La falacia de la secuencia electoral

Thomas Schelling, premio Nobel de Economía, hizo un experimento sencillo. Pidió a sus estudiantes que imaginaran que debían encontrarse con un desconocido en Nueva York, sin poder comunicarse con él. La mayoría respondió lo mismo: en la estación Grand Central, a mediodía. Nadie lo acordó, pero todos eligieron el lugar más visible. Schelling lo llamó punto focal: cuando nadie coordina, una referencia evidente termina ordenando las expectativas de todos.

Venezuela acaba de encontrar el suyo. El senador republicano Bernie Moreno, cercano a la Casa Blanca, propuso el 24 de julio de 2027, natalicio de Bolívar, como fecha de la elección presidencial. La plataforma de María Corina Machado la hizo suya y convoca a la calle el 22 de octubre para exigirla. En Caracas, la tercera ronda de negociación discute elecciones y partidos, y la delegación opositora pide que los inhabilitados recuperen el derecho a participar. La mesa y la calle piden lo mismo y eso es una buena noticia.

Pero una fecha, por sí sola, no es una transición.

Comprar tiempo con recursos del país

El jueves, el Tribunal Supremo avaló en 48 horas la reforma de la Ley contra el Odio. La rapidez no es voluntad de cambio: la reforma despenaliza la expresión, pero conserva las multas y siguen más de trescientos presos políticos. El régimen cumple rápido lo que le cuesta poco y administra con lentitud todo lo que redistribuye poder: quién integra el nuevo Tribunal, quién arbitra en el CNE y cuándo se vota.

Para ganar tiempo, el régimen no solo cede lo que no tiene costos políticos: también entrega recursos de todos los venezolanos. Petróleo comprometido por décadas, fertilizantes, contratos sin licitación y con términos que nadie ha publicado. Cada contrato crea un interesado en que nada cambie y ese tiempo comprado puede neutralizar los esfuerzos por consolidar la transición, o incluso revertir lo que hasta ahora se ha logrado.

La trampa de la secuencia

El riesgo mayor quizá no está en la fecha, sino en el orden. Jorge Rodríguez ya anunció cuatro elecciones, con la presidencial al final. No sería extraño que para algunos sentados en la mesa les resulte atractivo empezar por regionales y municipales: recuperar cuotas de poder asegura la supervivencia de partidos debilitados y promete mejores condiciones para competir después. Esto sería un error garrafal.

Esas elecciones probablemente se harían con un CNE nuevo, producto del procedimiento negociado, pero no necesariamente imparcial si consideramos que quien tiene la última palabra es una Asamblea donde 92% de los diputados responde al oficialismo. Aquí solo la intervención de Washington podría imponer una decisión contraria a los intereses de la mayoría parlamentaria.

Pero cualquiera que sea la composición del CNE, algunos recortes podrían ver en una secuencia electoral que vaya de lo municipal a lo regional y de lo regional al gobierno nacional una oportunidad de legitimarse en comicios de menor riesgo antes de enfrentar los riesgos de un proceso en el que se decide la cabeza del poder.

Pero un proceso así implica muchos más riesgos que beneficios. Las elecciones diseñadas desde el autoritarismo tienden a degenerar en lo que Ellen Lust llamó clientelismo competitivo y que Manuel Hidalgo y yo documentamos en las elecciones venezolanas de 2020 y 2021: los candidatos ya no compiten por gobernar, sino por el acceso a los recursos que administra el poder central. Cada gobernación ganada se convierte en un incentivo para cooperar con quien controla la caja. Cada ciclo consume meses: la presidencial podría quedar para 2029, con otro inquilino en la Casa Blanca.

Venezuela ya vivió esta película. En 2017, tras meses de protesta, la oposición fue a regionales: ganó cinco gobernaciones, cuatro de sus gobernadores se juramentaron ante la Constituyente y Juan Pablo Guanipa, que se negó, perdió el cargo. En 2021 lo intentó de nuevo con un CNE renovado que incluía rectores cercanos a la oposición y obtuvo algunas gobernaciones y alcaldías. Ninguna de esas cuotas de poder nos acercó a una alternancia democrática, como confirmó lo vivido entre 2023 y 2024.

Juan Linz y Alfred Stepan mostraron que el orden de las elecciones decide transiciones. España celebró primero elecciones generales, en 1977 y las municipales dos años después: el nuevo poder democrático nació con legitimidad nacional. En la Unión Soviética y Yugoslavia, donde se votó primero en las repúblicas, el poder se fragmentó en élites regionales y el centro democrático nunca llegó a constituirse. La presidencial debe ir primero, porque es la única que decide quién tiene el poder.

Una fecha sin condiciones es una ratificación

Andreas Schedler llamó «menú de la manipulación» al repertorio con que los autoritarismos celebran elecciones sin arriesgar el poder. Nicaragua votó en 2021 con sus principales candidatos presos y Venezuela lo sabe mejor que nadie. En 2024 hubo fecha. No se permitió inscribir a la ganadora de la primaria, pero la oposición encontró un candidato, Edmundo González, y ganó. Las actas lo demostraron; el resultado nunca se reconoció.

En el extremo opuesto, Chile votó en 1988 un plebiscito con reglas de la dictadura y la oposición ganó porque tenía partidos legales, registro creíble, acceso a la televisión y un árbitro que no pudo alterar el resultado.

Venezuela necesita exigir esas condiciones: un CNE imparcial, el fin de las inhabilitaciones, partidos legalizados, retorno seguro de los exiliados, observación creíble y el compromiso exigible de reconocer el resultado. Una elección con Machado inhabilitada y el árbitro intacto no sería el final de la transición. Sería su sustitución.

Lo más probable y lo posible

Lo más probable a corto plazo es una normalización que avanza más rápido que la transición. La transición es posible, pero depende de algo que no está en la mesa: la voluntad de Washington de seguir condicionando después de sus elecciones del 3 de noviembre. Hasta ahora, los avances exigibles han llegado después de su presión, no antes.

Los inversionistas deberían tomar nota: Machado advirtió esta semana que Alejandro Betancourt, socio de Washington en uno de los principales acuerdos petroleros, no sería un socio viable en un gobierno suyo. Un contrato firmado con un gobierno sin mandato vale lo que dure ese gobierno o, en este caso, lo que dure la coerción de Wahington sobre el actual gobierno presidido por Delcy Rodríguez.

Las señales que importan: si la ronda cierra con una fecha y un cronograma del CNE, si la presidencial va primero, si se levantan las inhabilitaciones, si el 22 de octubre el Estado responde con contención o con detenciones y si Washington mantiene el pulso después del 3 de noviembre.

El 24 de julio puede ser el Grand Central de la transición venezolana. Pero llegar al punto de encuentro no basta. La pregunta ya no es si habrá elecciones, sino si serán elecciones que el poder pueda perder y esté obligado a reconocer.