Con su decisión de abandonar el país, Don Juan Carlos cierra una etapa de cuatro décadas iniciada con la muerte de Francisco Franco y la restauración de la Monarquía. En tiempos de grandes turbulencias y profunda incertidumbre, Juan Carlos I supo articular fórmulas de entendimiento y pilotar la nave del Estado para la instauración de una democracia moderna en España. La Transición fue posible en gran medida gracias a él, y ese reconocimiento no lo podrán borrar las penosas polémicas que signaron los últimos años de su reinado ni el revisionismo histórico de quienes apostaron por la ruptura y, en su vesania guerracivilista, hasta encomiaron las criminales acciones de la organización terrorista nacionalista e izquierdista ETA. Son estos los que van dando lecciones de democracia, tanto en las aulas de una Universidad tremendamente degradada como desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo.
Las últimas investigaciones sobre los negocios de Don Juan Carlos en el extranjero y sus relaciones con las monarquías del Golfo pusieron en el candelero a una institución que debe ser exquisitamente modélica. Ahora bien, resulta bochornoso e indignante que la izquierda haga leña del árbol caído y ataque a la Monarquía nada menos que desde el Gobierno de Pedro Sánchez, líder del partido más corrupto de la España democrática, y el sobrecogedor Pablo Iglesias, cuyos turbios tratos con dos de los regímenes más corruptos del planeta (los que padecen en Irán y Venezuela) están aún por esclarecerse.
Es de todo punto necesario separar las actuaciones más controvertidas y criticables de Juan Carlos I del papel fundamental de la Corona, que desde hace seis años ostenta un Felipe VI de trayectoria y conducta impecables, y que en el ominoso octubre de 2017 descolló como gran baluarte de la unidad de España y el orden constitucional, lo que le ha convertido en bestia negra del separatismo golpista y de sus aliados podemarras, a los que el traidor Pedro Sánchez empotró en el Poder Ejecutivo, desde donde siguen adelante con su vasta empresa de demoliciones.
No es de extrañar que los moralmente corrompidos Sánchez e Iglesias estén tratando de extraer de los escándalos que salpican a Don Juan Carlos consecuencias que nada tienen que ver con una exigencia de regeneración y transparencia y todo con garantizarse la permanencia en el poder, especialmente cuestionada desde su pavorosa gestión de la pandemia del coronavirus, que ha costado la vida a decenas de miles de españoles. Pero no deben salirse con la suya: agentes políticos, económicos y sociales, y por supuesto y en primer lugar la sociedad civil, deben hacer todo lo que esté en su mano por que así sea. Está en juego la propia supervivencia de la Nación y su Estado de Derecho.
