Si hay algún asunto que el régimen de Nicolás Maduro no desatiende es la investigación que sigue la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el país, identificado como el caso Venezuela I.

En un comunicado oficial, fechado el lunes de esta semana, el canciller Yván Gil anunció la presentación de la apelación contra la decisión de la CPI de reanudar la investigación, iniciada formalmente el 3 de noviembre de 2021 por el fiscal Karim Khan luego de que un grupo de Estados, firmantes del Estatuto de Roma, solicitara averiguar sobre crímenes cometidos en el país desde febrero de 2014.

El texto que divulga Gil cumple con exactitud la frase que se le atribuye al estratega chino Sun Tzu de que la mejor defensa es un buen ataque.  Venezuela ha denunciado y demostrado –afirma el comunicado– que  el proceso de la CPI tiene «motivación política» y se inscribe en la estrategia de «cambio de régimen» impulsada por potencias extranjeras contra el país. Los crímenes de lesa humanidad son, por tanto, una falsa acusación porque «nunca han ocurrido». Ese relato, o narrativa, tiene compradores para nada desinteresados.

Negar los hechos –detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violaciones, homicidios– es la conducta reiterada del régimen, aunque insuficiente; por eso ir contra el árbitro, hacerlo cómplice de una conspiración internacional, completa el cuadro y busca colocar al régimen a la ofensiva en un área muy sensible donde su desempeño ha sido cuestionado nacional e internacionalmente.

Los testimonios de más de 8.900 víctimas o sus familiares consignados ante la CPI son inexistentes en esa línea de argumentación, además de que Venezuela cruza un límite riesgoso: cuestionar el proceder de la CPI, para cuyo funcionamiento estampó su firma entre los primeros en octubre de 1998 en el denominado Estatuto de Roma que dio vida al organismo.

El objetivo era combatir la impunidad de los peores crímenes con la creación de esa corte internacional con capacidad para juzgar y castigar genocidios y crímenes de guerra y de lesa humanidad, lo que fue considerado un avance histórico.

Lo que pretende la estrategia venezolana –debidamente asesorada– es centrar el asunto en el comportamiento de la CPI que habría desechado pruebas presentadas por el país que “demuestran la profusa y productiva labor del sistema de justicia en la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos acaecidos en el país”. No hay ningún funcionario de alto rango sancionado o juzgado por los crímenes denunciados.

La apelación presentada por Venezuela reafirma la línea seguida de entorpecer la investigación de la CPI pero va más allá: el régimen exige con total descaro respeto para su sistema de justicia, sin voz ni autoridad ante  los dictados del poder.