La militarización, una respuesta adecuada en medio de la crisis, no será la solución

Patio de una cárcel, Ecuador. FUERZAS ARMADAS DE ECUADOR

Ecuador vive días de vértigo. Pese a noticias como la asesoría de EEUU y otros países para hacer frente a la crisis de inseguridad y violencia, esta situación está lejos de resolverse, como dejó en evidencia la ola coordinada de motines en varias cárceles del país que concluyeron con la liberación de rehenes de las prisiones tras la actuación de las autoridades.

El Gobierno del empresario Daniel Noboa, quien tiene escasas siete semanas en el poder, ha debido a hacer frente a una crisis de envergadura con grupos criminales organizados, a partir de la distribución de droga, y que han estado enfrentados en los últimos meses dejando como saldo que Ecuador pasó a tener la tasa de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, más alta de América Latina y el Caribe.

Según los reportes de entidades como Insight Crime, Ecuador se ha convertido en el lugar de tránsito de altas cantidades de cocaína producida en Colombia, gracias a su ubicación portuaria privilegiada de cara al Pacífico, y teniendo como trasfondo graves casos de corrupción en cuerpos policiales y en el aparato de justicia.

Noboa, quien venía preparando una consulta ciudadana para respaldar su decisión de militarizar la lucha contra la inseguridad y la delincuencia organizada, se vio desbordado la semana pasada con una ola de violencia que incluyó unas imágenes que dieron la vuelta al mundo: unos pandilleros tomaron la sede de un canal de televisión para transmitirle un mensaje al país. La decisión de militarizar y declararle la guerra a los delincuentes se adelantó sin esperar el anunciado referendo.

«Ecuador llegó a un punto en que las fuerzas de seguridad se han visto sobrepasadas, por ejemplo, en las capacidades de los cuerpos policiales para lidiar con una grave crisis de inseguridad. Eso les ha hecho recurrir al estamento militar para que les provea el poder de fuego y un recurso humano adicional, para poder hacer frente a esta situación», sintetiza el experto Andrei Serbin, en una visión compartida por otros analistas de la región.

Desde Buenos Aires, donde preside la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Serbin adelanta su posición al ser consultado por DIARIO DE CUBA: «Se trata de una situación complicada que no se va a resolver solamente con estas labores de militarización.

Noboa decretó el 8 de enero un estado de excepción tras un repunte de la violencia, una decisión que permite a las autoridades suspender derechos ciudadanos y movilizar militares para seguridad. Con la intervención de las Fuerzas Armadas, precisamente, el Gobierno logró poner fin a una ola coordinada de motines en siete cárceles y liberar a 150 rehenes, tal como reseñó DIARIO DE CUBA.

Junto a la militarización, Noboa ha confirmado que su Gobierno construirá antes de un año varias cárceles de alta seguridad y de amplias dimensiones, siguiendo el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, quien logró doblegar a las maras, las bandas criminales salvadoreñas, pero a un costo alto en materia de derechos humanos, según entidades especializadas como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.

El presidente Noboa apenas gobernará por año y medio, dado que fue electo para completar el mandato de Guillermo Lasso, aunque puede buscar la relección. Lasso forzó unas elecciones generales adelantadas para evitar su enjuiciamiento y destitución, como se proyectaba en la Asamblea Nacional. Siendo literalmente un desconocido para el público, Noboa logró hacerse con la Presidencia en octubre pasado en el balotaje al derrotar a Luisa González, una figura afín al expresidente Rafael Correa.

Al analizar el caso ecuatoriano, la socióloga chilena Lucía Dammert sostiene que un error de los anteriores gobiernos fue descuidar al mundo carcelario del país andino: los últimos tres gobiernos se hicieron la vista gorda mientras se construían «verdaderas ciudades del crimen».

«Abandonar el sistema penitenciario fue un error garrafal. Las cárceles deben ser lugares de control, castigo y rehabilitación y no un contenedor gigante de gente sin control», explica Dammert, quien ha puesto en tela de juicio el concepto de «guerra» declarado por Noboa a los narcos y bandas criminales.

Para la socióloga, pensar que «los malos» son solo los traficantes es algo limitado, ya que «no está claro cuantos funcionarios públicos y actores privados han tenido relación con las organizaciones criminales que manejan el negocio de la droga».

En esa dirección, Serbin asegura que la militarización ha sido una respuesta oportuna ante una situación desbordada, pero tal estrategia no puede constituir una política permanente. «Lo que en verdad podrá resolver esta crisis es luchar contra la corrupción, fortalecer el sistema judicial, mejorar significativamente las capacidades de inteligencia contra el crimen organizado, estos son los elementos realmente efectivos para poder enfrentar a grupos criminales organizados y sofisticados», añade.

Aunque en lo inmediato parece una solución, según Serbin, «está ampliamente estudiado que una militarización prolongada en situaciones como las que vive Ecuador no va a traer por sí solo la respuesta de estabilidad social y tranquilidad que está esperando la población».

«Nuestra región ya ha experimentado el impacto negativo que la militarización de la seguridad pública tiene en los derechos humanos, desde México y Brasil, hasta Colombia y Venezuela, entre otros países. Tal como lo demuestra la evidencia de estos países, los retos de seguridad que enfrenta Ecuador no se resolverán con el despliegue de militares y por el contrario podría agravar la situación de los derechos humanos», comentó a DIARIO DE CUBA la directora de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas.

Finalmente, Serbin apunta otro elemento, que tiene que ver con el impacto de medidas de este tipo en materia de opinión pública. Aunque la militarización puede tener una receptividad inicial positiva, ya que «el público lo percibe como un ejemplo de acción directa por parte del Gobierno», el experto en temas de seguridad enfatiza la necesidad de que su aplicación sea temporaria, excepcional, y no cotidiana o permanente.