Las cláusulas democráticas y el aval a los regímenes autoritarios
Si el respeto a las libertades civiles y los derechos políticos estuvieran efectivamente garantizados por las cláusulas adoptadas en cinco organismos intergubernamentales regionales, entonces América Latina sería la zona más democrática del mundo.
Sin embargo, en los últimos tiempos se produjeron serios retrocesos en la región, como la instalación de dictaduras en Venezuela y Nicaragua con centenares de opositores muertos; la posibilidad de que Bolivia se convierta en una autocracia en caso de que Evo Morales se perpetúe en el poder; y la continuidad de un régimen de partido único en Cuba con una política de Estado que reprime el ejercicio de las libertades fundamentales.
Venezuela fue solamente suspendida del Mercosur el 2 de diciembre de 2016, por decisión de los estados miembros fundadores del bloque debido al incumplimiento “de las obligaciones asumidas por la República Bolivariana de Venezuela en el Protocolo de Adhesión al MERCOSUR”, cláusula democrática que se estableció en 1998.
Por su parte, el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia“, suscripto el 26 de noviembre de 2010, no se le pudo aplicar a Venezuela dado que las decisiones se adoptan por consenso y tuvo la negativa de Bolivia. La UNASUR quedó paralizada y hasta varios países anunciaron su abandono de la misma.
A su vez, frente a la continua erosión del estado de derecho y las libertades democráticas en Venezuela y Nicaragua, en el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la no activación de sus cláusulas democráticas, suscriptas en 2010 y 2011 respectivamente, se debe a que las mismas carecen de credibilidad, pues la adopción de ambas tuvo al régimen antidemocrático de Cuba como signatario, e incluso la de la CELAC se firmó irónicamente en Caracas con Hugo Chávez y Raúl Castro entre sus protagonistas.
En la última Cumbre Iberoamericana, realizada el pasado mes de noviembre en Guatemala, las situaciones de Nicaragua y Venezuela ni siquiera fueron abordadas. A su vez, el XXIV encuentro del Foro de San Pablo, realizado del 15 al 17 de julio pasado en La Habana, culminó con una declaración que incluyó un cerrado apoyo a los autoritarismos de Venezuela y Nicaragua, y a la aspiración antidemocrática de Evo Morales de perpetuarse indefinidamente en el poder. Y entre críticas a la OEA y al Grupo de Lima, la declaración del Foro de San Pablo planteó “Convertir la defensa de la CELAC en objetivo político prioritario a promover por todos nuestros partidos, movimientos sociales y populares, desde cada escuela, universidad o espacio de creación intelectual”.
Ahora, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en México y la de Jair Bolsonaro a la presidencia en Brasil, la región se vuelve políticamente más heterogénea y por lo tanto más complicada será la activación de las cláusulas democráticas.
En todo caso, la lección que deja para los gobiernos verdaderamente comprometidos con la defensa de la institucionalidad democrática, es que frente a la inacción de varios organismos regionales ante la situación en Venezuela y Nicaragua, y la continua complacencia con Cuba, es conveniente entonces concentrar su presencia, recursos y participación en aquellos que tienen mayor trayectoria y eficacia, como es el caso de la OEA y su Corte Interamericana de Derechos Humanos, y abandonar iniciativas como la CELAC, cuyo real objetivo es que las voces autoritarias prevalezcan en América Latina y por lo tanto integrarlo resulta una contradicción política.
Gabriel Salvia es Director ejecutivo del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).
