La xenofobia en Ecuador empuja a migrantes venezolanos a salir del país
QUITO — El domingo 20 de enero de 2018, una turba irrumpió a la fuerza en un pequeño conjunto residencial en Ibarra, una ciudad ecuatoriana a dos horas de la frontera con Colombia, para desalojar a inmigrantes venezolanos. “Cuando nos asomamos por el balcón vimos que venía gente corriendo, tal vez mil personas”, dice Rafael Aular, un veterinario de 30 años que vive hace año y medio en la ciudad de poco más de doscientos mil habitantes. Aular dice que él y los otros cinco hombres que estaban en el departamento (junto a dos mujeres y un par de niños) empezaron a trancar las puertas, pero todo sucedió muy rápido. “De una patada tumbaron el portón”, recuerda.
Daniel García, un comerciante de 25 años que vive en el departamento, dice que después del golpe escuchó a la muchedumbre entrar. “Gritaban: ‘Mátenlos, hijueputas, asesinos, les vamos a sacar la madre’”, recuerda. Otro inquilino llamado Jesús Sánchez escuchó que una voz ordenaba desde la vereda: “Sáquenlo, sáquenlo para quemarlo”. En distintos puntos de Ibarra, grupos similares invadieron y saquearon residencias y hostales donde vivían grupos de venezolanos.
Estos ataques fueron el clímax de un fin de semana enrarecido por la violencia y la xenofobia en Ecuador. La noche anterior, un video que mostraba a un hombre asesinando a puñaladas a una mujer embarazada había conmocionado al país. La filmación se propagó en redes sociales con un detalle incendiario: el asesino era venezolano. Según la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, el sujeto actuó por celos. “Es un femicidio, es violencia machista”, dijo vía WhatsApp.
Pero en las redes sociales y en muchos medios no era un problema de violencia de género, sino de pasaporte. Al mediodía siguiente, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, publicó un tuit en el que anunciaba la “conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera”.
Desde Davos, Suiza, donde asistía al Foro Económico Mundial, Moreno aseguró, además, que analizaba la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país para los venezolanos. “Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, dijo.
En agosto de 2018, una corte frenó el intento del gobierno de exigir un pasaporte vigente a los venezolanos para entrar al Ecuador. Según el entonces ministro del Interior, Mauro Toscanini, la medida tenía como fin “garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad en nuestro territorio”. Según organizaciones de derechos humanos, desde entonces se han abierto al menos setenta pasos irregulares entre Colombia y Ecuador, donde “coyoteros” cobran por pasar a los venezolanos.
Tras el femicidio en Ibarra, Moreno resucitó la idea de un permiso diferenciado para los venezolanos. Para muchos, sus palabras fueron un catalizador de la violencia. “Sin duda tuvieron un efecto en la población”, dice Egleth Noda, directora de la organización Chamos Venezolanos en Ecuador, dedicada a asistir a migrantes vulnerables de Venezuela. Alfredo López, de la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador (ACVE) dice: “No fue xenofobia directa, pero lo que dijo se prestaba para lecturas equivocadas. Al hablar de brigadas, el presidente envió un mensaje que se iba malinterpretar”.
La ministra Romo, sin embargo, cree que las palabras de Moreno no incitaron las reacciones. “El asesinato de una mujer embarazada transmitido en vivo, con cerca de veinte millones de reproducciones, me parece la única explicación del lamentable brote de violencia de ese día”, apuntó. Javier Arcentales, especialista en movilidad humana de la Universidad Andina Simón Bolívar, cree que las declaraciones de Moreno fueron un grave error. “Juntó dos problemas —violencia contra las mujeres y xenofobia— al culpar a una nacionalidad específica por un asunto de inseguridad”.
Naciones Unidas estima que en 2019 el éxodo venezolano superará los cinco millones de personas. Hasta finales del año pasado, cerca de tres millones habían salido del país para escapar del hambre, la violencia y la hiperinflación. Según datos oficiales, al Ecuador han entrado cerca de un millón de personas desde 2017. Uno de cada cinco se han quedado en el país.
“Ningún Estado estaba preparado para recibir este nivel de migración”, dice Arcentales. “Colombia y Perú han adoptado medidas que, aunque insuficientes, han permitido ordenar un poco más el flujo migratorio y garantizar los derechos de los migrantes”. Sin embargo, el abogado cree que la falta de una estrategia coordinada entre los países receptores complica la situación de los venezolanos exiliados. El saqueo de Ibarra es una de las expresiones más reciente de una xenofobia que ha explotado ya en Brasil y en Perú.
“Los brotes de violencia son la explosión de una xenofobia contenida”, dice Arcentales y señala que donde hay migración, se repiten los mismos patrones. “En Europa pasa contra africanos y musulmanes: es la misma dinámica de asociarlos con delincuencia, falta de empleo”.
En el Ecuador, la violencia de esos mismos discursos se repite, a pesar de que la mayoría de los venezolanos solo pasan por el Ecuador en tránsito a otros países. “Mucha gente quiere ir a Perú y Chile. Unos pocos, con cuadros de depresión, piden regresar a Venezuela”, dijo Egleth Noda.
Según la directora de Chamos Venezolanos en Ecuador, las principales razones que la mayoría da para no quedarse son económicas. “Hay inestabilidad laboral: les dan empleo solo por tres meses”. Según Alfredo López, de la ACVE, apenas el 20 por ciento de los inmigrantes venezolanos en capacidad de trabajar tienen un empleo formal.
Esta dinámica ha generado un círculo vicioso. “Hay un aprovechamiento de ciertos patronos ecuatorianos”, dice Eduardo Luján, abogado de la ACVE. “Les dicen a los venezolanos: te contrato por el sueldo mínimo, pero no te afilio [a la seguridad social], no te reconozco todas las prestaciones legales, no te doy las vacaciones anuales”.
En la otra orilla, el reclamo común de quienes piden el cierre de fronteras es que los venezolanos los están dejando sin trabajo. El lunes 21 de enero, durante una marcha de unas cincuenta personas que llegó hasta el lugar donde ocurrió el asesinato el sábado para exigir “seguridad”, un joven con la cara cubierta con una bandera del Ecuador dijo que había que prohibir la inmigración.
Según él, los venezolanos ofrecen los mismos servicios por la mitad del precio que un ecuatoriano. “Ya no tengo trabajo”, dijo el individuo, que no quiso revelar su identidad. “Ahora hay hasta una ley que obliga a los hospitales a atender primero a los venezolanos”.
Esa ley no existe. Tampoco existe una “orden de las Naciones Unidas” para “despedir ecuatorianos y contratar venezolanos” que fue citada por otro asistente a la marcha. Y es falso que el asesino haya tenido doble nacionalidad (colombovenezolana) y que era buscado por la Interpol por asesinatos en Colombia.
La creencia popular de que la llegada de los venezolanos ha incrementado el número de delitos en el Ecuador también carece de sustento. El 92 por ciento de la población carcelaria, según el Ministerio del Interior, es ecuatoriana. La ministra Romo dijo que en 2017, de los 884 homicidios intencionales que se registraron en el Ecuador, ninguno fue cometido por venezolanos. En 2018, de los novecientos asesinatos reportados, apenas quince detenidos eran de esa nacionalidad.
Pero en el Ecuador, como en otros países de América Latina, los rumores se propagan por las redes como una epidemia. Y las declaraciones de políticos y funcionarios, que muchas veces ganan rédito político alimentando los prejuicios, fomentan su contagio.
En una entrevista radial, el secretario de Comunicación del gobierno, Andrés Michelena, repitió la reciente teoría de que Nicolás Maduro está liberando a los presos de sus cárceles en las fronteras: “Tenemos conocimiento de la estrategia de Maduro”, dijo Michelena, pero no brindó ningún dato al respecto. Este rumor, que especialistas consultados consideran inverosímil, no se sustenta en ninguna información verificada.
La mañana del lunes 21, el vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenholzner anunció que se impondría la exigencia del “pasado judicial apostillado” a los venezolanos que quieran ingresar al país. “El problema es que conseguir una apostilla en Venezuela puede tomar un año o más”, explica el abogado Alfredo López de la ACVE. Sin embargo, según ley ecuatoriana, los sudamericanos solo necesitan su documento de identidad para ingresar al país. Por lo tanto sería una medida discriminatoria, sostiene Arcentales, porque “vincula una nacionalidad a una posible criminalidad y exige documentos a los venezolanos que la ley no pide a otros sudamericanos”.
Mientras algunos mitos sirven de excusa para cubrir problemas estructurales preexistentes, el temor de los venezolanos en Ibarra, un fenómeno nuevo, se ha vuelto real. El lunes, tras el saqueo y vandalismo, ninguno se atrevió a salir a la calle. Rafael Aular dijo que no había salido a trabajar porque temía por su vida.
Muchos venezolanos se fueron de la ciudad tras el brote de xenofobia. El primer día después de que las turbas salieran a buscar venezolanos se fueron cuarenta de ellos, según Egleth Noda. “Son los que vivían en plazas y parques. De ellos, se dispersaron treinta que nunca llegaron a Quito”. Dice que no sabe dónde estén. Entre las diez personas que llegaron el lunes a la sede de Chamos Venezolanos en Ecuador, había tres mujeres embarazadas. El martes llegaron trece, incluida una niña de 4 años. Noda dice que siguen recibiendo mensajes desde Venezuela de gente que busca a sus familiares asentados en Ibarra y de los que no saben hace días.
Jesús Sánchez, uno de los hombres que vivió el saqueo y vandalismo en el conjunto residencial donde vivía, es uno de los que se marcharon de Ibarra. Dice que si no hubiera sido por unas vecinas que, a gritos, le exigieron a la policía que hiciera algo, el domingo 20 de enero la turba podría haberlos matado. Sánchez se ha ido a Quito, donde espera juntar suficiente dinero para comprar un pasaje e irse del Ecuador, aunque no a Venezuela. Unos días antes, aún en Ibarra, recordando la noche del domingo, dijo que jamás se habría imaginado que algo así hubiese sido posible: “Ibarra era una ciudad muy tranquila”.
