La Corte Penal Internacional cierra su oficina en Caracas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes el cierre de su oficina técnica en Caracas al constatar la «ausencia total de progreso real» en la cooperación con el régimen de Nicolás Maduro, una decisión que organizaciones locales de derechos humanos calificaron como la certificación oficial de que Venezuela no investiga ni sanciona crímenes de lesa humanidad.

El vicefiscal, Mame Mandiaye Niang, confirmó esta decisión en La Haya, durante la asamblea de los estados parte del Estatuto de Roma. Por gestiones del fiscal Karim Khan se abrió la oficina en 2023, «para fortalecer las capacidades del sistema judicial venezolano«, que será clausurada de inmediato.

«Ante la necesidad de gestionar recursos limitados de manera efectiva, hemos decidido replegar la misión técnica», declaró Niang. Activistas de derechos humanos consultados por DIARIO DE CUBA confirmaron que el régimen de Maduro nunca permitió que la CPI verificara si existían investigaciones internas genuinas.

La investigación «Venezuela I», abierta oficialmente en 2021, ha sufrido una serie de dilaciones. Incluso, la propia estrategia de Khan de activar los mecanismos de complementariedad con el Estado venezolano resultó en la práctica un mecanismo de dilación. Khan se encuentra suspendido por una investigación interna por presunto abuso hacia una colega funcionaria.

Asimismo, resultó apartado del caso venezolano al quedar en evidencia que su cuñada, con la que además compartió diversos casos profesionales, representa al régimen de Maduro ante el Tribunal de La Haya.

El chavismo es investigado por crímenes de lesa humanidad cometidos desde al menos 2014 por agentes del Estado y grupos parapoliciales bajo control del Ejecutivo: ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias masivas, violencia sexual y persecución política sistemática.

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y otros altos funcionarios aparecen como posibles responsables en la cadena de mando.

Acceso a la Justicia, una de las ONG más activas en el monitoreo del caso, comentó la situación a DIARIO DE CUBA: «Con esta noticia existe una constatación por parte de la Fiscalía de la CPI de que no había una colaboración por parte de las autoridades venezolanas en materia de complementariedad».

El proceso investigativo seguirá su curso normal desde la Fiscalía en La Haya y ha quedado a cargo del vicefiscal luego de que Khan resultara apartado por conflicto de intereses.

Por su parte, Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), organización que ha presentado más de 300 casos documentados ante la CPI, fue tajante. Su cofundadora, la abogada Martha Tineo, declaró a DIARIO DE CUBA que «el cierre de la oficina constituye una confirmación con mayor claridad de la falta de voluntad del Estado venezolano para asumir los compromisos mínimos necesarios destinados a superar la impunidad estructural que impera en el país».

Pretender que las instituciones controladas por personas señaladas como partícipes o responsables directos de los crímenes bajo investigación impulsaran reformas genuinas era, desde el inicio, incompatible con la realidad venezolana, sintetizó Tineo.

«La decisión de replegarse y continuar desde La Haya con mayor intensidad demuestra que la Corte no se deja engañar por la pantomima de complementariedad del régimen», indicó la ONG a través de su cuenta en X.

Horas antes de conocerse el cierre de la oficina de la Corte en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, arremetió contra el Tribunal de La Haya al manifestar su anhelo de que Venezuela abandone de inmediato el Estatuto de Roma, tildándolo de «organismo mentiroso que no sirve para defender los derechos humanos de nadie».

Lo señalado por Rodríguez fue a propósito de lo que calificó como «silencio cómplice» de la CPI, al no investigar «las ejecuciones extrajudiciales» ordenadas según el chavismo, por la Casa Blanca, en el marco del despliegue naval y militar de Washington destinado a combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una excusa para derrocar a Maduro.

De acuerdo con informes de la CPI, progresivamente el chavismo impidió las labores de la oficina técnica en Caracas, con acciones tales como acceso restringido a expedientes penales y rechazo sistemático a entregar información sobre procesos contra altos mandos. Organizaciones de derechos humanos, además, no descartan que estos funcionarios internacionales en Caracas hayan sido sometidos a vigilancia de llamadas y monitoreo de sus movimientos por parte del régimen de Maduro.

La investigación que seguirá su curso se centralizará ahora en La Haya y en oficinas de campo en Colombia y Perú, donde residen la mayoría de las víctimas exiliadas. Según fuentes cercanas al equipo de la Fiscalía, la fase de evaluación para posibles órdenes de captura contra altos funcionarios venezolanos se encuentra en su etapa final y podría concretarse en la primera mitad de 2026.

En la sesión de los estados parte este lunes en La Haya, el embajador argentino ante la CPI, Diego Emilio Sadofschi, presentó una solicitud formal y contundente para que el Tribunal emita y ejecute de inmediato órdenes de arresto internacional contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del régimen chavista, como Diosdado Cabello, por su presunta responsabilidad en crímenes de lesa humanidad agravados tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

Sadofschi, representando al Gobierno de Javier Milei, denunció la «inacción internacional emblemática» en el caso venezolano, destacando que desde la conclusión del examen preliminar de la CPI en noviembre de 2021 ha habido «pocos avances» en las indagatorias, y exigió una «investigación rigurosa pero expeditiva» ante las detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, torturas y persecución política sistemática que han profundizado la crisis humanitaria en el país sudamericano.

Ni la Cancillería ni la Fiscalía de Venezuela reaccionaron de inmediato a la decisión del cierre de la Oficina ni a la solicitud hecha por el Gobierno argentino en el seno de la CPI.