Julio César Moreno León: Una Bitácora Venezolana (II)

1- El Consejo Nacional Electoral ratificó el pasado 9 de agosto su condición de instrumento servil del gobierno. La larga perorata pronunciada ese día por Tibisay Lucena fue un nuevo irrespeto a los venezolanos, una burla a la constitución y a las leyes y un reto a la paciencia ciudadana.

La puesta en escena del evento trasmitido desde las instalaciones del CNE pretendió crear escepticismo en una población que se pronuncia mayoritariamente por el fin del mandato presidencial. Para algunos, esa presentación fue el preaviso de la negativa a la realización del revocatorio, a la elección de gobernadores, así como a cualquier otra votación que ponga en peligro la enclenque vida del régimen.

Con una “operación modorra” se intenta ahora justificar, tras recovecos tecnicistas carentes de consistencia real, un retraso fríamente programado que haga imposible la tan anhelada consulta popular. Las cuatro rectoras han establecido arbitrariamente un tiempo de espera, y decidieron que entre el 14 y 16 de septiembre se anuncie si se cumplieron los requisitos para la recolección del 20 por ciento de las firmas hacia finales del mes de octubre próximo.

2- Todos sabemos que desde las secuestradas instituciones se desarrolla un plan destinado a retener a Nicolás Maduro en la presidencia y a liquidar definitivamente los vestigios democráticos que aún subsisten. Pero igualmente, la ciudadanía sabe que la revocación presidencial sólo es posible con el ejercicio constante de la presión popular y con la solidaridad creciente de la comunidad internacional. En ese contexto, la marcha anunciada por la MUD para el primero de septiembre, «la Toma de Caracas», pudiera marcar un nuevo rumbo de la resistencia democrática.

Por su parte, la cúpula oficialista está consciente del peligro que implica la realización de la consulta refrendaria este año. De acuerdo con todas las mediciones de opinión el rechazo a Maduro se acerca al 80 por ciento, por lo que el 20 por ciento de firmas establecido como cuota para impulsar el referéndum seguramente será ampliamente superado, y el resultado de esa iniciativa constitucional pudiera ser un golpe definitivo a la ya destartalada legitimidad del régimen.

Conociendo lo que se avecina el gobierno intenta detener la gran movilización convocada por la MUD, y se dispone igualmente a sofocar las reacciones espontáneas de la población ante una hiperinflación que ya se desata con terribles e impredecibles consecuencias sociales. Por tanto, la marcha de septiembre deberá estar preparada para enfrentar con firmeza el hostigamiento represivo y las provocaciones de los cuerpos militares, policiales y parapoliciales que seguramente serán desplazados en todo el país.

Además, a sabiendas de que el proyecto dictatorial se encuentra en una difícil encrucijada, el llamado comando cívico militar de la revolución se mueve en varios escenarios y se plantea alternativas distintas a las que indican la letra y el espíritu de la Constitución Bolivariana. Todos esos escenarios van dirigidos a impedir que la soberanía popular se exprese, y que a través de ella se decida cívicamente el cambio político que nos permita salir de la crisis.

Como parte de esas iniciativas, en nombre del PSUV Jorge Rodríguez denunció ante el TSJ un “fraude de grandes proporciones”, en la recolección de las firmas que legalizaron a la MUD como promotora del revocatorio. El ponente encargado del caso en la Sala Constitucional es el Juez Luis Damiani Bustillos, una ficha incondicional del oficialismo que fue designado en la cuasi clandestina sesión de la anterior Asamblea Nacional realizada el 23 de diciembre del año pasado.

Existe la posibilidad de que el complaciente juez Bustillos sentencie a favor de la denuncia de Rodríguez. Con base en esa sentencia, el revocatorio no se realizaría y la MUD sería ilegalizada acusada de cometer fraude electoral, justificación suficiente para que sus directivos sean sometidos a sanciones penales.

Recordemos que el Tribunal Supremo -en cuyas manos, junto con las del CNE, está impedir el revocatorio- suspendió ilegal y arbitrariamente a los diputados de Amazonas que habían sido proclamados por el CNE en diciembre pasado.

Mediante la suspensión de los diputados Julio Ygarza, Nilma Guarulla y Rómel Guzamana se despojó al parlamento del quórum de dos tercios que le permite convocar a una Asamblea Nacional Constituyente relegitimadora de los Poderes Públicos, designar a los nuevos miembros del CNE, al Fiscal General, al Contralor General y al Defensor del Pueblo.

Luego de seis meses de espera, la Asamblea Nacional decidió restituir en el ejercicio de sus cargos a los parlamentarios ilegalmente suspendidos, creándose un enfrentamiento de poderes que exacerba aun más la ya deteriorada gobernabilidad del país.

De acuerdo con el oficialismo todos los actos del parlamento opositor son nulos mientras continúen incorporados los diputados de Amazonas. Según el jefe de la fracción parlamentaria del PSUV, Héctor Rodríguez, los legisladores suspendidos cometieron fraude electoral, y tanto ellos como el Presidente de la Asamblea están incursos en desacato al Tribunal Supremo de Justicia.

Rodríguez introdujo demandas en la Sala Constitucional y en la Sala Electoral para que se declare la nulidad de los actos cometidos, y se evalúen las posibles sanciones legales. Por su parte los parlamentarios de oposición denuncian un permanente hostigamiento del SEBIN contra los representantes indígenas.

3- Mirando este lamentable cuadro en el que se aprecia parte del grave conflicto político, y de la destrucción institucional que sufre la sociedad venezolana, podemos percibir el difícil tiempo que estamos viviendo y la impredecible etapa que pareciera reservarnos el porvenir.

Estamos en una situación en la que la oposición intenta cumplir los pasos constitucionales para que los ciudadanos ejerzan el sufragio como herramienta de cambio, mientras el gobierno se propone obstruir cualquier salida legal que pueda conducir a su desplazamiento del poder.  

Atrapados en esa realidad, los venezolanos sentimos una creciente angustia originada en la incertidumbre y en la ausencia de soluciones a los graves problemas cotidianos y a las interrogantes que nos plantea el futuro.

Mientras tanto, el gobierno prefiere ignorar o negar la existencia de esos problemas ratificando sus políticas e intentado cerrar el paso al cambio o a la rectificación. Así presenciamos el contrasentido de un régimen que en su etapa de mayor rechazo popular asume con increíble tozudez la profundización de sus repudiadas políticas, constituyéndose en una tiranía separada definitivamente de la apariencia democrática y decidida a mantenerse en el poder mediante el uso de la violencia y la represión.

La Venezuela de hoy se ha transformado en una rara forma de dictadura encabezada por un personaje sin autoridad, carente de condiciones mínimas para presidir una república y además objeto del repudio generalizado de prácticamente todos los estratos sociales del país.

Maduro es además un extraño dictador a quien los militares que soportan su gobierno ni lo acatan ni lo respetan, y es la cabeza formal de un partido mafioso en el que no ejerce liderazgo alguno.    

4- Ocioso resulta recordar las estadísticas económicas y sociales que el régimen chavista ha construido, y que colocan a Venezuela junto a Cuba en la lista de los países más empobrecidos del continente, apareciendo incluso por debajo de algunos de los que recibieron ayer la ayuda redentora de Hugo Chávez, y que hoy a pesar de sus dificultades, nos aventajan en crecimiento económico, en estabilidad política y en superación de sus índices de pobreza.

Lo cierto es que para quienes desde el exterior miran con preocupación la realidad de nuestro país, les resulta incomprensible que en tal grado de desgobierno la violencia social no haya aparecido aún desbordándolo todo.

Igualmente resulta difícil que el mundo pueda concebir la existencia de una Venezuela en la que compatriotas convertidos en balseros clandestinos arriban a las costas de Curazao, Aruba o Trinidad en procura de una subsistencia que no les garantiza la otrora millonaria y dadivosa Venezuela socialista. O que en la vecina República Cooperativa de Guyana sean enjuiciados, multados y deportados 14 migrantes connacionales que cruzaron la frontera escapando del hambre y la miseria que azota a nuestro país.

Y que, en contraposición del latoso discurso oficialista, veamos cómo luego de 16 años de demagógica prédica integracionista, los petulantes socialistas del siglo XXI agreden a Colombia cerrando la frontera, ejerciendo violencia contra sus pobladores y desplazando forzosamente a centenares de humildes hombres, mujeres y niños, en flagrante violación de derechos humanos fundamentales. Todo esto para terminar cediendo vergonzosamente ante la presión de miles de personas que cruzan el puente internacional dispuestos a adquirir productos básicos para su subsistencia que hace tiempo dejaron de producirse en Venezuela.    

5- Por esas y muchas otras graves razones, la descomposición creciente de nuestro país pasa a ser motivo de preocupación de gobiernos y líderes mundiales que, hasta ahora, habían guardado silencio ante los atropellos y tropelías cometidas por los gobiernos de Chávez y Maduro.

El Vaticano, en boca de su Secretario de Estado Pietro Parolin, ha pedido rezar por Venezuela y ha reconocido que aquí existen “difíciles situaciones, políticas y económicas que están produciendo gran sufrimiento en la población”.

El secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, dijo desde Argentina que en Venezuela existe “una crisis humanitaria, creada por la inestabilidad política”.

Quince países miembros de la OEA se pronunciaron recientemente por desarrollar “avances sin demoras” que permitan el referéndum revocatorio este año. Y en Mercosur, Venezuela no puede asumir la presidencia del organismo ante la férrea negativa de Brasil y Paraguay. El canciller de Brasil ha declarado que “Mercosur no puede ser presidido por un gobierno autoritario”.

A estas recientes manifestaciones referidas a la difícil situación económica, social y política, debemos agregar los casos pendientes en tribunales de Europa y Estados Unidos, relacionados con la corrupción, tráfico de drogas y lavado de activos, más las investigaciones de la DEA en las que se involucra a militares, funcionarios de alto rango y sus familiares, además de connotados dirigentes del PSUV.

Con esa imagen internacional el gobierno afronta la inminente aplicación de la Carta Democrática Interamericana, así como la condena de los organismos representativos de la comunidad internacional, en el caso de escamotearse tramposamente el referéndum revocatorio.

6- Por todo ello la movilización del 1 de septiembre, la «Toma de Caracas«, debemos repetirlo, cobra gran importancia: en ella deben resumirse todos los reclamos contra el autoritarismo, corrupción e ineficacia del régimen; en ella deben confluir quienes sienten que el chavismo fue siempre una ruta equivocada, y quienes han sido defraudados en sus esperanzas por una vida mejor. También aquellos que sienten que debe retomarse la senda de la constitución y de la institucionalidad democrática, y los que piensan que la absoluta prioridad es acabar con la actual tragedia humanitaria.

El referendo revocatorio, hoy exigido por millones de compatriotas, debe ser mucho más que un instrumento de expresión de la voluntad de cambio político, para convertirse en una gigantesca manifestación ciudadana que exprese el deseo de cambio general, hacia un retorno de la libertad y hacia la urgente reconstrucción del tejido económico, con el objetivo de producir la ayuda inmediata hacia todos aquellos que hoy sufren carestía y hambre bajo el desamparo general decretado por un gobierno solo lleno de odio, exclusión y barbarie.

Por ello, hay que celebrar la afirmación del secretario general de la MUD, Jesús Torrealba: “hay que revocar el hambre, al hampa y al miedo”.

Julio César Moreno León – Caracas, 19 de agosto de 2016