Aunque no faltan comentaristas que, con lenguaje de vísperas, imaginan constantemente alguna gran ruptura o alguna inminente catástrofe decisiva, la Argentina, pese a atravesar una fase dramática de la pandemia (con alta detección diaria de contagios, gran número de bajas y recursos sanitarios próximos al agotamiento) coquetea con alguna crisis política pero en el borde termina eludiéndola.
La racionalidad zigzaguea
Una semana atrás, los entusiastas de la confrontación cinchaban gozosos desde los extremos de la “guerra de la presencialidad”, en la que aparecían enfrentados el gobierno nacional y el de la ciudad autónoma; sin embargo, pocos días más tarde el realismo y la racionalidad provocaron reconsideraciones acuerdistas. En esta columna el último domingo de abril se señalaba que “la opinión pública no necesariamente se expresa a los gritos, a los bocinazos, a los golpes de judicialización o en las redes. Las encuestas detectan una mayoría silenciosa que no desea ni aprueba la confrontación permanente, espera que haya sensatez y buena gestión, diálogo, cooperación. Sentido común. Principalmente ante la agresividad de la pandemia. Los últimos conflictos y sus consecuencias quizás ayuden a los políticos a mantener el oído receptivo ante esa mayoría silenciosa más que al ruido y la furia”.
Tanto la Casa Rosada como el gobierno porteño comprendieron que una cosa es la competencia -en la que ambas partes están legítimamente embarcadas- y otra muy diferente un choque estéril para la sociedad, que lo observa con desaprobación, y que daña a los participantes para beneficio de terceros. Así, se dispusieron a acordar con sentido común, antes de que expirara el decreto de necesidad y urgencia emanado del Poder Ejecutivo e inclusive antes de que la Corte Suprema formule su demorado arbitraje.
Acodar los desacuerdos
Ese acuerdo tendría límites fijados por la política y por la realidad: Horacio Rodríguez Larreta sostendría su bandera de presencialidad escolar, limitándola a la escuela primaria y los jardines de infantes, pero se mostraría obediente del resto de las indicaciones del poder central.
El gobierno nacional, de su lado, mantendría su preferencia por un período de plena escolaridad virtual, aunque se mostraba preparando la sombrilla de la “presencialidad administrada” bosquejada por su ministro de Educación, un punto de encuentro para un arreglo a mitad de camino.
Lo que también dicta la realidad es que la autonomía política de la ciudad de Buenos Aires (que, aunque desde el ala K se pretenda restringirla, el gobierno nacional acepta de hecho y a veces también de palabra), en términos sanitarios está subsumida en el AMBA (la región metropolitana, que comparte con 35 municipios del conurbano bonaerense) y que todo ese ámbito debe regirse por la misma lógica. Una lógica que en este momento aconseja incrementar las restricciones porque -como señala el gobernador bonaerense y coincide el ministro de Salud porteño- el “amesetamiento alto” de los contagios que se ha logrado hasta el momento no es sostenible por un sistema sanitario material y humanamente estresado.
El gobierno bonaerense escenificó este fin de semana su decisión de limitar fuertemente la circulación desde y hacia su distrito con rígidos controles en los pasos principales entre la ciudad autónoma y el conurbano: extensas colas y largas esperas en esos límites procuran desalentar el tránsito no imprescindible.
Puesto que el conurbano es el punto más vulnerable del AMBA, es razonable que el gobernador reclame la mayor dureza en las restricciones. Hasta ahora, esa pretensión ha chocado contra la evidencia de que -salvo en el cierre de las escuelas- la provincia de Buenos Aires ha sido la que menos logros ha exhibido en materia de limitación efectiva de la circulación de personas (y, como consecuencia, del virus). Habrá que ver si, además de los controles vehiculares se consigue afirmar una circulación responsable al interior del conurbano, sobre todo en los centros comerciales más poblados. Desde La Plata se endosa esa responsabilidad a los intendentes del conurbano. Pero la conducción de ese conglomerado corresponde al gobernador. Y conducir implica un ida y vuelta, que incluye escuchar la opinión de los intendentes, coordinar con todos ellos (“propios” o “ajenos”, ¿no son todos bonaerenses y electos por sus pueblos?), dar y recibir participación, coparticipar recursos con criterio ecuánime.
En cualquier caso, el gobernador arroja el peso argumental de la vulnerabilidad del conurbano sobre la mesa de discusión del AMBA y ejerce una presión sobre los otros participantes, ante todo sobre Fernández.
La ampliación de la mesa a todos los gobernadores en la última semana fue una jugada presidencial que sirvió para diluir esa presión. Los distritos más importantes (salvo la provincia de Buenos Aires) aconsejaron preservar la presencialidad escolar (así, un eventual repliegue presidencial no quedaría como un afloje frente a Larreta); por otra parte, en la reunión virtual se comparó la situación del AMBA con la de otros distritos que contienen densas regiones metropolitanas (Santa Fé, Córdoba, Tucumán, Mendoza) con problemas análogos. Fernández les pidió a todos que sean consecuentes con las restricciones que quieran aplicar.
Ampliar la base
El Presidente necesita ampliar su bases de sustentación más allá de la lógica de la coalición electoral. Como Presidente y ante la emergencia de la pandemia puede y debe hacerlo para apuntalar su autoridad
Caso contrario, la autoridad se va erosionando. O evaporando.
El tema central de la vacunación – un punto flojo para el gobierno, aunque las causas de esa deficiencia no sean plenamente propias- ha eclipsado por momentos evidencias de esa disgregación.
En Paso de los Libres, provincia de Corrientes, militantes del sindicato de Camioneros asumieron de facto funciones de autoridad sanitaria y cerraron el paso fronterizo a Uruguayana (Brasil), por donde transitan 1000 camiones diarios, con el argumento de que los camioneros de Brasil se niegan a realizar el test de PCR o presentan -según el gremio que lidera Hugo Moyano- “análisis antígenos de dudosa procedencia, en un contexto que tiene al país vecino como principal foco de infección de la nueva cepa de Manaos”
En rigor, del lado brasilero camioneros autoconvocados de ese país cerraban a su vez el paso a los camiones argentinos. Según el sindicato argentino, “de 10 camiones que ingresan al país, 7 son de bandera brasilera y los 3 restantes nacionales, es decir que el riesgo de contagio para la población es de un riesgo constante ante este 70% de tráfico brasilero en territorio argentino».
El sindicato de Moyano decidió actuar porque “la Aduana Argentina seguía despachando camiones a pesar del no ingreso de los camiones procedentes de Argentina hacia territorio brasileño, y de conocer plenamente la situación alarmante proveniente de Brasil”. Lo que quedó en evidencia fue que el estado argentino era reemplazado de hecho (al menos momentáneamente) en ese punto de la frontera con el principal socio del país y que la intervención fáctica consiguió el objetivo: «Luego de una semana de intensos reclamos -declararon los camioneros- la organización gremial logró la unificación de criterios con Brasil, Paraguay y Chile para exigir la realización de los PCR a los choferes en Paso de los Libres. Con el objeto de garantizar su veracidad, el procedimiento será controlado por la Gendarmería».
Vacas y vacunas
Antes aún, una situación más compleja pero de idéntica índole se manifestó en la Patagonia. Motorizado por un sector de trabajadores esenciales (sanitarios autoconvocados de la provincia de Neuquén), un reclamo salarial saltó a las rutas y mantuvo paralizada la zona de Vaca Muerta, el centro de las expectativas energéticas del país.
El gobierno nacional decidió encuadrar la situación como un problema provincial que debía ser resuelto por el gobernador Omar Gutiérrez, adscripto al Movimiento Popular Neuquino. Aunque el tema sindical sea, en primera instancia, de naturaleza provincial (el personal involucrado depende de la provincia y ésta había acordado la cuestión salarial con la sección local de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, un gremio que nacionalmente sostiene al kirchnerismo), los trabajadores sanitarios cuestionaron a esa conducción gremial, repudiaron el acuerdo, llevaron su protesta a las calles y, desde el 25 de marzo, a las rutas. Los autoconvocados alegan que se les debe el porcentaje de aumento del último trimestre de 2019, todo 2020 y lo que va de 2021 y se quejan por la falta de personal y equipamiento, con personal que está en primera línea de la pandemia y su movilización encontró respaldo en parte de la población civil de la capital neuquina, que participó en masivas manifestaciones y marchas de antorchas, acompañando la toma de varias rutas que se inició el 7 de abril, se mantuvo por semanas y todavía sobrevive en algunos puntos.
En este aspecto, la reivindicación trascendía notoriamente la lógica provincial: el cerco sobre Añelo, la “capital” de Vaca Muerto y el bloqueo al tránsito de camiones desde y hacia los yacimientos (así como en el camino de tránsito a Chile) tocaba cuestiones estratégicas del país, como su seguridad energética. El conflicto generó pérdidas calculadas en 450 millones de dólares en Vaca Muerta; la nación tendrá que importar más combustible que el que ya estaba previsto y deberá usar para ello dólares que no abundan. También ante este asunto el estado nacional se mostró lejano y ausente. La autoridad que no se ejerce, se pierde.
Las desavenencias inconducentes frente a la pandemia, al deteriorar al sistema político, debilitan más la ya cuestionada autoridad central: la del Presidente. Buscar un acuerdo sensato con los competidores (inclusive acuerdos sobre cómo administrar los desacuerdos) fortalece, en cambio, el sistema político y a todos sus participantes. Y amplía la base de sustentación presidencial.
Orden y autoridad racional son prerrequisitos también para ganar la batalla contra el virus.
Ruidos interiores
En el tránsito entre abril y mayo, el gobierno sumó un (no tan) nuevo altercado, que si bien se manifiesta como una tensión interna, excede largamente esos límites. El nudo del conflicto es la actualización de las tarifas eléctricas o -visto desde otra perspectiva- la reducción de los subsidios al consumo de energía eléctrica que incrementan el déficit del Estado. Las metas fiscales que el ministro se ha fijado para este presupuesto contemplan un achicamiento de los subsidios y -consecuentemente- que las partes del consumo que ahora financia el Estado vuelvan paulatinamente a ser sufragadas por los consumidores.
Guzmán ha planteado la necesidad de que los aumentos tarifarios sean realistas a dos puntas: que atiendan las necesidad de operación de las empresas y que no asfixien a los usuarios. En este sentido el ministro propuso que la tasa de incremento que perciban las empresas no recaiga de modo parejo sobre todos los usuarios, sino que paguen más caro los que están en condiciones de hacerlo y se mantenga el subsidio a los que lo necesitan.
El ministro encontró resistencias para aplicar esa política en un sector de sus subordinados. Particularmente en el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, un sociólogo que llegó a esas funciones en virtud de su pedigree kirchnerista y que se ha opuesto a convalidar aumentos a la facturación eléctrica “porque las empresas ya ganaron muchísimo con Macri”. Guzmán se queja no sólo de la desobediencia ideológica de Basualdo, sino de su negligencia práctica: no habría elaborado los estudios para aplicar discriminadamente tanto los aumentos como los subsidios.
En esas condiciones el ministro propuso al jefe de gabinete y al Presidente reemplazar a Basualdo y avanzar en el primer aumento tarifario del año (un 9 por ciento). El aumento ya salió y representa un primer triunfo para Guzmán, pero la remoción de Basualdo se empantanó pese a que contaba con la aprobación de Fernández y de Santiago Cafiero. Dicen en el gobierno que el ministro cometió un error al permitir que el desplazamiento de su subordinado trascendiera antes de que el asunto estuviera formalmente comunicado al funcionario. El ministro no habría tomado en cuenta que echar a un subsecretario ultrakirchnerista requiere el cumplimiento de protocolos excepcionales.
Si la convalidación del primer aumento tarifario que proponía Guzmán indica que el Presidente ha decidido sostener la postura de su ministro, el destino ulterior de Basualdo, aunque se retarde un poco, sería una mudanza de funciones pero, más importante aún, implicaría que el gobierno se aferra a la búsqueda de los objetivos que Guzmán planteó para equilibrar paulatinamente el desorden de las cuentas argentinas. Esos objetivos sostienen todavía la expectativa de un acuerdo con el FMI, una condición para que la economía, más allá del rebote que se diagnostica para este año pueda mantenerse lejos de la terapia intensiva.
En rigor, sostener a Guzmán -puente hacia el FMI- frente a la resistencia de los jacobinos K, sería un paso adelante para ampliar la base y recuperar autoridad.
