Las FARC lavaban dinero en una cadena de supermercados
Local comercial ocupado por el Ejército y la Policía Judicial en Bogotá, Colombia. EFE
Aseguraron en su momento que apenas poseían bienes y no podrían reparar a sus víctimas, pero la Fiscalía General sigue desenterrando la fortuna oculta de las FARC y su telaraña de empresas. Horas después de anunciar la incautación de una cadena de supermercados que servían de lavado de dinero sucio a la antigua banda terrorista, habitantes de distintas poblaciones saquearon en la noche del lunes varios establecimientos.
La Fiscal Jefe de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio, Andrea Malagón, había ordenado a la policía tomar posesión de 60 locales de SuperCundi y de otros bienes de los hermanos Alirio, Uriel y Edna Mora Urrea, que figuraban como propietarios. Al correr un falso rumor en Saldaña, Guamo y Melgar, entre otros pueblos del Tolima, de que liquidarían la mercancía, se fue arremolinando gente a las afueras de los supermercados hasta que, por alguna razón, decidieron asaltarlos y robar lo que encontraron.
A lo largo del martes la Policía y el Ejército rodearon todos los locales para protegerlos.
Un propietario colaboraba en los secuestros
Según la investigación, los Mora Urrea colaboraban con varios frentes de la guerrilla y visitaban los campamentos del 51, 53 y 55. Algunos estaban localizados en Cundinamarca, el departamento que rodea Bogotá, en donde realizaron decenas de secuestros. Precisamente una de las misiones de uno de los hermanos, conforme a declaraciones de desmovilizados de la guerrilla, consistía en señalar a personas para que las raptaran a fin de que las FARC luego pidieran un rescate económico, una de sus principales fuentes de ingresos.
También la Fiscalía tomó posesión de 70 cuentas bancarias, siete fincas, 15 pisos, tres chalets, siete locales comerciales y 27 vehículos. A los tres Mora Urrea les acusarán de Lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Para defenderse deberán aclarar cómo lograron un «inexplicable crecimiento económico entre el 2006 y el 2016», que disparó sus ganancias y cómo conseguían tener beneficios si sus productos los vendían a precios que suponían perder dinero.
Para la Fiscalía, en sus negocios lavaban lo que las FARC obtenían con las economías ilícitas con las que alimentaban sus arcas. Si bien ahora los detenidos irán a la cárcel, no permanecerán mucho tiempo tras las rejas. Si colaboran con la Justicia Especial para la Paz y admiten sus delitos, quedarán libres.
Aunque según lo acordado en el proceso de paz, los comandantes que no reporten la totalidad de sus bienes perderán los beneficios otorgados, hasta la fecha no ha pasado nada. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reitera que su entidad conoce propiedades que no figuran en un polémico inventario que las FARC entregó en su momento al Gobierno y en el que incluyeron cosas como escobas, exprimidores de naranja y botas.
