Ibsen Martínez: Petróleo, Maduro y la mafia militar
El esquema de poder que otorga hegemonía empresarial a los generales fue el aporte decisivo de Raúl Castro
Las dos más grandes contratistas petroleras del mundo, Halliburton y Schlumberger, se han resignado a arrojar a pérdidas más de 1.300 millones de dólares de sus operaciones en Venezuela. Es lo que afirman los más recientes informes de ambas transnacionales. Las dos colosales corporaciones han decidido prescindir, en los balances presentados a los accionistas, de todos sus activos en la patria del socialismo del siglo XXI. Se trata en su mayor parte de cuentas por cobrar.
En el caso de Halliburton, el reporte del último trimestre de 2018 habla de 385 millones de dólares; Schlumberger estima su pérdida contable para el mismo período en 938 millones. Según las agencias de noticias, otras muchas empresas dedicadas a los imprescindibles menesteres de servicio y mantenimiento petrolero están pasando por la misma crujía financiera. Todas ellas atribuyen sus ahogos a la dramática reducción de la actividad de los taladros en el país. Y a la imposibilidad de cobrar las obligaciones contraídas con las compañías por la cleptocracia venezolana. La noticia se añade a todos los cotidianos indicios de que la actividad petrolera no solo se ha contraído —en términos de cifras de producción— a niveles que hablan de una inminente extinción de todo lo que el petróleo alguna vez significó para el país, sino que esta llegará acompañada con el apocalíptico estruendo de una implosión. Y dentro de muy poco tiempo. La corrupción y la inoperatividad de la industria petrolera ofrece un panorama de incendios en las refinerías, merma de taladros en operación, expolio, sobornos en colusión con potencias extranjeras, lavado de dinero y cuentas en Andorra y Suiza digno de una serie del tipo de Netflix, que explorase los mecanismos de la corrupción populista latinoamericana de alto vuelo. El informe de Halliburton, con la habitual contención que rige el lenguaje corporativo, señala que la empresa “gestiona activamente su relación estratégica y continuará enérgicamente con los esfuerzos por cobrar a medida que mantiene sus operaciones”. Algo que no trasluce en los informes contables es que preservar las relaciones estratégicas y adelantar las cobranzas entraña entenderse nada menos que con los elementos más corruptos de la Venezuela chavista: la alta gerencia petrolera y los militares. Hubo un tiempo, en los ya remotos inicios de la era chavista, en que ambos estamentos se estorbaban mutuamente, por no decir que abiertamente rivalizaban.
Pero en los cinco años durante los cuales Nicolás Maduro ha extremado los alcances del designio militarista de Hugo Chávez, generales y super gerentes se han fundido en la casta que ha saqueado criminalmente a PDVSA, la estatal petrolera, y empujado a la población del país a una pavorosa ordalía de hambre, escasez, hiperinflación, violencia criminal y masiva emigración forzada. De esa proterva alianza entre petroleros y militares, el factor más musculado y voraz es sin duda el militar. Desde que Maduro, sanguinario rehén de los generales, consolidó en 2016 un pool de 17 empresas militares que controlan, sin excepción, absolutamente todos los sectores productivos de la economía, la preservación de la dictadura estuvo garantizada en el tiempo. La concreción de este esquema de poder que otorga hegemonía empresarial a los generales ha sido el aporte decisivo de Raúl Castro a la consolidación de la dictadura.
Ciertamente, la amalgama de petroleros y militares no se ha alcanzado sin violencia. Las purgas a las que Maduro ha sometido a la corrupta cúpula petrolera, prohijada durante tres lustros por el hoy fugitivo expresidente de PDVSA Rafael Ramírez, dan cuenta de ello. El efecto neto de estas purgas ha sido apuntalar a los generales en el control de la única actividad que, mal que bien, a pesar de una creciente e indefectible disminución, aún genera recursos a la dictadura. La semana pasada, Maduro firmó, entre gallos y media noche un decreto presidencial que faculta al general Manuel Quevedo, ministro de Energía y Petróleo y presidente de la empresa estatal, para “crear, suprimir o efectuar modificaciones a las empresas del sector público industrial petrolero, incluida Petróleos de Venezuela S. A., y sus empresas filiales”. También reserva a los generales del petróleo la potestad de disolver la estatal con miras a fundirla con empresas extranjeras o, sin más, liquidarla cuando llegue la hora de rematar el desguazado astillero de Onetti en que el chavismo ha convertido la que alguna vez se contó entre las seis transnacionales petroleras más exitosas del planeta.