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Las políticas de Sánchez espantan a los inversores extranjeros

El primer trimestre cerró con un flujo de 3.056 millones, un 10,5% menos que en 2020 y un 59% por debajo de 2019

El atractivo internacional de España pierde fuelle en paralelo a la crisis económica, el deterioro internacional y la batalla política que vive nuestro país con un Gobierno partido en dos. A las cautelas que tienen los inversores por el Covid se suman múltiples factores, que en este caso restan, como la tibieza con el independentismo, la incertidumbre generada con el amago de derogar la reforma laboral, las políticas intervencionistas en vivienda o los elevados impuestos. ¿Cómo habrá justificado Pedro Sánchez ante los inversores de Estados Unidos sus políticas y que España será el primer país europeo que impondrá una tasa Google?, se pregunta un alto directivo en declaraciones a ABC.

Esta ha sido la carta de presentación con la

que el presidente ha ‘vendido’ España a los grandes fondos y tecnológicas estadounidenses en su viaje al otro lado del charco trazado por el destituido Iván Redondo. ¿El reclamo? 140.000 millones en fondos europeos, una inyección de inversiones públicas para las que el jefe del Ejecutivo busca socios privados para trazar proyectos de innovación, tecnología y economía verde.

En su gira, Sánchez ha garantizado a los inversores «estabilidad» y «certidumbre», dos garantías que los empresarios echan mucho en falta hoy en España y que, junto a la seguridad jurídica, son determinantes para atraer capital que impulse la recuperación. La realidad hoy es que los fondos que llegan del exterior han perdido fuelle desde 2018, año que estuvo marcado por la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en junio. La estadística del Ministerio de Industria refleja que la inversión productiva extranjera (descontadas las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros) no se recupera desde su abrupta caída en 2019, el primer año completo de Sánchez gobernando en España. Desde entonces los números han ido menguando. En 2020, con una economía paralizada, los flujos hacia nuestro país apenas crecieron un 0,8% y si lo que se analiza es el comienzo de este ejercicio, las cosas no mejoran. En el primer trimestre, últimos disponibles, la inversión extranjera bruta fue de 3.056 millones, un 10,5% menos y casi un 60% por debajo de los captados en el mismo periodo de 2019. España, por tanto, no ha recuperado los niveles de inversión que había en el primer trimestre de 2020.

Cautelas y riesgos

«El inversor extranjero es ahora muy cauto por las condiciones, pero observa algunas circunstancias españolas que no le gustan», relata José Ramón Pin, profesor del IESE Business School. Cita un buen puñado de motivos, entre ellos la contrarreforma laboral, «que haría más rígido el mercado laboral»; el aumento del esfuerzo fiscal y la «fijación» de gravar más a las grandes empresas y patrimonios; el crecimiento de la deuda pública (125% del PIB), con amenazas de inflación que dificultarán el equilibrio fiscal al subir los tipos; el ataque a la propiedad inmobiliaria y a los arrendatarios, «con una política de vivienda contraria a la propiedad»; el conato de subir el SMI con un paro superior al 16%; una reforma contra la universidad privada y la educación concertada, la debilidad del Estado con los independentistas catalanes… «Todo ello crea una sensación de incertidumbre que disuade la inversión. Solo en regiones en las que se nota un empeño político en revertir estas medidas, como en la Comunidad de Madrid, el inversor se atreve a arriesgarse», apunta.

La estadística coloca, año tras año, a Madrid a la cabeza del crecimiento y de la riqueza nacional y como principal receptora de las inversiones internacionales. En 2020 captó el 75% de los fondos que llegaron a España y en el primer trimestre de 2021 el 60%. ¿Dónde está el secreto? Durante los últimos 25 años esta autonomía ha aplicado las políticas más liberales y menos intervencionistas de toda la geografía y los madrileños son los ciudadanos españoles que pagan menos impuestos. La combinación de estas políticas ha consolidado a la región como locomotora que tira de España y ello ha sido objeto de críticas. La armonización fiscal entre comunidades que pretende Pedro Sánchez, alentado por las patronales catalanas y regiones socialistas, y las acusaciones de ‘dumping fiscal’ contra la región han vuelto a resurgir esta semana después de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, pidiera un impuesto para las rentas más altas en Madrid, lo que provocó la reacción inmediata de los empresarios. «Solo pretende ocultar su enorme fracaso», dijo CEIM tras respaldar, al igual que CEOE, la política de bajos impuestos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. «Los dirigentes incompetentes no tienen que cargar las culpas sobre los que lo hacen bien», afirmó el portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.

ABC
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«Tienen obsesión con Madrid», explica a ABC el presidente de CEIM, Miguel Garrido. Reconoce que la autonomía se beneficia del ‘efecto sede’, pero son otro muchos los motivos que argumenta para justificar que sea receptora, de forma reiterada, del grueso de las inversiones extranjeras. «Ofrece estabilidad y seguridad jurídica y un modelo fiscal sostenido en el tiempo que es determinante para las empresas», dice el presidente de la patronal madrileña. Cita también una fuerza laboral muy preparada, infraestructuras punteras como el aeropuerto de Barajas, la reducción de la burocracia para las empresas, el idioma y la calidad de vida. Al hablar de impuestos, Garrido recuerda que todas las regiones «tienen las mismas herramientas» y que cada una hace el uso legítimo que le conviene. Por ello, anima «a los que buscan acabar con el modelo de Madrid a que se libren de corsés ideológicos y apliquen las mismas políticas».

Para el presidente de la patronal logística (UNO), Francisco Aranda, «desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia ha generado un permanente clima de desconfianza en el mundo empresarial, que es la receta más eficaz para frenar en seco inversiones, tanto las provenientes de Nueva York como la de un pequeño comerciante de cualquier pueblo de España».

Actitud hostil

Relata que durante la pandemia, el Gobierno ha mantenido una actitud hostil hacia las empresas. «Es el único país de Europa -dice- que no ha mitigado la carga fiscal y que no ha ofrecido compensaciones a las empresas tras decretar el cierre de sus actividades vía BOE». Añade Aranda que los continuos anuncios de Yolanda Díaz de «volver a modelos laborales del siglo pasado están provocando la suspensión de inversiones porque generan terror a contratar. Desconfianza, incertidumbre e intervencionismo son incompatibles con generación de riqueza y empleo», afirma.

«Es sorprendente que el presidente visite empresas de Silicon Valley tras ser el primero en Europa en implantar la tasa Google, cuya consecuencia fue descartar España para poner en marcha un centro de investigación con 1.300 empleados que se llevó Portugal. Es como si un pirómano invitara a sembrar árboles. Ignoro qué le responde Sánchez a los empresarios americanos cuando le preguntan si implantará un modelo de relaciones laborales más rígido, por qué no permite mecanismos de flexiseguridad como en el resto de Europa, y si es verdad que eliminará la contratación temporal», concluye.

 

 

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