La toma de posesión de Maduro prepara el escenario para aislar aún más al régimen de Venezuela

Benjamin N. Gedan, asesor principal del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars, fue asimismo director para Sudamérica en la Casa Blanca bajo la presidencia de Barack Obama. Fernando Cutz, un asociado senior del Grupo Cohen, ocupó el mismo cargo bajo la presidencia de Trump.

Debería haber un reloj marcando la cuenta atrás en el palacio presidencial de Venezuela. El 10 de enero el presidente Nicolás Maduro será investido para un segundo mandato tras las elecciones amañadas del pasado mes de mayo. La oposición -su coalición en desorden, sus líderes en prisión o exilio- boicoteó en gran medida el voto. Los Estados Unidos, Canadá y los países más grandes de América Latina, incluyendo Brasil y Argentina, se comprometieron a no reconocer los resultados.

El fin del mandato de Maduro debería señalar el comienzo de su total aislamiento diplomático.

En cambio, se espera que los gobiernos latinoamericanos tomen pocas medidas, más allá de las vistosas promesas de no asistir a las festividades de Caracas. A pesar de que el colapso de Venezuela produce millones de migrantes, sus vecinos están mostrando poco apetito para organizar una respuesta significativa al régimen criminal de ese país.

Hay varias razones para la inacción regional. Aunque la inauguración ofrece la oportunidad de aumentar la presión sobre Maduro, es sólo la última de una serie de provocaciones. Después de todo, Maduro -quien reemplazó a Hugo Chávez después de su muerte en 2013, y ganó una elección especial ese mismo año- ha gobernado durante mucho tiempo de manera autocrática. En octubre de 2016 anuló un referéndum revocatorio que lo habría destituido de su cargo. En julio siguiente, estableció una asamblea constituyente para usurpar las responsabilidades del congreso del país, bajo control de la oposición.

Los gobiernos latinoamericanos tienen una larga historia de no intervención en los asuntos de sus vecinos. El resentimiento por las intromisiones de Europa y Estados Unidos es fundamental para la identidad regional, y los líderes dudan en juzgar a sus pares. Por ejemplo, a pesar de una notable ola de democratización en la década de 1980, existe una aceptación generalizada de la dictadura cubana.

También hay problemas de posible amplitud de la respuesta, ya que la represión de Nicaragua contra la disidencia pone asimismo a prueba la capacidad de movilización de la región.

Además, la elección del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México el pasado mes de julio amenaza con disminuir la respuesta de la región a la crisis de Venezuela.

Bajo el ex presidente Enrique Peña Nieto, México abandonó su tradicional política exterior de no intervención y lideró la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima, un grupo informal de países comprometidos con la defensa agresiva de la democracia venezolana que se está desmoronando. El pasado viernes, el grupo endureció su postura contra la reelección de Maduro y amenazó con sanciones financieras. Pero, históricamente, estos países se han conformado solamente con declaraciones. Además, México parece estar acercándose a Caracas: López Obrador invitó a Maduro a su toma de posesión y se opuso a la línea dura del Grupo Lima, disminuyendo en gran medida la influencia de dicha asociación.

Las bajas expectativas de Washington también han contribuido a la crisis política, económica y humanitaria más grave de la historia moderna de América Latina. Ambos autores trabajamos en la política sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional en los últimos años, uno de nosotros con el presidente Barack Obama y el otro con el presidente Trump. Durante los últimos tres años, mientras los gobiernos latinoamericanos se desentendieron de su cómoda neutralidad, la Casa Blanca celebró la creciente oposición a Maduro, pero no ha exigido más a los vecinos de Venezuela.

En la Organización de Estados Americanos, los aliados de Venezuela – compañeros de viaje socialistas como Bolivia y los vasallos del Caribe que se beneficiaron de los envíos de petróleo subsidiados de Venezuela – frustraron la acción colectiva. Sin embargo, los países más grandes de América Latina formaron coaliciones ad hoc para producir declaraciones condenatorias sobre la dictadura represiva e inmisericorde de Maduro. En diciembre de 2016, los miembros de la unión aduanera del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- suspendieron la participación de Venezuela.

Pero la respuesta de América Latina se ha estancado, a pesar de que las condiciones empeoran constantemente.

Durante demasiado tiempo, los aliados de Estados Unidos en la región han recibido elogios excesivos por muy poca acción.

Es hora de exigir más de América Latina. Específicamente, los gobiernos latinoamericanos deberían adoptar sanciones unilaterales para castigar a los cleptócratas cuyo robo, incompetencia y brutalidad han empobrecido a un país abundante en petróleo que alguna vez fue uno de los más ricos de América Latina.

Estados Unidos ha estado imponiendo sanciones a Venezuela durante años, dirigidas a los traficantes de drogas y a los violadores de los derechos humanos en el gobierno de Maduro. Entre otras cosas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha puesto en la lista negra al presidente, vicepresidente y primera dama de Venezuela. En noviembre de 2017, la Unión Europea también aprobó sanciones contra Caracas.

No obstante, en América Latina sólo Panamá ha aceptado sancionar a Venezuela. El resto de la región insiste en que sus manos están atadas por restricciones constitucionales y autoridades legales inadecuadas. Sus líderes han rechazado ofertas de los abogados del gobierno de Estados Unidos para ayudar a redactar la legislación sobre sanciones. En cambio, se esconden detrás de su preferencia por la acción multilateral, poco probable en la paralizada Organización de Estados Americanos e imposible en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde los aliados del régimen venezolano, China y Rusia, no apoyarían una resolución contra el mismo.

Los países latinoamericanos deben encontrar la manera de superar los obstáculos a las sanciones, ya sea proponiendo nuevas leyes o identificando herramientas alternativas, como los procesos penales por lavado de dinero o narcotráfico que se han dado en sus jurisdicciones, seguidos de notificaciones de Interpol que impidan de manera efectiva que los funcionarios venezolanos criminales vuelvan a salir de su país.

A diferencia de otras regiones, América Latina – marcada por una historia de brutales dictaduras militares – ha declarado que la democracia es la única forma aceptable de gobierno. Es un requisito para ser miembro de los organismos regionales, incluso de las asociaciones comerciales.

Para cumplir con ese compromiso, los líderes latinoamericanos no deben seguir tratando a Maduro como su contraparte. A Maduro y a su círculo íntimo se les debería negar el acceso a los sistemas financieros latinoamericanos. Los miembros de su régimen, y sus familiares, no deberían poder viajar por toda América Latina, ya sea con pasaportes oficiales o como turistas. Sus embajadores deben ser declarados personae non gratae y regresar a casa.

Estas acciones están atrasadas. El 10 de enero es el momento adecuado para recuperar el tiempo perdido.

Traducción: Marcos Villasmil

NOTA ORIGINAL:

The Washington Post

Maduro’s inauguration sets the stage to further isolate Venezuela’s regime

Benjamin N. Gedan, a senior adviser to the Latin American Program at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, was director for South America in the White House under President Barack Obama. Fernando Cutz, a senior associate at the Cohen Group, held the same role under President Trump.

There should be a doomsday clock ticking away in Venezuela’s presidential palace. On Jan. 10, President Nicolás Maduro will be inaugurated for a second term following rigged elections last May. The opposition — its coalition in disarray, its leaders in prison or exile — largely boycotted the vote. The United States, Canada and Latin America’s largest countries, includingBrazil and Argentina, vowed not to recognize the results.

The end of Maduro’s term should signal the beginning of his total diplomatic isolation.

Instead, Latin American governments are expected to take little action, beyond showy pledges to skip the festivities in Caracas. Even as Venezuela’s collapse produces millions of migrants, its neighbors are showing little appetite to marshal a meaningful response to the country’s criminal regime.

There are several reasons for regional inaction. Though the inauguration provides an opportunity to amplify pressure on Maduro, it is only the latest in a series of provocations. After all, Maduro — who replaced Hugo Chávez after his death in 2013, and won a special election later that year — has long ruled autocratically. In October 2016, he quashed a recall referendum that would have ousted him from office. The following July, he established a constituent assembly to usurp the responsibilities of the country’s opposition-led congress.

Latin American governments have a strong history of nonintervention in the affairs of their neighbors. Resentment of European and U.S. meddling is core to the regional identity, and leaders are hesitant to stand in judgment of their peers. For example, despite a remarkable democratization wave in the 1980s, there is widespread acceptance of the Cuban dictatorship.

There is also a bandwidth problem, as Nicaragua’s crackdown on dissent taxes the region’s capacity to mobilize.

Furthermore, Mexico’s election last July of the leftist Andrés Manuel López Obrador threatens to defang the region’s response to the Venezuela crisis.

Under former president Enrique Peña Nieto, Mexico abandoned its traditional hands-off foreign policy and provided leadership at the Organization of American States and in the Lima Group — an informal collection of countries committed to the aggressive defense of Venezuela’s crumbling democracy. On Friday, the group hardened its stance against Maduro’s reelection and threatened financial sanctions. But historically, these countries have settled for statements alone. Moreover, Mexico seems to be moving closer to Caracas: López Obrador invited Maduro to his inauguration and objected to the Lima Group’s harder line, greatly diminishing its influence.

But low expectations from Washington have also contributed to the most severe political, economic and humanitarian crisis in Latin America’s modern history. We both worked on Venezuela policy on the National Security Council in recent years — one of us for President Barack Obama, the other for President Trump. For the past three years, as Latin American governments shrugged off their comfortable neutrality, the White House celebrated the widening opposition to Maduro but has not asked more of Venezuela’s neighbors.

At the Organization of American States, Venezuela’s allies — socialist fellow travelers such as Bolivia, and Caribbean vassals that benefited from Venezuela’s subsidized oil shipments — thwarted collective action. Nevertheless, Latin America’s largest countries assembled ad hoc coalitions to produce condemnatory statements about Maduro’s repressive and immiserating dictatorship. In December 2016, members of the Mercosur customs union — Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay — suspended Venezuela’s participation.

But Latin America’s response has now stalled, despite steadily worsening conditions.

For too long, U.S. allies in the region have received too much praise for too little action.

It is time to demand more from Latin America. Specifically, Latin American governments should adopt unilateral sanctions to punish the kleptocrats whose thievery, incompetence and brutality have impoverished an oil-rich country that was once one of the wealthiest in Latin America.

The United States has been imposing sanctions on Venezuela for years, targeting drug traffickers and human rights violators in Maduro’s government. Among others, the U.S. Treasury has blacklisted Venezuela’s president, vice president and first lady. In November 2017, the European Union also approved sanctions against Caracas.

But in Latin America, only Panama has agreed to sanction Venezuela. The rest of the region insists its hands are tied by constitutional restrictions and inadequate legal authorities. Leaders have rebuffed offers by U.S. government lawyers to help write sanctions legislation. Instead, they hide behind their preference for multilateral action — unlikely at the paralyzed Organization of American States and impossible at the United Nations Security Council, where Venezuelan allies China and Russiawould not abide a sanctions resolution.

Latin American countries should find ways to overcome obstacles to sanctions, whether by proposing new laws or identifying alternative tools, such as criminal prosecutions for money laundering or drug trafficking that occurred in their jurisdictions, followed by Interpol red notices that would effectively prevent criminal Venezuelan officials from setting foot outside their country ever again.

Unlike other regions, Latin America — scarred by a history of brutal military dictatorships — has declared democracy the only acceptable form of government. It is a requirement for membership in regional bodies, even trade partnerships.

To make good on that commitment, Latin American leaders should no longer treat Maduro as their counterpart. Instead, Maduro and his inner circle should be denied access to Latin American financial systems. Members of his regime, and their relatives, should be unable to travel throughout Latin America, whether on official passports or as tourists. His ambassadors should be declared personae non gratae and returned home.

These actions are overdue. Jan. 10 is the right time to make up for lost time.