Julio César Moreno León: La paz no llegó a Colombia

Los llamados diálogos de paz efectuados en La Habana cambiaron el rumbo de la historia en el conflicto colombiano rescatando a las FARC de una inminente derrota política y militar. La estrategia trazada por el comunismo cubano logró para aquella repudiable banda delictiva impunidad y ventajosa participación política, a cambio de suspender sus acciones criminales.

Cuando Juan Manuel Santos asumió la presidencia en 2010 el movimiento guerrillero se encontraba en franco retroceso ante la enérgica ofensiva cumplida por el gobierno de Seguridad Democrática presidido por Álvaro Uribe. El combate contra la narco-subversión se cumplió en aquella etapa con rigurosa eficacia, obligando a las FARC y al ELN a desplazarse hacia las más apartadas regiones del país, y a guarecerse tras las fronteras de Venezuela y Ecuador en donde Chávez y Correa les otorgaron complaciente protección.

Durante los ocho años correspondientes a sus dos mandatos constitucionales Uribe aplicó el Plan Patriota como continuación del Plan Colombia iniciado por su antecesor el presidente Andrés Pastrana. Este plan le permitió al Estado recuperar los territorios más importantes que habían tomado la subversión comunista y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se mantuvo entonces la tesis según la cual el llamado conflicto armado era en realidad “amenaza terrorista” contra la sociedad colombiana. Y se negó a reconocerle beligerancia política a quienes utilizaban el narcotráfico, el crimen y el secuestro como salvajes instrumentos de su lucha armada.

En 2002 Alvaro Uribe fue electo presidente con más del 54 por ciento de los votos frente al 32 por ciento del liberal Horacio Serpa. Aquella campaña electoral se centró en la promesa de liquidar a la guerrilla, luego de las fracasadas negociaciones de paz ocurridas por iniciativa del presidente Andrés Pastrana en la zona del Caguán. Desde el comienzo de su mandato las bandas armadas respondieron a Uribe con implacable violencia. Durante su toma de posesión presidencial las FARC atacaron con fuego de granadas y morteros hacia el recinto del Congreso donde se realizaba la ceremonia oficial, dejando un saldo de 17 muertos y 67 heridos. Cuatro años más tarde, para el año 2006, finalizado su primer período constitucional centenares de guerrilleros habían sido dados de baja, otros tantos se desmovilizaron voluntariamente o los capturó el ejército. Mientras millones de municiones fueron confiscadas en los operativos militares.

Luego de lograr la aprobación de una reforma constitucional que le permitió aspirar a un nuevo mandato, Álvaro Uribe fue reelecto por abrumadora mayoría en las votaciones presidenciales realizadas en 2006. En esos comicios obtuvo el 62.35 % de los votos frente al 22.02% de Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo, sobre el 11.83% de Horacio Serpa aspirante del Partido Liberal, y el 1.23% de Antanas Mockus postulado por Alianza Social Indígena. Aquella respuesta electoral de los colombianos, a más de significar el reconocimiento al liderazgo del presidente de la república, implicó el apoyo a una política que enfrentó con decisión y objetivos claros al bandidaje narco-terrorista.

Al final de su segundo gobierno en 2010, se habían desalojado a las FARC y ELN de todos los territorios urbanos y de las áreas estratégicas más importantes, se desmovilizaron más de 17 mil efectivos de esas guerrillas y a cerca de 40 mil paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, firmando con estas últimas -el 13 de mayo de 2008- un acuerdo destinado a incorporarlas a la vida legal. Luego de esos históricos logros y después de la sentencia de la Corte Constitucional que le impide presentarse a una nueva reelección, Uribe escoge a Juan Manuel Santos como el sucesor que puede consolidar la exitosa política de Seguridad Democrática.

En aquel entonces, y por primera vez en la historia del conflicto armado, la subversión retrocede ante la ofensiva del ejército y de las fuerzas policiales y sufre la pérdida de sus principales comandantes. El 2 de septiembre de 2007 fue muerto en un bombardeo Tomás Medina Caracas, alias ‘Negro Acacio’, quien era el encargado de coordinar la adquisición de armas en el exterior, y el procesamiento y tráfico internacional de cocaína. Acacio es el primer guerrillero solicitado en extradición por los Estados Unidos debido a la comisión de esos delitos. En marzo de 2008 la guerrilla pierde al más joven de los comandantes del alto mando, Iván Ríos, quien es asesinado por su escolta Pedro Pablo Montoya. El 26 del mismo mes muere el legendario jefe supremo de las FARC Manuel Marulanda Vélez, considerado entonces el guerrillero más antiguo del mundo. El comando del grupo subversivo afirma que fallece de muerte natural a los 78 años de edad. Se conoce luego que su deceso ocurre a causa de un infarto cuando la zona donde se encontraba era objeto de intensos bombardeos. También en marzo de ese año, se realiza la “Operación Fénix” en la que el ejército liquida en territorio ecuatoriano a Raúl Reyes junto a 22 de sus compañeros. Las computadoras incautadas en esa operación demuestran la comunidad de propósitos de las FARC y los gobiernos de Venezuela y Ecuador, así como la existencia de una extensa red de organizaciones delictivas y dirigentes de izquierda que cooperan entre sí y reciben ayuda para sus actividades políticas legales o clandestinas.

Tres técnicos de alto nivel comisionados por Interpol, a petición del gobierno colombiano, confirman la veracidad de los datos encontrados en las decenas de miles de documentos, imágenes y distintos tipos de archivos contenidos en las computadoras. Pero, a pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia determina que esos documentos son pruebas ilegales porque fueron recogidas sin autorización ni participación del gobierno ecuatoriano. El 22 de septiembre de 2010 pierde la vida el apodado “mono Jojoy” cuando los militares atacan su campamento. Por su crueldad a este comandante lo apodaban “el terror de la guerrilla”. El 4 de noviembre de 2011 es dado de baja Alfonso Cano, víctima de un intenso ataque de la aviación militar. Hasta ese momento Cano era el comandante supremo de la organización subversiva. Fue designado el sucesor de Marulanda y era estimado como el comandante de mejor preparación ideológica y militar. Su muerte fue considerada la mayor derrota de las FARC en toda su historia.

Semanas antes de concluir su gobierno, el presidente Uribe denuncia la presencia de 1500 guerrilleros colombianos acantonados en el estado Zulia bajo el comando de Iván Márquez. Y el 22 de julio de 2010 en la sesión del Consejo Permanente de la OEA el embajador colombiano Luis Alfonso Hoyos demuestra, mediante pruebas satelitales, documentos, gráficas y filmaciones logradas por agentes infiltrados, que con protección militar venezolana esos grupos reciben entrenamiento en campamentos en donde además se coordinan las relaciones de cooperación entre FARC, ETA y otros agentes del narcoterrorismo. De esa manera un costado fronterizo de nuestra geografía queda al descubierto como santuario de bandas armadas implicadas en secuestro, subversión, tráfico de droga y otros crímenes horrendos. Propone entonces el representante colombiano que se constituya una comisión de embajadores, acompañada de medios de comunicación internacional con el fin de visitar la zona fronteriza, y que en un plazo previamente determinado la comisión diplomática presente un informe al Consejo Permanente. Chávez responde airadamente a las demoledoras acusaciones, desconoce las competencias de la OEA para efectuar esa investigación, rompe relaciones diplomáticas con el país vecino, y en actitud amenazante moviliza tropas hacia la frontera.

En medio de aquella tormenta diplomática e inmediatamente después de asumir la presidencia Juan Manuel Santos deja sin efecto la grave denuncia y se convierte en el nuevo mejor amigo de Chávez, salvándolo de afrontar una realidad que le desnuda ante el mundo como cómplice de crímenes, secuestros, extorsión, tráfico de drogas y de atentados planificados impunemente en nuestro territorio.

Por supuesto la muy fría y calculada decisión del nuevo mandatario colombiano provocó la ruptura radical y definitiva con Uribe y con su política antiterrorista.

Apenas dos años atrás Santos tuvo rol protagónico en la ya referida “Operación Fénix” que dio de baja en marzo de 2008 a Raúl Reyes. Y su figura se fortaleció aún más con la “Operación Jaque” realizada en julio de ese mismo año gracias a la cual liberaron de su secuestro a Ingrid Betancourt a Clara Rojas, a 11 soldados colombianos y a 3 empresarios norteamericanos. Sin embargo, luego de su sorpresivo cambio de rumbo se inician las negociaciones con las FARC que le permiten finalmente a esa narco-guerrilla participar en la vida política, lograr la impunidad de sus crímenes y obtener el otorgamiento de condiciones ventajosas en una posible finalización de la guerra.

Antes de aquellas negociaciones, el rechazo mundial a las organizaciones guerrilleras se encontraba en su punto máximo, pues a pesar de sus continuos fracasos realizaban atroces acciones contra la población civil, mantenían en su poder a cientos de secuestrados, practicaban el reclutamiento forzoso de niños, saboteaban instalaciones petroleras, volaban acueductos y torres eléctricas, y constituían una de las redes más poderosas del narcotráfico del continente, convirtiendo sus actos en guerra contra la civilización aislándose de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Esa criminal conducta les colocaba en la condición de “grupos terroristas” según la valoración de 33 países, entre los que se contaban los integrantes de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, con las excepciones de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina y Chile.

Con el fin de cambiar aquella abominable imagen de pandilla criminal, el reconocimiento del estatus beligerante tanto del ELN como de las FARC constituía un objetivo estratégico fundamental para el chavismo, para la izquierda comunista internacional, y para algunos de sus compañeros de ruta que en América Latina y Europa estaban dispuestos a hacer el juego con el fin de barnizarse de progresismo.

En enero de 2008, en un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Hugo Chávez afirma que “esos grupos no son organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia, hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que en Venezuela es respetado”. Y días más tarde la Asamblea Nacional aprueba una propuesta del diputado oficialista Saúl Ortega en la que se solicita a Colombia “reconocer el carácter beligerante de los movimientos insurgentes de las FARC y el ELN como señal de voluntad de darle un estatus político que genere confianza en las futuras negociaciones”.

Cuatro años después se haría realidad aquel sueño de Chávez cuando en 2012 bajo la presidencia de Santos se inician en Cuba los llamados “diálogos de paz” en los que los actores de la guerra contra la democracia colombiana sentados de tú a tú con los representantes del Estado, adquieren la anhelada condición beligerante.

El 23 de septiembre de 2015 gobierno y guerrilla suscriben un acuerdo, que las partes firmantes consideran “histórico”, mediante el cual se establece la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de la aplicación de una justicia transicional destinada a imponer las llamadas sentencias alternativas tanto para los guerrilleros como para los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad, y de amnistía para los responsables de crímenes políticos.

Juan Manuel Santos y Timochenko acuden a la Habana para suscribir aquel acuerdo, teniendo como testigo al dictador cubano Raúl Castro, artífice fundamental del proceso en el que finalmente las pomposamente llamadas “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC-Ejército del Pueblo”, son reconocidas como tales y adquieren el derecho a participar en la redimensión de aspectos vitales de la vida colombiana.

El Secretario de Estado norteamericano John Kerry, en nombre de su gobierno declara que se dio “un importante paso adelante hacia una paz justa y duradera”. Fatou Bensouda fiscal de la Corte Penal Internacional considera positivo el tratado porque, según ella, se excluyen las amnistías para los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Álvaro Uribe y Human Rights Watch, por el contrario, afirman que los responsables de esos crímenes quedan impunes al ser eximidos de pagar por ellos con pena de cárcel. Y por supuesto en la opinión pública colombiana aquellas decisiones lejos de unificar al país estimulan aún más la división y el encono político y social.

El 24 de agosto de 2016 se firma el “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto, y la Construcción de Una Paz Estable y Duradera”. Y el 26 de septiembre del mismo año, en Cartagena de Indias en presencia de más de 2000 invitados especiales se celebra la ceremonia de la firma del “Primer Acuerdo de Paz” GOBIERNO- FARC, siendo los protagonistas fundamentales del evento Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (Timochenko), Entre las personalidades más notorias que acuden a la cita están varios presidentes latinoamericanos, el Secretario General de de la ONU Banki-Moon, el Secretario General de la OEA Luis Almagro, El Rey Emérito de España Juan Carlos I, el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim, la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde y el canciller de Noruega Borge Brende.

Por su parte los gobiernos de Cuba y Noruega emiten un comunicado conjunto en el que entre otras consideraciones expresan: “Esta comunidad ve esperanzada de que la solución política y negociada del conflicto en Colombia se constituya en ejemplo para la solución de otros conflictos violentos en el mundo”. ​

Las negociaciones aprobadas son sometidas a plebiscito popular el 2 de octubre de 2016. Catorce de las principales encuestadoras de Colombia dan amplio margen de ventaja a la opción del SÍ. A pesar de ello los resultados son favorables al NO por un estrecho margen. Los votos que respaldan la propuesta aprobatoria alcanzan el 49.79 por ciento frente al 50.21 del voto negativo. La abstención es superior al 62 por ciento.

El 16 de diciembre el Papa Francisco recibe en audiencias separadas a Álvaro Uribe, y a Juan Manuel Santos quien acaba de ser galardonado con el Premio Nóbel de la Paz. Y en horas de la tarde se realiza una tercera audiencia a la que acuden ambos personajes a dialogar con el Sumo Pontífice. Las audiencias papales son vistas como la bendición del Vaticano al difícil y cuestionado proceso.

Sin embargo aquellos acontecimientos aparentemente auspiciosos y arropados además con el beneplácito de los gobiernos democráticos, el Vaticano y las principales instituciones de la comunidad internacional, no se reflejan de la misma manera en los sentimientos de la vida colombiana. Para millones de ciudadanos en los acuerdos pactados se entregaron injustificables condiciones, perdones y privilegios políticos a los autores de miles de actos criminales contra personas inocentes. Crímenes que la mayoría de los ciudadanos se resiste a perdonar.

Actos como la matanza de 119 civiles en mayo de 2002 ocurrida en el municipio Bojayá, ubicado en el Departamento del Chocó al noroeste de Colombia; la masacre del Club Del Nogal perpetrada en Bogotá en febrero de 2003; el ametrallamiento de 11 diputados de la Asamblea Legislativa del Valle del Cauca en 2007, y el ajusticiamiento en noviembre de 2011 de cuatro militares que se encontraban secuestrados, son tan sólo algunas de las tantas acciones practicadas contra personas indefensas por el mal llamado Ejército del Pueblo. En Bojayá el comando del Bloque 58 de las FARC detonó una poderosa bomba contra la iglesia en la cual se refugiaban cientos de pobladores que intentaban protegerse de un cruento enfrentamiento que libraban la guerrilla y los paramilitares por el control del tráfico de drogas. Ese trágico día todos los hombres, las mujeres y los niños que perdieron la vida eran humildes y pacíficos campesinos ajenos a los miserables motivos de la guerra narco-terrorista. En el Club del Nogal el día del atentado se encontraban 600 personas, de las cuales mueren 36 y más de 200 resultan heridas por la explosión de 200 kilogramos de C-4 ordenada por el Secretariado de las FARC. El asesinato de los 11 diputados de la Asamblea Legislativa del Valle del Cauca ocurre después de haberlos sometidos a un largo secuestro de cinco años. Los parlamentarios fueron acribillados a balazos en total indefensión. Y en el ajusticiamiento de los cuatro militares, ocurrido el 26 de noviembre de 2011, destaca un hecho que patentiza aún más la crueldad de estos grupos terroristas. Uno de los efectivos del ejército, el sargento Libio José Martínez llevaba catorce años en cautiverio, la mayoría del tiempo encadenado. Quienes compartieron con él afirman que el sargento Martínez aspiraba llegar a conocer a su hijo, quien nació cuando ya el militar había sido secuestrado. Junto con él murieron el coronel Édgar Yesid Duarte, el mayor Elkín Hernández Rivas y el subteniente Álvaro Moreno. Todos estaban encadenados, indefensos. Los mataron porque pensaron que se acercaba una misión de rescate.

Esos delitos y muchos otros quedan impunes gracias a los pactos suscritos en Cuba por los delegados del gobierno y de la guerrilla. Y sobre esa impunidad se intentará sepultar el pasado y construir “la paz estable y duradera”. Sin embargo no resulta fácil borrar el prontuario de los responsables de tan prolongada y cruenta guerra. Los integrantes de la plana mayor de las Farc siguen siendo consideradas por los Estados Unidos como agentes del narco-terrorismo y como culpables de lavado de activos procedentes del delito. Además son amplios los expedientes judiciales de los diez congresantes de la guerrilla que sin contar con el voto popular fueron llevados al Parlamento colombiano, por obra y gracia de los convenios suscritos en Cuba. Contra Timochenko, por ejemplo, existen condenas que suman más de 400 años de cárcel por centenares de muertes y secuestros, masacres cometidas en varios poblados y atentados con bombas. Y contra Iván Márquez, a quien Estados Unidos acusa de dirigir la política de control y distribución de toneladas de cocaína, la suma de sus condenas alcanza a 760 años de prisión.

En el caso de Márquez, éste retorna a su guerra contra Colombia luego de haber sido el negociador más importante de las FARC. Su violenta actitud expresa la frustración ante el repudio con el que recibió el país a la candidatura presidencial de Timochenko. Esa postulación tuvo que ser retirada por las precarias condiciones de salud del aspirante y debido a las violentas reacciones ocurridas en las ciudades y pueblos que intentó visitar. Mientras que los candidatos al Congreso, agrupados en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), apenas reunieron cerca de 50 mil votos en todo el país, tan sólo el 0,34 por ciento del registro electoral. Este descalabro, unido a la amplia victoria de Iván Duque que significó el retorno del uribismo al poder, impuso un viraje en la línea de sectores de la desmovilizada guerrilla que vuelven con mayor virulencia a las selvas colombianas.

Ahora el ELN y los restos de las FARC que controlan Iván Marquez y Jesús Santrich cumplen la doble tarea de continuar su guerra contra la democracia colombiana y de reforzar la represión y el control del régimen venezolano sobre las zonas fronterizas. Márquez es conocedor de esos espacios, pues ya en 2010 dirigía aquellos campos de entrenamiento de las FARC en el estado Zulia denunciados entonces por el presidente Uribe en la Organización de Estados Americanos.

En medio de esas nuevas condiciones las fronteras de Venezuela y Colombia son ahora escenarios de guerrillas binacionales que amplían su posesión sobre espacios territoriales de nuestro país, que se refugian en estos espacios luego de perpetrar acciones terroristas en el país vecino, y que proclaman su intención de defender militarmente al gobierno de Maduro frente a una eventual confrontación armada. Todo esto en medio de la grave crisis humanitaria que en las fronteras ha creado la explosiva migración venezolana.