The Economist – Las finanzas de las FARC: Dinero poco gracioso
Un día típico en el club FARC
El gobierno colombiano quizá nunca pueda ponerle la mano a las ganancias ilícitas de la guerrilla.
Cuando el gobierno de Colombia y el grupo rebelde FARC no cumplieron con el plazo autoimpuesto del 23 de marzo para firmar un acuerdo de paz, los principales puntos de fricción fueron cómo desmovilizar a 6.500 combatientes de las FARC y cómo sería ratificado el acuerdo. Ambas partes expresaron su confianza en que un acuerdo que pone fin a su lucha de medio siglo se firmará a finales de 2016.
Una cuestión polémica que ya no está en el orden del día es el dinero. En su momento de mayor fortaleza, a finales de 1990 y principios de 2000, las FARC tenían 18.000 combatientes y un cofre de guerra rebosante de dinero en efectivo producto de la extracción de oro ilegal, extorsión, secuestro y el tráfico de drogas. Las estimaciones de los ingresos anuales de las FARC oscilan entre $ 200 millones y $ 3,5 mil millones. Desde entonces, la fortuna de las FARC se ha desvanecido, tanto en el campo de batalla como en el banco. Sus finanzas «no son lo que eran hace 15 años «, dice un funcionario del gobierno.
Sin embargo, el grupo puede haberse aferrado a gran parte de su botín. De acuerdo con un estudio no publicado por analistas del gobierno, incluso después de pagar para mantener a sus combatientes las FARC todavía tenían activos por valor de $ 10,5 mil millones en 2012. En las negociaciones de paz que han tenido lugar en La Habana el gobierno trató de obtener parte de ello para compensar a las víctimas de los crímenes de las FARC. Después de más de un año de discusiones, las FARC acordaron «contribuir a la reparación material de las víctimas», pero afirmaron asimismo que estaban en la ruina.
“El gobierno es bienvenido a hacerse cargo de nuestras cuentas bancarias en el extranjero”, dijo el principal negociador de las FARC, Iván Márquez, en una entrevista con la BBC. «Pero no tenemos ninguna.» Nadie conocido por su vinculación con las FARC (o el ELN, un grupo guerrillero más pequeño con el que el gobierno va a sostener conversaciones) se encuentra entre los 850 colombianos cuyos nombres figuran en los «Panama Papers«, documentos filtrados que revelan la riqueza oculta de miles de clientes de una firma de abogados con sede en Panamá. Márquez está, sin duda, feliz de que los principales negociadores del proceso de paz por parte del gobierno -Humberto de la Calle, que dirige las negociaciones con las FARC, y Frank Pearl, que maneja el ELN- aparecen en dichos documentos. Ambos dicen que las compañías offshore que establecieron eran legítimas, que las autoridades fiscales colombianas estaban informadas, y que ya no están activas.
Analistas financieros creen que gran parte del tesoro de las FARC, sus orígenes criminales disfrazados, se invierte el interior de Colombia, en empresas de transporte, en propiedades rurales e incluso en el mercado de valores. Alguna parte probablemente ha sido escondida en el extranjero, en Costa Rica, Venezuela y Ecuador, así como en Panamá. Agentes anti-lavado de dinero en las empresas colombianas temen que una parte de este dinero regresará al país después de que el acuerdo de paz finalmente se firme. De acuerdo con una encuesta realizada en 2015 por Lozano Consultores, una empresa de consultoría, el 61% de los funcionarios bancarios en el área de cumplimiento de las normas se sentía mal preparado para identificar y reportar dicho dinero al gobierno.
Un acuerdo de paz no va a disuadir a las autoridades de tratar de localizar los activos de las FARC. Bajo las leyes de Colombia, pueden confiscar las fortunas de las personas que misteriosamente se enriquecen, hasta que puedan justificar su riqueza. Pero es poco probable que los investigadores encuentren mucho. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen calcula que, a nivel mundial, los gobiernos detectan sólo 20 centavos por cada $ 100 de dinero lavado. Es una pena. El costo de implementar cualquier acuerdo de paz, que incluye el pago para el desminado y para la infraestructura, es probable que esté entre $15 mil millones- $30 mil millones de dólares en un periodo diez años. La fortuna oculta de las FARC podría pagar una gran parte de ello.
Traducción: Marcos Villasmil
——————————-
The FARC’s finances: Unfunny money
The government may never get its hands on the guerrillas’ ill-gotten gains
WHEN Colombia’s government and the FARC rebel group missed their self-imposed deadline of March 23rd to sign a peace agreement, the main sticking points were how to demobilise the FARC’s 6,500 fighters and how the deal would be ratified. Both sides expressed confidence that an agreement ending their half-century fight will be signed by the end of 2016.
One contentious issue no longer on the agenda is money. At its strongest, in the late 1990s and early 2000s, the FARC had 18,000 fighters and a war chest brimming with cash from illegal gold-mining, extortion, kidnapping and the drug trade. Estimates of the FARC’s annual income at the time range from $200m to $3.5 billion. Since then the FARC’s fortunes have faded, both on the battlefield and at the bank. Its finances “aren’t what they were 15 years ago”, says a government official.
But the group may have held on to much of its loot. According to an unpublished study by government analysts, even after paying to maintain its fighters the FARC still had assets worth 33 trillion pesos ($10.5 billion) in 2012. In the peace negotiations taking place in Havana the government tried to extract some of this to compensate victims of the FARC’s crimes. After more than a year of wrangling, the FARC agreed to “contribute to the material reparation of the victims” but said it was broke.
The government is welcome to take over its offshore bank accounts, said the FARC’s top negotiator, Iván Márquez, in an interview with the BBC. “But we don’t have any.” No one known to be connected with the FARC (or the ELN, a smaller guerrilla force with which the government will hold talks) is among the 850 Colombians whose names appear in the “Panama papers”, leaked documents that reveal the hidden wealth of thousands of clients of a Panama-based law firm (see article). Mr Márquez is no doubt delighted that the government’s top peace negotiators—Humberto de la Calle, who leads talks with the FARC, and Frank Pearl, who handles the ELN—do appear in the document haul. Both say the offshore companies they established were legitimate, had been reported to the Colombian tax authorities and are no longer active.
Financial analysts think that much of the FARC’s hoard, its criminal origins disguised, is invested inside Colombia, in transport companies, rural property and even the stockmarket. Some has probably been stashed abroad, in Costa Rica, Venezuela and Ecuador, as well as in Panama. Anti-money-laundering officers at Colombian companies fear that a share of this money will come back into the country after the peace accord is finally signed. According to a survey conducted in 2015 by Lozano Consultores, a consulting firm, 61% of banks’ compliance officers felt ill-prepared to identify and report such cash to the government.
A peace agreement will not deter the authorities from trying to track down the FARC’s assets. Under Colombian law, they can seize the fortunes of people who mysteriously become rich until they can account for their wealth. But investigators are unlikely to find much. Worldwide, governments detect just 20 cents of every $100 of laundered money, estimates the UN Office on Drugs and Crime. That is a pity. The cost of implementing any peace accord, which includes paying for demining and infrastructure, is likely to be $15 billion-30 billion over ten years. The FARC’s hidden fortune might pay for a big chunk of that.
