Julio César Moreno León / Una Bitácora venezolana (XII): Gobernadores del Estado Comunal
Luego de la derrota sufrida por el gobierno en la fraudulenta elección constituyente del pasado 30 de julio, los partidos políticos desviaron brusca y sorpresivamente el rumbo de la lucha opositora.
Después de acorralar a la tiranía, demostrar ampliamente su ilegitimidad y de lograr su condena internacional, en vez de proseguir esa política justa y correcta los partidos atienden al canto de sirena de las elecciones regionales.
En los meses previos a la vergonzosa trampa oficialista, las organizaciones políticas lograron interpretar y asumir los sentimientos democráticos de los ciudadanos. Funcionó entonces, por primera vez, la unidad perfecta de líderes políticos y sociedad civil. Y se logró incorporar, también por primera vez, a los más pobres en la protesta activa, decidida y valiente contra el gobierno y sus bandas represivas.
A pesar de la criminal violencia desatada, el proyecto comunista no pudo disimular su debilidad ni ocultar la ausencia de sectores populares que salieran a la calle en su defensa.
Así quedó demostrada la desaparición del PSUV como soporte importante de la dictadura, se fracturó la unidad del Proyecto, y acorralada por la Fiscal General de la República la cúpula militar-civil deslució a la hora de refutar graves denuncias de corrupción formuladas por su antigua compañera de ruta. Y gracias a la guardia nacional, los colectivos y las policías, la represión quedó como única herramienta defensiva de esta caricatura revolucionaria.
Por eso, tenemos derecho a preguntar qué ocurrió, y por cuál motivo después de ganar esa batalla se va a participar en elecciones que estarán bajo la rectoría dictatorial de esa misma asamblea constituyente que los partidos denuncian como ilegítima, que la ciudadanía repudia, y que la comunidad internacional desconoce.
Si el país combatió en la forma como lo hizo a la fraudulenta asamblea, la consecuencia lógica de aquel combate era continuar luchando contra su ilegítima instalación, contra sus arbitrarios procedimientos y contra los efectos “jurídicos” de sus ilegales decisiones.
Hoy, nuevamente envuelta en la incertidumbre, buena parte de la opinión pública considera incoherente aceptar la continuidad del mismo CNE que instrumentó el fraude, falsificó groseramente los resultados del truculento proceso, y ratificó luego su incondicional acatamiento a los usurpadores de la soberanía popular.
Tampoco resulta coherente que los partidos, a pesar de denunciar la ilegitimidad de la asamblea oficialista, acaten su vigencia, al reconocerle competencias para adelantar elecciones regionales, y para suspender votaciones de consejos legislativos manteniéndolos bajo control de diputados del PSUV con mandato vencido.
En vez de desconocer esas medidas, tomadas en un organismo espurio que cercena derechos electorales y que inutiliza administrativa y políticamente a los próximos gobernadores, los líderes partidistas van a participar en esta desventajosa contienda haciéndose coparticipes de evidentes violaciones de las leyes y la constitución. De esa manera, quieran o no quieran reconocerlo, en este caso la MUD acepta la nueva y forzada legalidad que impone la dictadura.
Mientras esto ocurre, el totalitarismo no duerme y retoma la iniciativa ante un liderazgo que se baja de su escenario para competir en patio ajeno, y de nuevo acepta las condiciones que impone el enemigo.
Con calculada frialdad los totalitarios permiten que la Asamblea Nacional siga funcionando en el palacio legislativo, pero conforman la “comisión de la verdad” que servirá de tribunal popular para enjuiciar a los diputados y líderes democráticos, y que además decidirá quiénes de los candidatos elegidos en las primarias podrán ser efectivamente aspirantes a las anheladas gobernaciones.
Ya lo dijo Diosdado Cabello, “quienes llamaron a la calle no podrán ser candidatos”.
En esa misma asamblea fraudulenta se anunciaron, el pasado 15 de agosto, algunas medidas con las que aspiran liquidar para siempre a la disidencia democrática. En esa oportunidad Maikel Moreno, el insólito presidente del TSJ propuso el aumento de la pena máxima a 50 años de cárcel para terroristas y enemigos de la patria.
Por supuesto en la lista de terroristas enjuiciables se encuentran, entre otros, Julio Borges, Henrique Capriles, Henry Ramos, Tomás Guanipa, Juan Requesens, Miguel Pizarro… etc; además de los alcaldes perseguidos o encarcelados, y centenares de miembros de la resistencia, hoy en prisión bajo condiciones vejatorias.
Y demás está decir que a la espera del juicio revolucionario están también el general Raúl Isaías Baduel, el capitán Juan Caguaripano Scott, el teniente primero Jefferson García y el grupo de militares y civiles acusados de haber tomado parte en los sucesos del Fuerte Paramacay.
Maikel Moreno anuncio igualmente, el primero de septiembre pasado, la creación de una comisión de “alto nivel” para el aporte constitucional integrada por el ministerio del interior, la fiscalía de Tarek William Saab, el ministerio para las cárceles y la defensoría pública. Esa comisión será la encargada de proponer a los constituyentistas las nuevas leyes que, como trajes a la medida, cumplirán la tarea de intentar atornillar al régimen.
Esa comisión definirá también cuales serán las nuevas competencias de los gobernadores de estado, de los consejos legislativos regionales, de las alcaldías y de los concejos municipales. El gobierno se adelanta de esa manera a dejar sin funciones autónomas a los espacios de poder que la democrática oposición pretende conquistar en procesos electorales de antemano viciados. Es la respuesta del oficialismo a quienes afirman con gran simpleza: “si no vamos a votar el gobierno lo toma todo”.
Ocurre que esta ofensiva totalitaria nos muestra a un gobierno acorralado, pero que actúa con rapidez ante el derrumbe económico y el colapso social que amenaza dramáticamente su estabilidad.
Condenados por las naciones democráticas del planeta, y repudiados por el país, Maduro y su equipo necesitan solidificar el control político interno por medio de la total monopolización de las instancias oficiales que en el transcurso de estos 18 años han logrado secuestrar.
Para conseguir sus objetivos la dictadura intenta blindarse con el fin de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre ella. Por esa razón, cuando menos de ingenuos podemos calificar a quienes concurren a unas elecciones regionales previamente diseñadas como parte del proyecto de Estado Comunal rígidamente centralizado, que pretende consagrar la tramposa constituyente.
En su afán de controlarlo todo el régimen no acepta derrotas y si se ve obligado a reconocer alguna aplica medidas correctivas, como el despojo de funciones a Antonio Ledezma luego de ganar éste la Alcaldía Mayor; como las asumidas luego de las últimas votaciones parlamentarias, cuando se anula a los diputados de Amazonas, se declara en desacato a la Asamblea y se le arrebatan las funciones constitucionales mientras se implementa su disolución definitiva.
Procedimientos igualmente ilegales le fueron aplicados a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, sometida a feroz persecución por denunciar la corrupción de la cúpula oficialista, y por anunciar la muerte del Estado de Derecho en Venezuela.
Mirando esos hechos resulta inexplicable que se acuda a un nuevo proceso electoral fraudulento que permitirá simulaciones “democráticas”, y dará respiro a un gobierno en deterioro terminal. Y es igualmente incomprensible que luego de convertirse el Parlamento en el eje central de la resistencia, la amañada elección de gobernadores le desmonte su ofensiva política, y contribuya a disipar su identidad y vigencia como el único poder legítimo que existe en esta destartalada república.
En ese equivocado camino, las elecciones primarias han restado tiempo y esfuerzos a una oposición cuya fundamental actividad debería ser hoy la reactivación de la calle bajo condiciones y características adecuadas a la situación actual, en pleno desarrollo del horror constituyentista, y el redimensionamiento de la protesta nacional. Sobre todo cuando la condena al régimen adquiere dimensión universal, y cuando la terrible debacle económica y social puede llevarnos a un caos inimaginable si no contamos con un liderazgo que sea capaz de señalar un camino creíble y confiable, y que esté dispuesto a comprender y a canalizar las terribles sensaciones que desgarran el alma de la población.
Precisamente, el plebiscito de julio pasado en el que participaron más de 7 millones de ciudadanos fue claro trazando esos rumbos que hoy deberíamos seguir bajo una conducción consciente de sus objetivos, y consecuente en su compromiso y en su acción política.
Ese plebiscito votó por el rechazo a la constituyente convocada por Maduro, porque la fuerza armada acate la constitución de 1999, por democráticas elecciones generales, y por un gobierno de unidad nacional. Hasta hoy ningún sector integrante de la MUD ha dado explicación valedera que justifique el abandono de ese solemne compromiso, contraído con Venezuela y apoyado por la comunidad democrática internacional.
Así las cosas los candidatos de la oposición que resulten electos en las votaciones regionales de octubre, si las hubiera, serán gobernadores en el marco de un Estado Comunal que se construye en un ilegítimo orden jurídico, y que será establecido y tutelado por la misma constituyente que la MUD hasta ahora ha desconocido.
9-9-2017
