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Jaque a los gigantes tecnológicos

El anuncio de una investigación del Congreso, que se suma al avance de los reguladores, lleva el debate sobre el poder de Google, Facebook, Amazon y Apple al corazón de la democracia estadounidense

Desde Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y catalizador de la nueva derecha radical estadounidense, hasta la senadora Elizabeth Warren, situada en el extremo izquierdo de los aspirantes demócratas a desbancar al republicano en 2020. Desde el propio presidente, que se ha quejado públicamente de su “ridículo sesgo político”, hasta la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara baja, que esta misma semana ha advertido de que “el poder económico injustificado y concentrado en manos de unos pocos es peligroso para la democracia”. En un paisaje político más polarizado que nunca, la urgencia de controlar el poder de los gigantes tecnológicos suscita una insólita unanimidad. “Ocurre pocas veces que haya un consenso así, pero cuando sucede, pasan cosas extraordinarias”, advierte Barry Lynn, fundador del Open Markets Institute y veterano activista contra la concentración de poder.

El lunes 3 de junio la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación sobre el posible comportamiento monopolístico de los gigantes tecnológicos. Algo que puede llevar a la primera revisión de las leyes de competencia en décadas y, sobre todo, al escrutinio público de una industria que no existía cuando se formularon esas leyes y que, en el último año, ha sido objeto de duras críticas por su desmesurado poder, su gestión de la privacidad y su papel en la propagación de la desinformación. El debate sobre los límites del poder de Google, Facebook, Amazon o Apple pasa así de los ámbitos académico y periodístico al corazón mismo de la democracia estadounidense.

“Hablamos de 18 meses de audiencias públicas. Republicanos y demócratas trabajando juntos en verdadera armonía. Estas audiencias educan a los legisladores, al público, al Ejecutivo, a los medios. La clave es el uso de la autoridad del Congreso de Estados Unidos para investigar y arrojar luz sobre estas corporaciones que son un peligro para nuestra democracia. Son la mayor amenaza a nuestra democracia desde la Segunda Guerra Mundial. Hay que actuar ya y con fuerza. Y el Congreso tiene todas las herramientas para hacerlo”, sostiene Lynn.

El anuncio coincidió con otra ofensiva, esta por parte del Ejecutivo. Horas antes del anuncio del Congreso, se supo que la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, las dos entidades con jurisdicción en materia de competencia, se habían repartido a las cuatro compañías para investigarlas. Apple y Google para el Departamento de Justicia, Amazon y Facebook para la FTC. El anuncio provocó una caída de la cotización bursátil de las acciones de las cuatro compañías, que en el caso de Facebook se llegaron a dejar un 7%.

Charlotte Slaiman, abogada experta en competencia y consejera de la organización sin ánimo de lucro Public Knowledge, coincide en que ambas investigaciones son de una “importancia crucial”. “Las principales diferencias son que la del Congreso es más pública, mientras que el Departamento de Justicia y la FTC actúan más en silencio hasta que publican sus conclusiones. Además, estos están constreñidos a eventuales violaciones de las leyes antimonopolio, mientras que el Congreso no tiene límites”, explica.

Igual que los excesos de Wall Street alimentaron la campaña de las presidenciales de 2008, el año en que explotó la gran crisis financiera, el debate sobre el poder de los gigantes tecnológicos está llamado a animar la campaña de 2020. La senadora Warren ya ha dicho que obligaría a las grandes tecnológicas a desmembrarse y a dar marcha atrás en operaciones como la compra de Instagram o WhatsApp por parte de Facebook. Su propuesta obligará al resto de candidatos demócratas a posicionarse y probablemente los arrastrará a posiciones extremas contra unas compañías que, en apenas un año, se han convertido en poco menos que villanos oficiales ante la opinión pública.

Hace solo un año del escándalo de Cambridge Analytica, que golpeó la reputación de Facebook y empezó a suscitar preguntas sobre las prácticas de estos gigantes. Desde entonces, poco se ha hecho para limitar su poder. Pero eso parece estar cambiando.

En el terreno de la competencia, a Google se le ha acusado básicamente de favorecer sus propios productos en las búsquedas y de abusar de su influencia en el mercado publicitario; a Facebook, de convertirse en un monopolio en redes sociales, con la adquisición de Instagram y WhatsApp; a Amazon, que controla la mitad del comercio online, de presionar a los vendedores que utilizan la plataforma; a Apple, de abusar de su posición monopolística en su mercado de aplicaciones.

“El crecimiento del poder de monopolio en nuestra economía es uno de los desafíos políticos y económicos más acuciantes a los que nos enfrentamos hoy”, resumió el congresista David Cicilline, al anunciar la investigación. “Después de dos décadas de escaso control antimonopolio y hostilidad judicial hacia estos casos, es crítico que el Congreso entre para determinar si las leyes existentes son adecuadas para combatir la conducta abusiva de los guardianes de las plataformas o si necesitamos nueva legislación”.

No cabe esperar que los poderosos gigantes se limiten a esperar los golpes, de brazos cruzados, en esta batalla crucial sobre su futuro que se librará en Washington. En poco tiempo, las grandes tecnológicas se han convertido en uno de los principales actores en la industria de la influencia, a la par de históricas potencias del lobby como los sectores armamentístico, automovilístico o bancario. Juntas, las cuatro compañías gastaron más de 55 millones de dólares en prácticas de lobby el año pasado, el doble que en 2016, según el Center for Responsive Politics, que contabiliza estas contribuciones. El mes pasado, la Asociación de Internet, el grupo de cabildeo que representa a Amazon, Facebook y Google, entregó su premio a la libertad en Internet. La distinguida fue Ivanka Trump, hija del presidente y esposa de su consejero.

DIVIDIR O LEGISLAR

La incipiente ofensiva desde Washington a los gigantes tecnológicos coloca sobre la mesa una idea poco menos que impensable hace unos años: la posibilidad de obligar a estas grandes empresas a romperse. Se habla de distintas formas de hacerlo: desde obligar a dar marcha atrás en fusiones o adquisiciones que en su día se autorizaron, hasta excluir a los gigantes de operar en determinados mercados, pasando por obligar a que algunas de sus plataformas se conviertan en compañías separadas. Pero la propuesta, formulada por primera vez por la senadora y aspirante demócrata Elizabeth Warren y respaldada recientemente incluso por un cofundador de Facebook, Chris Hughes, es complicada: en el pasado, los esfuerzos del Gobierno por dividir compañías han sido escasos, costosos y no siempre exitosos. Además, no garantiza necesariamente el final de las preocupaciones.

De momento, el escrutinio de Washington promete a las compañías años de quebraderos de cabeza con la amenaza de demandas o nuevas leyes que limiten su crecimiento. “Si la investigación del Congreso encuentra malas prácticas, puede presionar al Departamento de Justicia y a la FTC para que abran nuevas investigaciones”, explica Charlotte Slaiman, de Public Knowledge. “Deben identificar conductas ilegales e ir a los tribunales. Estos contemplan la división de las empresas como recursos muy severos, es muy difícil. Yo creo que lo más interesante será que el Congreso legisle para esta nueva realidad. Que haya regulaciones específicas para el sector”.

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