlamento y también habían aceptado la creación de un fondo de 750.000 millones de euros de deuda asumida por la Comisión y cuyos intereses deberían ser pagados con cargo a los ingresos propios del presupuesto comunitario. Es decir que las dos cuestiones están jurídicamente vinculadas. Al mismo tiempo, casi todos los países aceptaron crear un mecanismo para vincular el acceso a esos fondos al respeto de los mecanismos democráticos.
Ambos vetos podrían retrasar la entrada en vigor de los fondos de recuperación, que aún necesitan el refrendo de los parlamentos nacionales, y del Presupuesto de la Unión Europea (UE) previstos para el 1 de enero. Solo este último suponen 1,074 billones de euros.
