La nueva etapa de la violencia armada en Colombia
La serie de masacres ocurridas en distintas regiones de Colombia en los últimos días, evidencia que estamos en presencia de una nueva etapa de la violencia armada en Colombia, este cambio se caracteriza entre otras cosas por la proliferación de grupos armados ilegales con diferentes capacidades operativas (microlocales, locales, regionales y nacionales), es decir, estamos frente a una constelación de actores armados, lo que contrasta con las grandes organizaciones que hasta hace poco monopolizaban la confrontación armada en el país (FARC-EP, ELN, AUC).
La fragmentación de la violencia también ha producido la desideologización de sus actores y la degradación de sus prácticas, ya que ahora son guiadas por la maximización de ganancias y no por normativas éticas o humanitarias, lo que sí debe entenderse, es que la ausencia de plataformas o programas políticos y un discurso público no implica una despolitización, ya que en la práctica, al controlar territorios deben construir o negociar la construcción de órdenes sociales informales basados no en normas escritas legales, sino en hábitos y comportamientos regulados por la violencia armada, en otras palabras, en estos territorios, la violencia se convierte en el medio utilizado para la resolución de las tensiones y los conflictos sociales y quienes la administran o ejercen pasan a ser el elemento central de la vida en común.
El control territorial no solo permite acceso a rentas, sino que también facilita la construcción de retaguardias, nuevas incorporaciones, creación o fortalecimiento de bases sociales y eventualmente legitimidad social. En este sentido, una parte de la violencia reciente se ha dirigido contra quienes al parecer han violado los órdenes sociales que habían sido reforzados durante la cuarentena, o por la disputa de territorios con competidores armados que despliegan violencias de alta intensidad (masacres) en contra de quienes consideran aliados de su competidor, esta sería una hipótesis explicativa del por qué la violencia se ha concentrado en la población civil y esta también sería una característica de esta nueva fase de la violencia en la que las acciones armadas no se traducen en el uso de modalidades operativas de combate entre contrarios armados sino en la amenaza, asesinatos selectivos y el desplazamiento de comunidades. Éstas prácticas criminales pueden estar estimuladas por la percepción o creencia de que la acción institucional (prevención o sanción) es débil o inexistente.
También se hace importante abordar y analizar las nuevas formas del crimen organizado desde marcos conceptuales y de interpretación diferentes a los usados con el paramilitarismo reciente (AUC), es necesario que desde la academia, los medios y la sociedad civil, formulemos nuevos enfoques teóricos y de interpretación que den cuenta de la complejidad de las nuevas dinámicas de la violencia armada que hoy se desarrolla en las periferias colombianas.
En este contexto, es importante entender que en la Colombia actual se desarrollan varios conflictos armados y que esos conflictos están amarrados al control de subregiones y sus recursos y no a la toma del poder nacional o la defensa de metarrelatos político-ideológicos. Por lo cual, ante las respuestas reactivas y puramente militares del gobierno nacional activadas por las crisis humanitarias causadas por estas nuevas violencias, se propone promover y acompañar reuniones entre la fuerza pública, las administraciones departamentales y municipales, las organizaciones sociales y los gremios económicos, con el objetivo de construir procesos de gobernanza en torno a la seguridad de los territorios, especialmente los rurales. También buscar la firma de acuerdos o pactos humanitarios con los actores armados ilegales, para que excluyan a la población civil de sus dinámicas armadas y por último, establecer una coordinación permanente entre el Estado nacional, regional y local, con la cooperación internacional, que tenga como objetivo la formulación y elaboración de planes de acción integral con propósitos a mediano y largo plazo que posibiliten la creación de circuitos económicos legales, el fortalecimiento institucional y la articulación y cualificación de la sociedad civil rural, especialmente en los territorios en los que se ha concentrado la violencia armada.