La supervivencia de los líderes políticos: «En nombre de Dios y de mi cargo, no se vaya presidente»

En el Congreso de los Diputados se ha visto casi de todo, hasta un intento de golpe de Estado en plena democracia, pero hay cosas que siguen resultando impensables. Por ejemplo, que un diputado socialista –podría ser de los sentados al fondo– pida la palabra en el Pleno y con voz solemne implore a Pedro Sánchez que dimita y se vaya a su casa por incumplir su promesa y haber pactado con Bildu y los independentistas. No lo haría en nombre de Dios, como sí hizo el veterano ‘torie’ David Davis en la Cámara de los Comunes para pedir a Johnson que se fuera, pero aún menos por su propia supervivencia, ya que su escaño y su futuro político muy probablemente estén unidos de forma irremediable a su jefe de filas.

El mismo ejemplo puede ponerse en la oposición, donde es más fácil que haya versos sueltos, diputados que se desmarcan de la línea ‘oficial’ de su partido y que son conscientes de que, en la siguiente oportunidad, si a su número uno le ha ido bien, tendrán que buscar trabajo en otro lugar que no sea el Congreso. Si se observan los escaños del PP, resulta inconcebible pensar que un grupo de diputados vayan a pedir en público a Pablo Casado que renuncie y deje paso a otro. Saben que su asiento se debe a la voluntad de su jefe, ahora y en el futuro, y responden más ante él que ante unos electores que, al final, votan una lista cerrada y bloqueada, en la que nada pueden decir ni valorar sobre los candidatos ahí incluidos y a los que quizás ni siquiera conozcan en su gran mayoría.

El ‘partygate’, el escándalo de las fiestas en pleno confinamiento por la pandemia que acorrala a Boris Johnson, ha puesto de relieve una vez más el poder de los diputados británicos, capaces de poner contra las cuerdas al jefe de su propio partido, aunque sea el primer ministro, y forzarle a dimitir o directamente expulsarle del Número 10. A Johnson lo están acorralando la oposición y la opinión pública, pero también los miembros de su propio partido, que ven peligrar su puesto y su futuro si el primer ministro se agarra al poder.

El ‘tránsfuga’

La imagen de un diputado de su mismo color político levantándose en la Cámara de los Comunes y pidiendo a Johnson que se vaya resulta impactante a los ojos españoles. O la de otro parlamentario conservador, Christian Wakeford, cruzando desde la bancada de su partido para tomar asiento en la oposición y unirse al Partido Laborista, en protesta por la gestión de su jefe de filas. Es algo como mínimo llamativo en España, donde se sabe bien lo que es un tránsfuga, pero no suele exhibirse con esa notoriedad y además queda bajo un manto denso de sospechas y se convierte en blanco de las críticas, al contrario que en Reino Unido. Desde la oposición lo felicitaron porque «siempre ha puesto primero a la gente de Bury South», la circunscripción que lo eligió.

Y esos ataques directos a Johnson que llaman a su renuncia voluntaria tampoco dejan de sorprender: «Es horrible para los diputados tener que defender continuamente esto ante los ciudadanos», avisó el diputado conservador Tobias Ellwood, partidario de que Johnson convocase una moción de confianza por su cuenta, sin forzar más las cosas.

El ‘premier’ ha repetido una y otra vez que no cree haber infringido ninguna norma y se resiste a presentar su renuncia. Para estos casos de amarre al poder contra viento y marea, en el Partido Conservador existe un órgano interno, el Comité 1922, también conocido como Comité de los Miembros Privados conservadores, con capacidad para presentar una moción de censura contra su líder cuando al menos el 15 por ciento de los parlamentarios ‘tories’ entrega a su presidente, Graham Brady, una carta de retirada de confianza. Hasta que se llega a ese mínimo de 54 cartas, el recuento se mantiene en secreto. Una vez puesto en marcha el proceso, con ese mínimo exigido, se llevaría a cabo una votación entre los parlamentarios conservadores, que podría derivar en la expulsión de Boris Johnson del poder.

Tanto Theresa May como Margaret Thatcher tuvieron que someterse a ese proceso interno, la primera por sus negociaciones sobre el Brexit y la segunda por la creciente oposición interna a su gestión. Ambas pudieron sobrevivir a la votación, pero al final la fuerza de la oposición interna se impuso y las dos acabaron cayendo. Son dos ejemplos más de la práctica cainita del Partido Conservador.

Relación con el elector

¿Sería posible en España un proceso similar? ¿Cómo se canaliza la oposición interna en los partidos ante su jefe de filas? En Reino Unido, los primeros ministros no son elegidos por los electores. Tampoco en España los votantes eligen al presidente del Gobierno. Pero ahí acaban las semejanzas. Los británicos votan en un sistema uninominal, eligen a un solo representante para el Parlamento, 650 en total, entre los cuatro territorios del Reino, y la relación entre el elector y el diputado elegido es directa, muy estrecha. Entre ambos se establece una línea de responsabilidad: el elegido responde ante su votante, no ante el partido.

En España, los electores votan una lista cerrada y bloqueada de candidatos, elaborada por los partidos, y supervisada siempre por el jefe de filas. En el Congreso se comenta que el objetivo íntimo de todo diputado es repetir en la siguiente legislatura, y ahí pone todo su empeño y dedicación, con la vista puesta en quien tiene que decidir sobre su futuro, que será su partido, y más en concreto, en última instancia, su jefe de filas. Ahí radica la diferencia fundamental entre un sistema y otro, que explica por qué en nuestro país resulta muy difícil que se produzca una revuelta interna como la que vive Johnson.

En las dos últimas semanas se ha visto en España hasta dónde llega ese poder de los partidos sobre los diputados, en el caso de los dos parlamentarios nacionales de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Sergio Sayas y Carlos García Adanero. La dirección de su formación política les ha expulsado dos años y medio por no obedecer la directrices del partido y votar en contra de la reforma laboral de Sánchez. Según la Constitución, el escaño es de los diputados y UPN no se lo puede arrebatar. Pero sí tiene en sus manos una medida tan drástica y definitiva como la de la expulsión o suspensión de militancia.

En la historia reciente de España sí hay algún caso de revueltas internas en los partidos que acabaron con el número uno. Podría incluirse la dimisión de Adolfo Suárez en 1981, en medio de una fuerte división en la UCD y una presión interna que resultó insoportable para el presidente del Gobierno de la Transición. Pero la situación no es comparable con la actual, ya que los partidos en España se han fortalecido internamente en su estructura y en su funcionamiento, con una jerarquía de poder muy definida y liderazgos ejecutivos. Hoy en día, por ejemplo, sería impensable que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso no estuviera ‘bendecido’ por Sánchez.

La dimisión de Sánchez

Precisamente, el caso de Sánchez en 2016 es lo más parecido que puede encontrarse en nuestro país a la revuelta interna contra Johnson. Con una diferencia clara: el PSOE estaba en la oposición. Desde el poder, la rebelión resulta inverosímil. La insurrección de barones socialistas contra Sánchez, instalado en el ‘no es no’ y dispuesto a pactar con quien hiciera falta para llegar al poder, derivó en un Comité federal del PSOE en el que el secretario general se vio forzado a dimitir tras perder una votación clave sobre la celebración de un congreso.

Sánchez volvería después a la primera línea en mayo de 2017, tras arrollar en primarias a Susana Díaz. El sistema de primarias, extendido ya a casi todos los partidos, da un halo de legitimidad extra a los elegidos, aunque ganen por un voto. El hecho de ser elegidos por los militantes les concede autoridad suficiente para hacerse con todo el poder y prescindir de los ‘críticos’ en los órganos internos del partido. Es lo que ocurrió con Casado cuando ganó las primarias a Soraya Sáenz de Santamaría, a la que negó una representación ‘proporcional’ a su resultado en los órganos internos.

En un sistema ‘partitocrático’ como el español, ganar unas primarias da poder para fulminar las corrientes críticas, controlar la estructura del partido y tener autoridad sobrada para poner y quitar nombres en las listas electorales y en cualquiera de los órganos internos, con una organización piramidal presidida por el líder, que podría ‘integrar’ a sus oponentes en sus equipos si tiene voluntad para ello.

Aun así, los estatutos de los partidos dejan hueco para un eventual cuestionamiento del líder, e incluso en algunos casos, como el de los dos grandes, prevén la posibilidad de algo parecido a una moción de censura. En el PP, por ejemplo, se podría forzar una votación en la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, para cuestionar alguna de las políticas del presidente del partido, o incluso su propio liderazgo. También en un congreso nacional se puede impulsar una candidatura alternativa o una censura expresa. Ambas opciones son técnicamente posibles, pero están lejos de la realidad, pues la inmensa mayoría de los que tendrían que votar deben su puesto al que querrían echar.

Como en el PSOE, ese tipo de revueltas son más factibles si se está en la oposición, donde las voces críticas internas cunden más, sobre todo cuando las expectativas electorales no son muy halagüeñas y surgen otras opciones alternativas.