La otra “inmigración”: los chilenos en Venezuela que están en lista de espera para retornar al país

Son una ola silente, pero significativa. Cada año, a través del Programa de Fortalecimiento de la Política Consular Inmigratoria, chilenos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el exterior solicitan la ayuda del Estado para retornar al país. El plan ayuda, en promedio, a unos 75 ciudadanos anualmente y, si bien es un método que se aplica para todas partes del mundo, desde 2016 la mayoría de las solicitudes vienen de Venezuela. Es el caso de Erika Lazo y su papá Leopoldo. Este chileno de 73 años de edad, que emigró en 1975, sería uno de los 200 que han postulado y ahora se encuentran en lista de espera por el servicio que ofrece la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración, adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Lazo y otros tantos chilenos vieron en la bonanza petrolera de Venezuela una oportunidad de progreso. Los que se fueron en la década de 1960 y 1970 aprovecharon la necesidad de mano de obra calificada, tanto en ingeniería civil, como en la industria siderúrgica, en particular del acero.

Otro grupo debió a partir al exilio tras el 11 de septiembre y fueron acogidos en esa nación. Y ahora, tras 40 años muchos de ellos  buscan salir del país en crisis por las políticas del régimen de Maduro.

Quienes viajaron en los 80 se unieron a la construcción del Metro de Caracas. Ese país llegó a albergar entre 30.000 y 40.000 chilenos. Venezuela, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), todavía se cuenta como uno de los 10 países con más chilenos residentes. El quinto en América.

El Segundo Registro de Chilenos en el Exterior, presentado en enero de 2018, reveló que hay 1.037.346 connacionales viviendo fuera de Chile. De ese total, de acuerdo con la Dirección de Asuntos Consulares allí permanecerían alrededor de 14.000. No obstante, se trata de una cifra que va en descenso.

Desde el año 2014 la oficina del Minrel ha identificado un aumento en el número de chilenos residentes en Venezuela que quieren ser repatriados, tanto que el programa se ha “venezolanizado”, pese a estar disponible en todo el mundo. En ese año ocurrió la primera ola de protestas fuertes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En las manifestaciones, desarrolladas entre febrero y mayo, hubo un saldo de 43 fallecidos y desencadenaron el arresto del dirigente opositor Leopoldo López.

Es deber de la Cancillería preocuparse por los chilenos que se encuentran en el exterior. La alternativa de la repatriación siempre ha existido”.

Raúl Sanhueza, director general de Asuntos Consulares y de Inmigración, explica que se trata de un programa destinado a atender casos individuales: “Es deber de la Cancillería preocuparse por los chilenos que se encuentran en el exterior. La alternativa de la repatriación siempre ha existido. A partir de los 90 se empiezan a producir crisis en Latinoamérica y empezamos a ver que la Medida General de Auxilio Chileno se nos quedaba corta, primero con los problemas que hubo en Argentina y luego en Venezuela. Entonces, se mantuvo el Auxilio Chileno y en paralelo se creó este programa”.

Sanhueza subraya que para que ocurra la repatriación debe haber tres “sí”: el sí de la persona que se quiere devolver, el sí del consulado que luego de un estudio socioeconómico, de la situación migratoria y de salud concluye que la persona no puede permanecer en ese país, y el sí de la familia de acogida en Chile.

“El sí de la familia de acogida es fundamental en esto. No tiene sentido hacer una inversión, hacer un esfuerzo, para luego replicar o aumentar la pobreza y la vulnerabilidad que tienen en el exterior si no tienen a alguien que los reciba”, agrega Manuel García-Rey, subdirector de Servicios Consulares.

La familia Lazo se encuentra en proceso de entregar los recaudos para la evaluación socioeconómica en Chile. Erika explica que este año su padre se acercó al consulado de Chile en Caracas en busca de la ayuda. En la oficina le indicaron que debía llenar algunos formularios, aclarar cuál era su situación migratoria y el estatus de su documentación. Al mismo tiempo su hija -que vivió en Venezuela entre 1975 y 1988, año en el que regresa a Chile– debía ir al Minrel y llevar la documentación que certifica el parentesco. Del ministerio debía ir a la municipalidad en la que reside, hablar con la asistente social y allí entregar los papeles que acreditan que su alcance económico no es suficiente para costear el boleto de su padre, quien no regresa solo: también vendría su esposa y sus hijas de 12 y 18 años de edad.

Mi papá quiere regresar por todo: por su enfermedad, por la escasez de medicinas y alimentos, por la inseguridad. Yo creo que nunca ninguno de nosotros imaginó que la situación de Venezuela se iba a poner tan mal”.

“El artículo 2 de la Constitución protege a la familia. No podemos imponer a una familia la ruptura de sus lazos internos”, resume Sanhueza.

Vivir en Venezuela implica estar en situación de vulnerabilidad. Leopoldo Lazo tiene diabetes e hipertensión. La Federación Farmacéutica de ese país (Fefarven) denunció en septiembre de este año que la escasez de medicamentos supera el 83%. Si se pone la lupa, por ejemplo, en las medicinas para la tratar la hipertensión el déficit alcanza el 90%. En cuanto a la alimentación, el panorama es igual de desolador. La ONG Caritas alertó esta semana que, después de cinco años de crisis, la alimentación es “escasa, deficiente y costosa”. Diagnosticaron que en 72 % de los hogares se ha deteriorado la nutrición y 63 % ha tenido que pasar por alguna privación alimentaria.

De acuerdo con las cifras del Departamento de Extranjería y Migración, entre 2010 y 2017 se otorgaron 111.339 permisos de residencia temporal a ciudadanos venezolanos. Por otro lado, entre 2016 y 2017 hubo 108.206 venezolanos que ingresaron como turistas que solicitaron visas por primera vez. En lo que va de 2018 más de 100.000 venezolanos han ingresado al país, según declaró Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración, en una entrevista para T13 Radio. En este mismo período aumentó la población de chilenos que aspiran a un programa de repatriación, haciendo que la lista de espera aumentase hasta las 200 solicitudes, solo en Venezuela.

El programa de repatriación evalúa caso a caso. En promedio, cada persona que se trae cuesta al Estado entre 1.200 y 1.500 dólares. La semana pasada retornaron 8 personas, y cada semana con seguridad regresan 2 o 3. “Eso le da credibilidad al plan, porque el que postula ve que después de aplicar y pasado cierto tiempo, la gente se viene”, dice Sanhueza. Como cada persona tiene una situación particular no existe un tiempo preestablecido para materializar la repatriación. Las personas regresan en aviones comerciales y se le da prioridad a quienes tienen una situación adicional de vulnerabilidad, por ejemplo: ser mayor, tener alguna enfermedad o discapacidad. Desde el año 2015, fecha en la que se creó el programa, han regresado entre 330 y 340 personas.

“Mi papá quiere regresar por todo: por su enfermedad, por la escasez de medicinas y alimentos, por la inseguridad. Yo creo que nunca ninguno de nosotros imaginó que la situación de Venezuela se iba a poner tan mal”, asevera Lazo.

“El chileno que vuelve llega en una situación de mayor desprotección que un extranjero”

Chile se caracterizaba por ser un país de emigrantes, no de inmigrantes. Hasta el año 1982 eran más los nacionales que se marchaban, que los extranjeros que ingresaban; y en esa dinámica llegaron a ser familias enteras las que se iban. Ahora que la situación cambió desde el gobierno se está en proceso de elaborar un anteproyecto de ley que facilite las condiciones para retornar. Para eso está en funcionamiento el Comité Interministerial para los Chilenos en el Exterior para identificar los aspectos que deben estar en la llamada “ley del reencuentro”.

Sanhueza reconoce que el Estado no está preparado para acoger a los repatriados, a quienes se les dificulta el acceso a subsidios, o a cuentas bancarias y quienes al llegar a Chile, habiendo trabajado toda su vida en otros países, tampoco tienen acceso a una pensión.

El chileno que viene acá viene en peor condición que un extranjero, quienes contaron con redes familiares y están las oficinas de apoyo en las municipalidades. Hay distintas maneras en las cuales el Estado chileno se preocupa de los inmigrantes, pero el chileno que vuelve no es inmigrante”.

“Para tratar eso, en el programa de gobierno del presidente Piñera se hablaba de la ley del regreso, que la hemos rebautizado como la ley del reencuentro. Una ley permanente que establezca de qué manera el Estado chileno va a apoyar a sus ciudadanos que vuelven; sean nacidos en Chile, sus hijos y sus nietos. Estamos conversando con todos los ministerios preparando el anteproyecto”, dice Sanhueza. Agrega que las únicas normas que había era para que los chilenos pudiesen importar, libre de impuestos, un auto, enseres e instrumentos de trabajo.

“El sistema chileno, habiendo sido un país de emigrantes, no está preparado para el proceso de los hijos de chilenos, a los que les haya ido bien o mal, que quieran volver. El chileno que viene acá viene en peor condición que un extranjero, quienes contaron con redes familiares y están las oficinas de apoyo en las municipalidades. Hay distintas maneras en las cuales el Estado chileno se preocupa de los inmigrantes, pero el chileno que vuelve no es inmigrante, entonces no tiene acceso a ninguna de esas cosas. El chileno que vuelve llega en una situación de mayor desprotección”, asevera el Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración.